Con la publicación de la Ley 31968, Ley de la justicia itinerante para las personas en condición de vulnerabilidad, en el Diario Oficial El Peruano, el Congreso de la República alcanzó la cifra de 90 leyes promulgadas que buscan atender las diversas problemáticas que afronta la población.

La referida Ley fue aprobada el último 30 de noviembre por el Pleno del Parlamento Nacional y se suma a los dispositivos legales promulgados durante la presente legislatura que atienden problemáticas relacionadas a la recesión económica, la inseguridad ciudadana, la atención de salud, la calidad educativa, los efectos de El Niño global, entre otros.

De acuerdo con el Legislativo, esta importante producción de leyes no hubiera sido posible sin el consenso y diálogo parlamentario, promovido por la actual Mesa Directiva que preside Alejandro Soto Reyes, durante la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024.

La nueva ley tiene por objeto regular la implementación de la justicia itinerante en materia de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, alimentos, filiación extramatrimonial, ejecución de actas de conciliación extrajudicial sobre alimentos, o de rectificación de actas de nacimiento, de matrimonio o de defunción

Ello con la finalidad de garantizar el efectivo acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad en los lugares de escasos recursos económicos o en situación de pobreza o pobreza extrema, sin discriminación de origen, raza, género, orientación sexual, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.

La norma establece que el Poder Judicial, para el proceso de implementación de la justicia itinerante, elija los lugares que concentren personas en condición de vulnerabilidad, de acuerdo con las características específicas de cada localidad.

Asimismo, que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) facilite al Poder Judicial la utilización de la plataforma de servicios del Programa Nacional Tambos (PNT) así como las plataformas itinerantes de acción social (PIAS) para el desarrollo de actividades de ejecución de la justicia itinerante.

Finalmente, se precisa que el Poder Judicial debe coordinar con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la identificación de las personas en condición de pobreza o pobreza extrema con necesidades de acceso a la justicia en las materias previstas en la norma.

/DBD/