Con 121 votos a favor, cero en contra y 5 abstenciones, el pleno del Congreso de la República aprobó por insistencia el dictamen que sanciona el acaparamiento, especulación y adulteración durante el Estado de Emergencia Nacional declarado para contener la pandemia del nuevo coronavirus (covid-19).

El documento legislativo, aprobado esta tarde, dispone sancionar con una pena de cárcel de dos a seis años al que abusa de su posición dominante en el mercado o el que participa en prácticas y acuerdos restrictivos en la actividad productiva, mercantil o de servicios con el objeto de impedir la libre competencia.

Además, en el caso del acaparamiento, la norma dispone sancionar con una pena no mayor de cuatro ni menor de seis años al que provoca escasez o desabastecimiento de bienes y servicios esenciales para la vida y la salud de las personas con la sustracción a fin de alterar los precios habituales en su beneficio y para perjudicar a los consumidores. 

El dictamen señala además que se sancionará con una pena no menor de dos ni mayor de seis para el productor, fabricante, proveedor o comerciante que incremente los precios de bienes y servicios habituales esenciales para la vida y la salud de las personas usando prácticas ilícitas que no se sustenten en una real estructura de costos. La pena será de cuatro a ocho años de cárcel si se comete el delito en estado de emergencia.

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