Política

El Poder Judicial (PJ) concluyó la etapa intermedia de control de la acusación y dispuso llevar a juicio oral al expresidente regional de Áncash César Álvarez Aguilar y otras 50 personas por el caso La Centralita, entre las que figuran los excongresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo.

Así consta en la disposición 280, emitida por la jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, María de los Ángeles Álvarez Camacho.

El Poder Judicial deberá fijar fecha y hora de la primera audiencia de juicio oral que se prevé será extenso, por el gran número de acusados, la complejidad de delitos y la abundante documentación recaba por la Fiscalía.

César Álvarez es acusado de haber encabezado una organización criminal que se enquistó en la región Áncash, con la finalidad de lucrar con recursos públicos por medio de la adjudicación de obras.

La Fiscalía sostiene que La Centralita era un inmueble ubicado en la urbanización La Caleta de Chimbote, en donde se efectuaban reuniones entre los miembros de la organización, se pagaba a periodistas y autoridades políticas, policiales y judiciales, y hasta se planificaban crímenes de opositores al régimen de Álvarez, como el del exconsejero Ezequiel Nolasco Campos.

/PE/ANDINA/

La jueza María Álvarez Camacho continuará mañana a las 09:00 horas la audiencia sobre requerimiento de prisión preventiva de 36 meses contra el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.

El Ministerio Público ha solicitado la medida restrictiva para el exburgomaestre, la exfuncionaria edil Giselle Zegarra Flores y el exlegislador José Luna Gálvez, en el proceso por lavado de activos, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir.

En la audiencia de hoy, la fiscal Milagros Salazar desarrolló los elementos de convicción que involucran a Castañeda Lossio y Luna Gálvez. 

La jueza Álvarez Camacho, suspendió la sesión aproximadamente a las 19.00 horas y anunció que mañana se continuará con la investigada Zegarra. 

/PE/ANDINA/

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna Florez, indicó que el Estado Peruano en su conjunto tiene como meta acondicionar 122 000 viviendas térmicas hasta el 2021 para proteger de las bajas temperaturas a las poblaciones que viven por encima de los 3500 m.s.n.m. y soportan heladas y friaje. Así lo informó durante su participación en el inicio del quincuagésimo octavo Período de Sesiones de la Comisión de Desarrollo Social de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se lleva a cabo en Nueva York.

Junto a otros ministros del rubro social de países miembros, así como a representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, la titular del Midis intervino en el panel de discusión de alto nivel sobre el tema prioritario “Vivienda asequible y sistemas de protección social para todos a fin de afrontar la falta de hogar”, en el que se intercambiaron propuestas y experiencias en torno a la inclusión social, enfocadas en la temática de vivienda.

Además de especificar la meta del Estado –que involucra a otros portafolios como el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento–, la ministra Luna detalló que el proyecto Mi Abrigo, que ejecuta su sector, a través del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes), “acondiciona viviendas térmicas con un enfoque de cambio climático y tecnología certificada, promueve el9 cuidado del medio ambiente y se enmarca en una política de protección social que apunta a reducir la pobreza”.

Luna explicó que el proyecto Mi Abrigo, que busca proteger de las bajas temperaturas fundamentalmente a madres gestantes, niños y niñas, personas con discapacidad y adultos mayores, ha tenido gran aceptación entre las poblaciones directamente beneficiadas porque eleva la temperatura en 10º C al interior de las casas y evita enfermedades bronquiales y respiratorias en zonas donde los termómetros marcan por las noches -15º C en exteriores.

Las viviendas térmicas de Mi Abrigo usan la tecnología de muro trombe, un panel de madera y policarbonato expuesto al sol y pintado de negro, colocado al exterior de la vivienda, que permite captar y almacenar energía solar para aumentar la temperatura. El calor es trasladado al interior de la vivienda a través de orificios en la pared y se conserva durante toda la noche y madrugada.

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El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Crimen Organizado programó para las 17.00 horas de hoy la audiencia sobre pedido de prisión preventiva contra el exalcalde del Callao, Juan Sotomayor y el excongresista de Fuerza Popular, Víctor Albrecht.

El exgobernador regional del Callao y el excongresista de Fuerza Popular son acusados de los delitos de organización criminal, extorsión y sicariato.

Sotomayor y Albrecht son sindicados como los presuntos cabecillas de la banda ‘Rich Port II’, organización criminal que se habría apropiado de recursos públicos a través de la contratación de trabajadores fantasmas.

La fiscal Sandra Castro, de la Fiscalía Provincial Especializada contra el Crimen Organizado del Callao, solicitó 36 meses de prisión preventiva contra los dos exfuncionarios públicos.

Asimismo, la medida solicitada por la representante del Ministerio Público alcanza a otros diez, investigados por el presunto delito de organización criminal y extorsión en perjuicio de la Empresa de Servicios de Limpieza Pública del Callao (Eslimp).

El requerimiento fue remitido al despacho del juez Richard Concepción Carhuancho. El magistrado programó la audiencia para hoy, lunes 10 de febrero a las 5 de la tarde.

Sotomayor y los demás implicados fueron detenidos el pasado 25 de febrero en forma preliminar durante 15 días, en el marco de las investigaciones que realiza la fiscal Castro.  

Sólo en los últimos ocho meses, la fiscalía estima que la organización criminal "Rich Port II” se habría apropiado en forma indebida de 6 millones de soles de Eslimp. Un informe de Contraloría determinó que el patrimonio de esa red en sus cinco años superaría los 60 millones de soles.

/PE/

El presidente Martín Vizcarra anunció hoy que este miércoles se reunirá con representantes de los afectados por la deflagración de gas que era transportado por un camión en Villa El Salvador.

La cita, detalló el mandatario, será en la sede de Palacio de Gobierno con representantes de las familias cuyas viviendas resultaron afectadas, las cuales oscilan entre 25 y 30.

Según explicó, se optó por el miércoles porque ese día hay Consejo de Ministros y los problemas que existan, sean de cualquier tipo, serán abordadas por un sector.

El jefe del Estado dijo que si bien recibe informes permanentes del trabajo que se realiza en la zona afectada de Villa El Salvador, es importante ver y hablar con la gente.

"Veo mucha demanda todavía, desolación, y tenemos que solidarizarnos", subrayó Vizcarra, tras indicar que se restablecerá la seguridad policial en la zona.

Consultado respecto al eventual uso de la Villa Olímpica para los afectados de Villa El Salvador, aclaró que estará lista para ser usada como vivienda en junio.

/PE/

El Presidente de la República, Martín Vizcarra, informó esta tarde que ya se le ha aceptado la renuncia al ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, quien ha sido acusado de realizar consultorías a favor de la empresa Odebrecht.

"Ante las denuncias que se han dado, hoy día temprano en la mañana nos hemos comunicado y se ha tomado decisión de aceptar su renuncia", señaló el mandatario, quien se encontraba supervisando la situación de los afectados por la explosión de un camión cisterna en Villa el Salvador.

Vizcarra agregó que los detalles de la denuncia presentada por un medio periodístico deben ser investigados para determinar el nivel de responsabilidad que tuvo el extitular del MINEM.

/JV/

La Jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Mariem V. De La Rosa Bedriñana, propuso una nueva destitución ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en contra de la magistrada Mónica Rosmery Hoyos Pinchi, en su actuación como Jueza Supernumeraria de Paz Letrado -Sede Comisaría de “Alipio Ponce”, de la Corte Superior de Justicia del Callao, luego de comprobarse que cometió diversas faltas muy graves.

Ha quedado acreditado que la Jueza en cuestión, contravino a sus deberes de impartir justicia con prontitud y en observancia de los plazos legales para la expedición de resoluciones de veintisiete expedientes.

Otra falta, es la total ausencia de motivación en ocho procesos que tratan sobre procesos por violencia familiar, lesiones y maltratos de manera unilateral en agravio de poblaciones vulnerables, como mujeres y adultos mayores, en los cuales emitió resoluciones de acuerdos conciliatorios sin señalar alguna razón que justifique la validez del compromiso entre las partes; cuando debió tener en consideración que en este tipo de procesos, el Juez (a) debe determinar la responsabilidad del agresor y el resarcimiento a la víctima.

También se corroboró la total ausencia de motivación en tres sentencias, a las cuales aplicó ‘reserva de fallo condenatorio’ sin tomar en cuenta las condiciones del imputado, ya que en cada uno de los expedientes aparece el mismo argumento. Es decir, utilizó una plantilla para arribar a la decisión tomada.

Asimismo, en seis resoluciones, cuatro por lesiones dolosas y dos por maltrato, estableció el periodo de prueba para los imputados al momento de reservar el fallo condenatorio -que es de uno a tres años-, sin embargo no señaló el plazo para que los sentenciados cumplan con las reglas de conducta establecidas; lo cual generaría incertidumbre, al no conocerse la fecha de vencimiento de las reglas de conducta impuestas en su contra.

En este contexto, la Jefatura Suprema de la OCMA consideró pertinente, dictar de manera paralela una medida cautelar de suspensión preventiva en el cargo que ostenta, hasta que se resuelva, en definitiva, la situación jurídica de la sancionada en la instancia correspondiente; razón por la cual no puede ejercer ningún cargo en el Poder Judicial.

/PE/

El exsecretario general de la Presidencia, Luis Nava, declara ante el fiscal José Domingo Pérez en las investigaciones por los presuntos aportes que habría otorgado la empresa Odebrecht para la campaña presidencial del Partido Aprista Peruano.

Nava, quien se encuentra con detención domiciliaria, fue trasladado hasta la sede del Equipo Especial Lava Jato por la policía. Asiste a la diligencia en calidad de testigo, acompañado de su abogado, Raúl Noblecilla.

En abril de 2019, Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, declaró a los fiscales del Equipo Especial que entregó 200 mil dólares de la Caja 2 para la campaña del expresidente Alan García en las elecciones 2006. 

Sostuvo que el apoyo para la campaña fue solicitado por el exministro aprista Luis Alva Castro, a quien habría entregado 60 mil dólares, bajo el codinome de "Luque" según los registros de la Caja 2.

/AB/Andina.

Hoy es la audiencia en la que se verá el pedido fiscal de prisión preventiva por 36 meses contra el exalcalde Luis Castañeda.

Castañeda y otros son investigados por la presunta comisión del delito de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, colusión, negociación incompatible, tráfico de influencias y otros en agravio del Estado.

La Fiscalía le atribuye haber favorecido a la empresa brasileña OAS en el proyecto Línea Amarilla y el bypass de la avenida 28 de Julio, en sustitución del proyecto Parque Río Verde.

La fiscal Milagros Salazar, del Equipo Especial Lava Jato, solicitó al Poder Judicial que dicte 36 meses de prisión preventiva contra Castañeda Lossio, el excongresista José Luna y la exfuncionaria edilicia Giselle Zegarra.

De acuerdo con la tesis fiscal, el ex burgomaestre habría recibido 480,000 dólares para su campaña a la alcaldía de Lima en el 2014 y el pedido de prisión preventiva es por resistencia a cumplir los mandatos de la autoridad.

Sobre Castañeda y Luna existe impedimento de salida del país por 18 meses, de acuerdo a una resolución judicial dictada el 5 de julio de 2019.

/AB/Andina.