Minedu separa a más de 2000 docentes y administrativos del sistema educativo por delitos graves
El Gobierno, a través del Ministerio de Educación (Minedu), separó del sistema educativo a 2137 docentes y administrativos con sentencias o procesos judiciales por delitos graves como violencia sexual, terrorismo, narcotráfico, homicidio, con el fin de garantizar que las escuelas sean espacios seguros.
Asimismo, se bloqueó a 2389 docentes con procesos administrativos disciplinarios abiertos por faltas graves en las aulas, evitando así su contratación en instituciones educativas.
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Estas acciones de seguimiento y control se realizan también, de forma complementaria, con los Gobiernos regionales, a través de sus UGEL en el ámbito nacional.
Es así que, en Amazonas, en la provincia de Condorcanqui, el Minedu reforzó su apoyo en la UGEL distrital con personal de asistencia legal, a fin de acompañar a la comunidad educativa en el seguimiento y monitoreo, para que las denuncias que se realicen logren ser derivadas al Ministerio Público y, respectivamente, al Poder Judicial para la continuidad del proceso legal.
ACCIONES CONCRETAS EN CONDORCANQUI
Al cierre de agosto de 2025, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la UGEL Condorcanqui registró 648 denuncias acumuladas por hechos de hostigamiento y violencia sexual. De este total, 524 casos concluyeron en la vía administrativa, incluyendo procesos prescritos, sancionados y otros, mientras que 124 continúan en trámite de investigación.
De los casos en investigación, 103 están en etapa preliminar y 21 cuentan con un proceso administrativo disciplinario abierto; en todos se aplicó la separación preventiva del docente. Dentro de este grupo, en 2025 se han registrado 34 denuncias, también en investigación preliminar y con separación inmediata de los denunciados.
REDES DE PROTECCIÓN COMUNAL
Como parte de un plan integral de protección que impulsa el Gobierno, el Minedu conformó 79 redes de protección comunal que hoy acompañan a más de 18 000 estudiantes en residencias estudiantiles.
Estas redes están integradas por padres de familia, apus, docentes y autoridades locales (juez de paz, párroco, alcalde del centro poblado, personal del centro de salud, subprefecto, teniente gobernador, rondas campesinas, juzgado de paz no letrado, seguridad ciudadana y Policía Nacional del Perú), quienes trabajan de manera articulada para garantizar la seguridad y el acompañamiento permanente de los escolares.
Ubicadas en Amazonas, Loreto, Cajamarca, Cusco, San Martín, Ucayali, Junín y Madre de Dios, estas redes expresan el compromiso conjunto del Estado y las comunidades por prevenir la violencia escolar y asegurar un entorno libre de cualquier tipo de violencia, donde los estudiantes puedan desarrollar todas sus capacidades de forma óptima e integral.
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