El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) determinará el próximo lunes 24 de junio el establecimiento pernitenciario al que será trasladado Alejandro Sánchez Sánchez, procesado por el caso Asesores en la Sombra.

Según informó el Inpe, el día anterior a las 17:50 horas, Sánchez fue puesto a disposición de dicho organismo. "Será clasificado el día lunes (24 de junio) y posteriormente trasladado al establecimiento penitenciario que corresponda", indicó la entidad encargada de las cárceles en el país.

Alejandro Sánchez, propietario de la casa del jirón Sarratea, llegó al Perú el pasado jueves 20 de junio tras ser deportado desde los Estados Unidos. La deportación se realizó para que continúe la investigación en el país por el caso denominado Asesores en la Sombra.

Sánchez Sánchez arribó al Grupo Aéreo N.° 8 en un vuelo chárter junto con 150 deportados de Estados Unidos. Estaba prófugo de la justicia peruana desde octubre de 2022, después de que el Poder Judicial ordenara su detención preliminar por un plazo de 30 meses, en el marco de las investigaciones por presunto delito de organización criminal.

Fue detenido en Estados Unidos por la policiía de Migraciones cuando intentaba cruzar la frontera de manera irregular. El Gobierno de Estados Unidos rechazó su pedido de asilo y dispuso su expulsión, una vez agotados todos los procedimientos presentados por su defensa.

Al llegar a suelo peruano, Sánchez Sánchez fue trasladado a la sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, en el Cercado de Lima, donde se le realizó el reconocimiento médico legal correspondiente.

La fiscalía atribuye a Sánchez Sánchez ser parte de uan presunta organización criminal liderada por Pedro Castillo, que incluiría a exministros como Geiner Alvarado y Juan Silva, así como a Abel Cabrera, José Medina, Salatiel Marrufo, Biberto Castillo, entre otros.

Según el MInisterio Público, Alejandro Sánchez tenía el rol de financista y coordinario de la organización, encargada de negociar con alcaldes y empresarios obras públicas de saneamiento incluidas en un decreto de urgencia.

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