La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó, de manera unánime, admitir a trámite la denuncia constitucional presentada por el fiscal de la nación, Juan Carlos Villena, contra el exministro de Salud, Jorge López Peña.

La acusación contra el exministro es por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito agravado, debido a los indicios razonables de aumento injustificado de sus ingresos mientras estuvo a cargo de ese portafolio.

Según el informe de calificación, aprobado con 20 votos, existiría un desequilibrio en el patrimonio financiero de López Peña y un incremento patrimonial no justificado cuando desempeñaba la función de ministro durante el período comprendido entre el 7 de abril y el 28 de octubre de 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo.

La secretaría técnica de la comisión, presidida por la congresista María Acuña Peralta (APP), indica que las investigaciones preliminares del Ministerio Público, en base a la documentación financiera y contable, evidenció que el denunciado habría recibido 100 mil soles de fuentes desconocidas, que hacen presumir un delito de abuso de cargo.

Asimismo, la subcomisión declaró improcedente con 18 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención, la denuncia constitucional presentada por Marcial Agüero Aparicio contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por la presunta infracción de la Constitución y la presunta comisión de los delitos de organización criminal, encubrimiento personal y encubrimiento real.

El informe de calificación sostuvo que no se cumplieron con los criterios establecidos, entre ellos, que el denunciante no es el directamente afectado.

Similar fue la decisión en el caso de la denuncia contra la excongresista Maritza García Jiménez, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. La razón de su improcedencia se debió al cese del cargo de la exparlamentaria por más de cinco años, en que cesa también la prerrogativa funcional del antejuicio político.

Delegaciones

Por otro lado, la presidenta de la comisión propuso a algunos congresistas la delegación del estudio de varias denuncias constitucionales.

La denuncia contra la expresidenta del Congreso, Mirtha Vásquez Chuquilín, formulada por los excongresistas César Gonzales Tuanama y Manuel Merino de Lama, por presunta violación de la Constitución, delitos de negociación incompatible y otros, fue encargado al legislador Diego Bazán Calderón (RP).

El congresista Víctor Flores Ruiz (FP) será delegado la denuncia formulada por el ciudadano José Benel Alvarado Rojas, contra la legisladora, Heydi Lisbeth Juárez Calle (PP), por la presunta comisión del delito de concusión.

A la congresista Martha Moyano Delgado (FP) le delegaron la denuncia por la exfiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas, contra los parlamentarios Raúl Doroteo (AP), Elvis Vergara (AP), Jorge Flores (PP) y Darwin Espinoza (PP), por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado.

Finalmente, la congresista Patricia Chirinos Venegas (Avanza País) será delegada de las denuncias formuladas por los congresistas Jorge Montoya (HyD), José Cueto (HyD) y Roberto Chiabra (APP), contra el parlamentario Jorge Flores (PP); por la presunta infracción de la Constitución y la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, concusión y enriquecimiento ilícito.

Antes, Acuña Peralta dio cuenta del ingreso de cuatro denuncias constitucionales que refieren como denunciados al excongresista Héctor Becerril; al exministro del Interior, Carlos Morán; el exalcalde de la Municipalidad de San Miguel, excongresista y exministro Salvador Heresi; y los excongresistas César Segura y Mario Mantilla.

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