La Superintendencia Nacional de Migraciones contará con un órgano de defensa jurídica, que, a través de una procuraduría pública, defenderá sus derechos e intereses ante diferentes entidades y órganos jurisdiccionales y administrativos.

Dicho órgano del sistema de defensa jurídica fue incorporado a la estructura orgánica de Migraciones, para lo cual se dispuso la modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de esta institución adscrita al Ministerio del Interior (Mininter).

La modificación fue dispuesta mediante una resolución suprema, publicada en la separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, en el marco de los lineamientos de organización para la defensa jurídica de los derechos e intereses del Estado.

Esta medida, además, responde a una opinión técnica vinculante emitida por el Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado, ente rector en materia de defensa jurídica del Estado, según se precisa en la citada norma.

De esta forma, la procuraduría pública representará a Migraciones y la defenderá en todos los procesos en los que sea parte ante entidades como el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, Tribunal Arbitral, Centro de Conciliación y otros similares.

Según lo dispuesto, esta nueva procuraduría pública estará a cargo de un procurador designado por la Procuraduría General del Estado, quien dependerá funcional y administrativamente de dicho organismo.