A pocos días de que 25 millones de ciudadanos y ciudadanas acudan a las urnas para elegir al presidente de la República, a los congresistas y los parlamentarios andinos, la Defensoría del Pueblo destaca los esfuerzos realizados por las entidades del sistema electoral, para llegar al día de la votación en las mejores condiciones sanitarias, organizativas, informativas y de seguridad para los electores.

No obstante, el órgano constitucional promotor de los derechos humanos, reitera se debe poner atención en algunos aspectos, oportunamente señalados y aún no considerados del proceso electoral. Estos son:

1. Las personas adultas mayores y con comorbilidades que acudan en las primeras dos horas del horario de votación no deberán ser llamados a integrar las mesas de votación que no tengan sus miembros completos. En ese sentido, la ONPE deberá tomar medidas para evitar el retraso en la instalación de las mesas y la larga espera de los adultos mayores en las filas.

2. Los cambios de locales de votación han sido numerosos. Se requiere una campaña muy intensa en los medios de comunicación a fin de que la ciudadanía tome conocimiento de las nuevas direcciones, y de los medios para llegar hasta estos lugares.

3. Los pueblos indígenas, especialmente de la Amazonía, deben ser protegidos de posibles contagios dada su particular vulnerabilidad. El personal de las entidades del sistema electoral, de la Policía Nacional (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA), deben ceñirse a un protocolo de interacción con enfoque intercultural.

4. Se requiere un plan de transporte seguro para el día de la votación, incluido el fluvial, más aún cuando se han producido cambios en los locales de votación de millones de electores.

5. El proceso electoral en el Valle del Río Ene, Apurímac y Mantaro (VRAEM) requiere de una atención especial en vista de la presencia de elementos terroristas que pueden atentar contra el personal del estado y contra los ciudadanos.

6. En algunas regiones del país, se están produciendo desastres naturales (lluvias, crecida de ríos, friajes, etc.) que pueden complicar el desarrollo del proceso electoral. Corresponde tomar las previsiones para garantizar el desplazamiento de los electores y su seguridad.

7. Pese a que el estado de emergencia decretado prohíbe todo tipo de desfiles y reuniones que impliquen concentración o aglomeración de personas, se ha identificado casos de candidatas y candidatos que vienen incumpliendo las medidas de seguridad y prevención del covid-19. Resulta necesario que la Policía Nacional refuerce las acciones de fiscalización para evitar que este tipo de actos se produzcan, más aún cuando las cifras de contagio son muy altas, y las organizaciones políticas ingresan al cierre de sus campañas electorales.

La Defensoría del Pueblo supervisará el proceso electoral a través de sus 38 oficinas a nivel nacional para cautelar que los derechos políticos de los electores sean respetados y que las entidades del sistema electoral y otras como la PNP, las FFAA, o el Ministerio Público, cumplan con sus deberes de función.

/RH/NDP/