El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) reiteró su compromiso de protección a los derechos y libertades fundamentales, incluido el derecho a la protesta pacífica, diferenciado estos de aquellos actos violentos orientados a afectar el orden constitucional y el estado de derecho.

El ente ministerial realiza esta precisión a raíz de un informe emitido por la organización Amnistía Internacional sobre la compleja situación política y social que atraviesa nuestro país.

A través de un comunicado de prensa, el Gobierno peruano manifestó su apreció por el diálogo abierto entre dicha organización y la presidenta de la República, Dina Boluarte, el pasado 15 de febrero.

“El gobierno peruano lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas ocurrida en el marco de las protestas y actos vandálicos sucedidos con posterioridad al 7 de diciembre de 2022, sin embargo, es categórico al afirmar que en el Perú no existe una política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos ni lo que han denominado un “racismo sistémico” en el actuar de las distintas autoridades”, señala el comunicado.

Asimismo, señaló que el Ejecutivo brinda todas las facilidades para el desarrollo de las investigaciones correspondientes por parte del Ministerio Público. Y, en paralelo, el MINJUSDH, a través de la Comisión Multisectorial realiza seguimiento a los deudos de las personas fallecidas y de las personas que sufrieron lesiones graves durante las movilizaciones.

En la comisión participan invitados representantes de la Defensoría del Pueblo, de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en el Perú y del Consejo Interreligioso del Perú. Como primer logro se entregará un apoyo solidario de S/. 50,000 soles por cada persona fallecida, y S/. 25,000 soles a los heridos de gravedad, civiles y policías que hayan quedado con alguna secuela, en el contexto de las movilizaciones realizadas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

Asimismo, se identifican las necesidades de estas personas en temas de salud física y mental, educación, vivienda, agrarios, entre otros para poder brindarles atención integral.

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