La Defensoría del Pueblo rechazó el dictamen aprobado en el pleno del Congreso que modifica la Ley de Migraciones al considerar que transfiere tareas de fiscalización a arrendatarias sin conocimiento de procedimientos de regularización migratoria y documentos de identificación.

Señala que limita de manera arbitraria el ingreso y tránsito de personas extranjeras en el país y, además, advierte que la norma promueve que los arrendadores de inmuebles exijan acreditación de situación migratoria para hospedarlas.

La Defensoría del Pueblo sostiene que la inseguridad ciudadana no debe ser asociada a la migración en el país. 

Considera que afectar el derecho al acceso de una vivienda adecuada de personas extranjeras en el país.

En ese sentido, solicita al Poder Ejecutivo observar en su oportunidad la autógrafa de este proyecto de ley ya que su promulgación vulneraría los derechos fundamentales de las/los refugiadas/os y migrantes en el Perú.

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