El Poder Judicial dispuso 10 meses de impedimento de salida del país para la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, acusada del presunto delito de rebelión, por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

Según la resolución del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, “se declara fundado en parte el requerimiento de impedimento de salida del país solicitado por la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos contra Betssy Betzabet Chávez Chino”.

El documento señala que se trata de una medida idónea para evitar que la acusada, quien se encuentra actualmente sometida a proceso por el delito de rebelión, cuya pena podría alcanzar hasta 25 años de prisión, pueda salir del país, garantizando así su permanencia mientras dure el juicio en su contra.

Asimismo, la resolución indica que se trata de una medida necesaria, dado que actualmente no existe ninguna otra disposición que impida a Chávez Chino salir del territorio nacional, ni una medida menos gravosa que garantice su permanencia para afrontar el proceso judicial.

La resolución reconoce que la acusada se encuentra bajo una medida de comparecencia restringida, la cual incluye reglas como no ausentarse del país sin autorización del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, presentarse cada siete días para el control biométrico, y acudir ante la autoridad judicial o fiscal cuando sea requerida.

No obstante, también se señala que dichas reglas no serían suficientes para impedir una eventual salida del país, ya que, de optar por hacerlo, no existiría un control migratorio efectivo que pudiera detenerla.

LIBERACIÓN DE BETSSY CHAVEZ

El pasado 4 de septiembre, Betssy Chávez Chino salió de prisión en cumplimiento de un mandato del Tribunal Constitucional, que anuló una orden de prisión preventiva en su contra por considerarla extemporánea y dispuso que se emita una nueva resolución al respecto.

La también excongresista enfrenta un proceso judicial por el presunto delito de rebelión, tras los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y establecer un gobierno de excepción.