Nuevos recursos presupuestales solicita el PJ para nuevas unidades de flagrancia
El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, pidió incluir en el pliego que se otorgará a esta institución en el año fiscal 2025, un monto adicional de 44 millones 387 mil 837 soles para implementar nuevas unidades de flagrancia.
Fue durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto del Congreso.
El magistrado señaló que se prevé iniciar el funcionamiento de nueve de dichas dependencias, a fin de reforzar la lucha contra la delincuencia.
Estas unidades de flagrancia se encontrarían en las cortes de Lima, Lima Sur, Callao, Apurímac, Puno, Amazonas, Puente Piedra-Ventanilla, San Martin y Ucayali.
En este tipo de instalaciones se procesan de manera célere casos de delincuencia detectados en flagrancia. Para ello se cuenta con personal de instituciones como la Policía y el Ministerio Público.
Monto total
En otro momento de su presentación ante la comisión parlamentaria que encabeza Lady Camones (APP), el presidente del Poder Judicial precisó que el requerimiento presupuestal que la institución a su cargo hace para el próximo año es de 3 mil 915.8 millones de soles.
Arévalo indicó que las prioridades de la institución, comprenden la gestión de recursos humanos, la descarga procesal, la transformación digital, fortalecer las unidades de flagrancia, el fortalecimiento institucional, la nueva Ley Procesal de Trabajo, el fortalecimiento de los procesos laborales y el cumplimiento de setencias judiciales
Señaló, asimismo, que también se busca desarrollar y mejorar con esos recursos programas referidos a celeridad a procesos de familia, gestión de control de ofertas de drogas, mejorar la justicia penal, dar celeridad a procesos laborales y comerciales e implementar productos referidos a la prevención de la violencia contra la mujer.
Asimismo, dijo que con los recursos que viene solicitando para el presupuesto del próximo año, prevé que los trabajadores que laboran bajo el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS), pasen al régimen del decreto legislativo 728.
Arévalo calificó de “injusto” el régimen CAS, y pidió que se tome en cuenta el incremento de las remuneraciones de los trabajadores.
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