El fallo a favor del Estado peruano, resuelto por el Tribunal Arbitral Internacional encargado del caso La Oroya permitirá buscar una solución para la población de dicha localidad de la región Junín, sostuvo hoy el mandatario Ollanta Humala Tasso.

“Me parece que es importante porque el gobierno lo que ha hecho es defender los intereses nacionales, y esperemos que con este fallo podamos buscar una solución al tema de Doe Run y al tema que requiera la población de La Oroya”, indicó.

El jefe del Estado consideró importante también tener razonabilidad respecto a los Estándares de Calidad Ambiental (ECA).

“Muchas veces hemos puesto ECA que están por encima del primer mundo y creo que el Perú no debe moverse hacia extremos sino debe ser razonable tomando en cuenta que, nos guste o no, Perú es país minero y necesitamos, para mirar al futuro, diversificar la economía para no depender de actividades primarias, como la minería”, añadió.

Humala Tasso brindó estas declaraciones a la prensa tras participar en la ceremonia de presentación de la denominada «Torre de la Esperanza» que se construirá en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), en San Borja.

TRIBUNAL ARBITRAL INTERNACIONAL

En la víspera se dio a conocer el fallo, luego del proceso arbitral iniciado en el 2011 por The Renco Group Inc. contra el Estado peruano por las medidas de remediación ambiental en el complejo metalúrgico de La Oroya. 

The Renco Group Inc. (Renco), es una compañía de Estados Unidos que comenzó un proceso arbitral al amparo del APC contra el Perú. El proceso arbitral es administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial.

La controversia se relaciona a las operaciones y medidas de remediación ambiental en el complejo metalúrgico de La Oroya - Perú, que Renco adquirió a través de su filial peruana Doe Run Perú S.R.LTDA, mediante un proceso de privatización ocurrido en el año 1997. 

El arbitraje procedió en paralelo con el proceso concursal de Doe Run Perú, así como distintas reclamaciones relacionadas a las condiciones ambientales de La Oroya.

El Tribunal concluyó unánimemente que Renco incumplió el APC y que “las reclamaciones de Renco deben ser desestimadas por falta de jurisdicción”.  

/P.A.G./