Diversos gremios empresariales expresaron su rechazo a la derogatoria del Decreto Legislativo 1607, por parte del Congreso de la República, el cual establecía un freno a la minería ilegal y buscaba fortalecer el proceso de formalización.

En ese sentido, solicitaron al Poder Ejecutivo que observa la norma, porque favorece a la minería ilegal. 

Los principales gremios empresariales del país, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la Sociedad de Comercio Exterior (ComexPerú), la Asociación de Gremios Productores Agrarios (AGAP), la Asociación de Exportadores (ADEX), el Instituto de Ingenieros de Minas (IIMP) y la Confederación de Empresas Comunales, expresaron su rechazo a la decisión del Congreso de derogar el DL 1607.

El DL 1607 contemplaba medidas para frenar el avance del crimen organizado asociado a la minería ilegal en el país.

“Lamentamos que la medida adoptada por el Parlamento represente un retroceso en la lucha contra la que es hoy la primera economía criminal en el Perú, que es la minería ilegal, superando al narcotráfico”, afirmaron. 

Asimismo, señalaron que al derogarse la disposición el DL 1607, se limita el accionar de la Policía Nacional para controlar el tráfico de explosivos que la minería ilegal usa, no solo para robar mineral, sino para desviarlos hacia otras actividades ilegales que afectan la seguridad nacional. 

En ese contexto, expresaron que, al eliminarse esta disposición, se prolonga el incentivo para realizar invasiones de terrenos que están concesionados a terceros por el Estado peruano, creando un clima de inestabilidad jurídica que desincentiva las inversiones.

Esto debido a que se elimina el plazo perentorio de 90 días que se dio para que los informales presenten los acuerdos suscritos con las concesiones mineras que han invadido.

Los gremios empresariales, manifestaron que es necesario revisar y fortalecer el proceso de formalización de la pequeña minería, pero para ello se debe separar “la paja del trigo”. 

“Una cosa es minería a pequeña escala o artesanal -sea formal o informal- y otra es la minería ilegal, que es criminal y actúa de la mano con otras organizaciones delictivas”, precisaron. 

De otro lado, alertaron que el gran problema es que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfor), como está estructurado, sirve para encubrir la libre operación de los mineros ilegales, usando explosivos y armas de guerra, violando los derechos humanos, devastando los ecosistemas y robándole importantes recursos económicos al país.

A su vez, subrayaron que la medida aprobada por el Poder Legislativo va en contra de la economía formal; y de la seguridad y bienestar de todos los peruanos que día a día están a merced de las organizaciones criminales que ahora actúan con impunidad en el territorio nacional.

Finalmente, los gremios exhortaron  a unir fuerzas para luchar contra la criminalidad que viene afectando a todos los peruanos, con medidas que permitan acabar con la impunidad con la que actúan las actividades criminales, entre ellas la minería ilegal.

Impactos de la minería ilegal

Por su parte, el vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP); Darío Zegarra, expresó su preocupación por la derogación en el Congreso del DL 1067.

“Los impactos que genera la minería ilegal en el país nos afectan a todos. El 39 % del oro que exportamos proviene de la minería ilegal y en esa ruta se deja de pagar impuestos que podrían servir para reducir las brechas sociales. También representa una pérdida del 2.5 % del PBI”, explicó.

En ese sentido, indicó que el proceso de formalización que tiene como principal herramienta el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), en el cual más del 83% de inscritos están en condición de suspendidos. 

Refirió que han transcurrido más de ocho años desde que se creó ese mecanismo, y a la fecha, no se han cumplido los requisitos para que estos mineros sean formales, entre ellos, la presentación de instrumento que establece las medidas de cuidado ambiental.

“El Reinfo se ha convertido en una herramienta para encubrir la ilegalidad, otorga a los inscritos la exención de responsabilidad. Es decir, que no pueden ser procesados por el delito de minería ilegal y la criminalidad asociada, solo por el hecho de estar en el registro y estar suspendido. Si queremos darles a nuestros hijos un país seguro y que permita el desarrollo de las personas, nuestras autoridades no pueden darle la espalda a la lucha contra la criminalidad”, aseveró.

Por su parte, la vicepresidenta de Confiep, Leonie Roca indicó que como gremios esperan que ahora el Poder Ejecutivo rectifique y observe la norma que quita facultades a los agentes policiales para intervenir y tomar acciones frente a la tenencia ilegal de materiales explosivos, insumo esencial para el desarrollo de la minería ilegal. 

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