En enérgica acción en defensa del bienestar y seguridad de los niños en las escuelas públicas del país, el Ministerio de Educación (Minedu) ha desarrollado un sistema de operatividad que permite el bloqueo inmediato a nivel nacional de personas sentenciadas por 17 delitos, entre ellos, violación, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, proxenetismo, señalados en la Ley 29988 y el Decreto de urgencia 019-2019.

“Gracias a esta labor, que es una decisión política de la presidenta Dina Boluarte, es que hemos detectado 297 condenados por diferentes delitos que habían vuelto a trabajar en diversos colegios, porque había un bloqueo por falta de coordinación  y equipos que permitan la operatividad a nivel nacional. La decisión del gobierno es proteger a nuestros escolares y ahora hemos confirmado que son 2,612 los separados del sistema educativo que nunca más volverán a las aulas”, afirmó la ministra de Educación, Magnet Márquez.

Durante la firma del compromiso “Tolerancia cero a criminales en nuestras escuelas” entre el Minedu y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), representado por su  presidenta ejecutiva, Ana Pari Morales, la ministra explicó que el registro de  condenados que no pueden regresar a laborar en los centros educativos no estaba actualizado y ahora se está coordinando a nivel nacional, en base a una mejor interconexión tecnológica con el Poder Judicial, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Servir.

“Ahora hemos logrado, con Servir y el MEF, bloquear de forma definitiva en la planilla de recursos humanos del sector público a los 2,612 condenados, lo que es un muy importante para generar entornos educativos seguros para nuestros estudiantes”, precisó la ministra.

De esos 2,612 condenados, el mayor número es por violación de la libertad sexual con 1,833 condenados, 509 por tráfico de drogas, 81 por terrorismo y apología del terrorismo, 78 por homicidio doloso, 37 por proxenetismo, 26 por secuestro, 12 por parricidio y 11 por secuestro extorsivo, entre otros delitos.

Márquez precisó que la ley es clara para los condenados por dichos delitos, porque el Tribunal Constitucional ratificó en el expediente 2120-2021-AA-TC que no pueden volver a los colegios, sin que se afecte que puedan desarrollarse en otras actividades, “porque se prioriza el bienestar y seguridad del menor sobre cualquier otro derecho de los rehabilitados”.

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