Raúl Molina, exviceministro de Gobernanza Territorial de la PCM y coautor del libro “Desarrollo Territorial y Minería”, reflexionó sobre el proceso de descentralización en el Perú y por qué no viene funcionando adecuadamente para que las regiones y localidades alcancen el desarrollo.

“¿Para qué sirve ese esquema de muchos gobiernos locales, un gran gobierno central, y un gobierno regional, un gobierno intermedio? Sirve como una bisagra articuladora, tiene que llevar política pública hacia el territorio y llevar demanda hacia el centro para poder orientar la asignación de los recursos”, señaló en el Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. 

Sin embargo, afirmó que nunca se les asignó dicho rol a los gobiernos regionales, sino que se creó todo un sistema, se juntó la planilla de salud y educación, se puso a cargo al gobernador regional con un consejo regional, pero no se revisó el rol que cumplirían en la estructura del Estado. “Por eso la cadena de toma de decisiones y gerencia de servicios públicos no funciona bien en el Perú”, enfatizó.

Para hacer frente a la situación descrita, Molina consideró que es necesario reformular la descentralización y recuperar el objetivo original, que es el desarrollo territorial. Para ello, consideró clave dar mayor protagonismo a los territorios, así como al fortalecimiento de sus instituciones, para su propio crecimiento.

“La descentralización no es una reforma del Estado por sí misma, es un medio. La finalidad es el desarrollo territorial (…) Tenemos que hacer descentralización reformando. No bastaba elegir autoridades regionales y municipales, no bastaba pasarles algunas competencias y recursos. Había que repensar los modelos de cómo nos organizamos, tres niveles de gobierno entendidos como una cadena de gobierno y de gerencia para proveer servicios públicos a la gente”, explicó.

En línea con ello, consideró que un instrumento importante para alcanzar el desarrollo es la gobernanza territorial, con lo cual alude a las instituciones para liderar, promover y gestionar los procesos de desarrollo territorial. Y no solo se refirió a las instituciones públicas como las responsables, sino a todos los actores del territorio, empresas, academia y sociedad civil.

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