El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola, ratificó la posición del Poder Ejecutivo en defensa de la independencia de los organismos constitucionalmente autónomos.

"El Gobierno desde el comienzo manifestó su posición clara de defensa de la independencia de los organismos constitucionalmente autónomos. En la Constitución existe una constelación de órganos que tienen funciones específicas y de rango constitucional", declaró Otárola sobre el informe que propone inhabilitar a los miembros de Junta Nacional de Justicia y que fue aprobado hoy en la Comisión Permanente.

El titular de la PCM reconoció la facultad del Congreso para iniciar una investigación a los magistrados de la JNJ y votar el informe que propuso la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Sin embargo, dijo que como Poder Ejecutivo hubiera preferido que no se la confrontación entre el Parlamento y la JNJ.

"Como Ejecutivo hubiéramos preferido que esta confrontación no se dé. Sin embargo, estaremos atentos y haremos seguimiento al debate que seguramente la próxima semana se abrirá sobre el asunto en el pleno", expresó.

La Comisión Permanente del Congreso aprobó hoy, por voto en mayoría, la propuesta de destitución e inhabilitación por 10 años para los miembros de la Junta Nacional de Justicia, conforme al informe previamente aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

De igual manera, el jefe de Gabinete Ministerial recordó que el Poder Ejecutivo ha respaldado al Fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana, quien reclamó que se respete la autonomía constitucional del organismo que representa.

"No olvidemos que el Ministerio Público es un órgano de vital importancia sobre todo para la persecución del delito y la averiguación de verdad, de la que todos los funcionarios públicos tienen que dar cuenta" manifestó.

El presidente del Consejo de Ministros expresó que el Gobierno defiende por principio constitucional la independencia de la Fiscalía de la Nación y Ministerio Público como también defiende la independencia y rol fiscalizador del Congreso respecto a los actos del Poder Ejecutivo.

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