Control concurrente disminuye costos de inversiones públicas en 5.5%
La subgerente del Observatorio Anticorrupción de la Contraloría General de la República, Jeniffer Pérez, sostuvo que el costo actualizado promedio de las inversiones con control concurrente disminuyó en 5.5% promedio anual, mientras que las inversiones sin ningún servicio de control aumentaron en más de 6%.
“Ello demuestra que el control concurrente, además de procurar que las inversiones públicas se concreten de manera efectiva, promueve un ahorro de recursos y el correcto uso de los fondos públicos”, declaró a la Agencia Andina.
En ese sentido, subrayó que la inversión pública es uno de los principales motores para el desarrollo económico y social del país.
“Llegan a tener un impacto positivo en la productividad y competitividad de los agentes económicos, así como en el incremento de los niveles de cobertura y calidad de los servicios públicos para mejorar las condiciones de vida de la población”, enfatizó.
Precisó que en el caso del control concurrente el tema no necesariamente o únicamente está vinculado a corregir temas de corrupción. “También está orientado a promover la eficiencia y la optimización de los recursos públicos”, dijo.
En ese sentido, comentó que las pérdidas por estos temas llegaron a representar 2.4% del producto bruto interno (PBI) en el 2023, mientras que en el 2022 estaba en 2.6%. “Hasta hace tres años estábamos en 3.1% del PBI”, aseveró.
La funcionaria comentó que, debido al papel relevante de las inversiones públicas, la Contraloría General, en el marco de sus competencias, ha venido efectuando una serie de servicios de control identificando, entre otras cosas, una problemática en el sistema de inversión pública en materia de eficiencia, eficacia y de riesgos de corrupción.
Refirió que el control concurrente surgió a finales del 2017. “Busca hacer un acompañamiento mientras se está ejecutando una inversión para advertir los riesgos a fin de prevenirlos, o que se puedan corregir antes que terminen generando un efecto perjudicial”, sostuvo.
Pérez refirió que desde el 2017 se han realizado más de 10,000 controles concurrentes, lo cual involucró a 3,300 inversiones públicas. “Para el estudio que elaboramos utilizamos 1,900 casos en que se efectuó el control concurrente desde el inicio”, anotó.
En esos casos se determinó que hubo una reducción en los sobrecostos que usualmente se esperarían para estos proyectos de no haberse ejercicio ningún control.
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