La resolución legislativa que pedía la inhabilitación por 10 años en el ejercicio de la función pública a la congresista María Cordero Jon Tay por la denuncia del posible recorte de sueldo a un trabajador a su cargo, obtuvo 51 votos a favor, 6 en contra y 24 abstenciones. Se requería 67 votos a favor.

Por lo tanto, no prosperó la inhabilitación de la parlamentaria Jon Tay. 

De otro lado, otra resolución legislativa que recomendaba haber lugar a la formación de causa penal contra la legisladora por la presunta comisión del delito de concusión no fue aprobada, alcanzando 48 votos a favor, 6 en contra y 24 abstenciones. Se requerían 51 votos a favor para su aprobación. 

La congresista Susel Paredes (CD-JP), ponente del informe de la denuncia constitucional, sostuvo que Cordero habría infringido varios artículos de la Constitución en la denuncia formulada por Rafael Aurelio Cabrejos Vela, trabajador a su cargo, quien la acusó de haberle recortado entre el 50% y 70% de su sueldo entre el 2022 y 2023.

Asimismo, dijo que los hechos denunciados, cuya verosimilitud se han acreditado, constituyen presunto delito de concusión, el mismo que habría sido cometido por la suspendida legisladora en su condición de funcionaria pública y parlamentaria, en complicidad con su asesor.

Durante el debate de esta denuncia constitucional, los congresistas Edwin Martínez (no agrupado) y José María Balcázar (PB) se pronunciaron en contra de la sanción a la referida parlamentaria, argumentando que corresponde al Ministerio Público continuar con las investigaciones para esclarecer esta denuncia.

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