Presentan proyecto de ley que busca tipificar como delito contra la salud pública el acto de inducir a otras personas a no recibir las vacunas obligatorias.

La iniciativa fue presentada por la congresista Susel Paredes, que plantea penas privativas de libertad de entre cinco y seis años para quienes, deliberadamente, instiguen o induzcan a otros a no cumplir con la vacunación obligatoria establecida por las autoridades. Asimismo, esta sanción aplicará a quienes promuevan la negativa a vacunar a menores o dependientes bajo su responsabilidad.  

El proyecto también considera un agravamiento de las penas en ciertos casos. Según el texto, la pena será de cinco a siete años de cárcel si la instigación se realiza a través de medios de comunicación masiva, redes sociales o plataformas digitales.

Además, se establecerá una sanción de seis a ocho años de prisión si el acto de instigación genera un brote de enfermedad que ponga en riesgo la vida y salud de un número significativo de personas.  

En la exposición de motivos, se argumenta que esta propuesta busca proteger a la población ante la reaparición de enfermedades prevenibles como la poliomielitis y el sarampión, resaltando la importancia de la vacunación oportuna para garantizar la salud pública.

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