El Ministerio de Energía y Minas (MEM) ratificó que en el segundo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María, quedaron levantadas adecuadamente cada una de las observaciones formuladas por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio de Proyectos (Unops) al primer análisis.

Dichas observaciones advertían los posibles riesgos de contaminación como resultado de la ejecución del proyecto minero a cargo de la empresa Southern y que prevé producir 120 000 toneladas métricas de cobre

De acuerdo al MEM, el segundo estudio concluye que el proyecto minero no empleará agua dulce para sus actividades. 

Por el contrario, empleará agua de mar desalinizada en su etapa de explotación.

Asimismo, detalla que durante la etapa de explotación, la minera empleará agua de mar procesada de una planta desalinizadora.

Dicha planta, una vez empleada el agua, devolverá la salmuera al mar a través de una tubería que desemboca a 850 metros más adentro y a 30 metros de profundidad.

Los técnicos del equipo multidisciplinario del MEM, compuesto por ingenieros ambientalistas, biólogos, químicos, hidrogeólogos, agrícolas, abogados, entre otros especialistas, enfatizaron que no existen conexiones directas de agua entre el proyecto minero y el agua consumida en el Valle del Tambo, proveniente de río Tambo, que proviene de los andes.

Respecto al riesgo de contaminación a causa del polvo levantado por la minera y que podría afectar a la agricultura de la zona, el segundo EIA señala que la empresa implementará un plan de voladuras que maximice su eficiencia, minimizando la carga explosiva.

En ese marco, el MEM manifestó que las voladuras se harán solo en los turno de día, teniendo en cuenta que la dirección predominante del viento es en dirección contraria al valle.

Además, el MEM consideró importante resaltar que entidades como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio del Ambiente, supervisarán el cumplimiento de las normas ambientales de este proyecto.

Tía María, ubicado en la provincia de Islay, región Arequipa, prevé una inversión aproximada de US$ 1 400 millones.

Un sector de la población de esta región del país impulsa un paro indefinido en contra de la ejecución de este proyecto, al cual consideran peligroso para el ecosistema de la zona, así como potencialmente perjudicial para las actividades económicas más importantes como la agricultura y la ganadería.

El gobierno del presidente Ollanta Humala ha ratificado su vocación de diálogo con este sector de la población a fin de alcanzar un acuerdo pacífico que garantice el desarrollo y la paz social.

/CCH/ Andina