Política

El Consejo ejecutivo del Poder Judicial estableció que los órganos jurisdiccionales del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios en todo el país solo deben estar integrados por jueces titulares en el grado que correspondan, sin distinción de que sean transitorios y permanentes.

A través de la Resolución Administrativa 001-2020-CEPJ publicada hoy, el órgano de gobierno establece que solo en caso no hubiera en los distritos judiciales un juez titular, por excepción, desempeñará el cargo uno provisional o un supernumerario, en ese orden.

El CEPJ resolvió así una disyuntiva presentada ante la presencia de las resoluciones administrativas Nro 102-2017-CE-PJ y 419-2014-CE-PJ, disponiendo la ejecución de la primera al contar ésta con un criterio de especialidad.

“Aplicando el sistema de especialidad se tiene que lo aplicable en el siguiente caso es la citada resolución administrativa (N° 102-2017-CE-PJ) emitida en el marco del nuevo modelo procesal penal”, señala la norma aparecida en el diario El Peruano.

La Resolución Administrativa N° 419-2014-CE-PJ no aplicada, dispone que los magistrados de los órganos jurisdiccionales transitorios deben ser jueces supernumerarios o provisionales del Sistema Especializado

De acuerdo con el documento, al tratarse de dos resoluciones expedidas por el mismo órgano jerárquico, ninguna es inferior a otra, por ende no es aplicable este criterio jerárquico.

En cuanto al criterio cronológico, que es la derogación de la norma anterior, según la disposición, no tiene cumplimiento puesto que la Resolución Administrativa 102-2017-CE-PJ no ha dejado sin efecto la Resolución N° 419-2014-CE-PJ”.

La medida aclara, asimismo, que entre las funciones y atribuciones del EPJ está la adopción de acuerdos y demás medidas necesarias para que las dependencias del Poder Judicial funcionen con celeridad y eficiencia.  

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El exlegislador José Luna Gálvez expresó su decisión de seguir presentándose ante la justicia cada vez que sea requerido en las investigaciones por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita que se sigue en su contra.

El presidente de Podemos Perú fue el único que se presentó hoy en la audiencia de prisión preventiva de 36 meses que ha pedido el Ministerio Público para él, el exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio y la exfuncionaria Giselle Zegarra Flores.

Sin embargo, la titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, María Álvarez Camacho, decidió postergar la diligencia para el 10 de febrero a las 10:00 horas.

La magistrada precisó que decidió la postergación de la audiencia para que las defensas puedan preparar de una mejor manera sus planteamientos.

Álvarez Camacho pidió “que los argumentos de defensa que se postulen sean presentados del modo más completo y comprensible posible".

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A dos semanas de producido el incendio en Villa El Salvador por la deflagración de una cisterna de gas que transportaba GLP, la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, recorrió la zona de la emergencia y recibió las inquietudes de los familiares y afectados por la tragedia que, a la fecha, ha cobrado la vida de 25 personas.

La titular del Ministerio de Salud (Minsa) ofreció sus condolencias a los familiares de los fallecidos y recordó que la mayoría de los pacientes hospitalizados todavía se encuentran en cuidados intensivos. “Desde el inicio, la mayor parte de los 49 heridos presentaba quemaduras en más del 50% de la superficie corporal y estaban en estado grave. Ellos se encuentran luchando por sus vidas”, informó.

Desde el lugar de la tragedia, el Ministerio de Salud brindó más de cuatro mil atenciones en salud mental mediante la oferta de servicios de su hospital móvil y con visitas domiciliarias de los especialistas de los Centros de Salud Comunitaria de Lima Sur.

Recuperación de las viviendas

Durante su visita, la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, escuchó directamente a los afectados que esperan poder recuperar sus viviendas lo más pronto posible y les reiteró el compromiso del Gobierno de rehabilitar y reconstruir las propiedades que se vieron perjudicadas, mediante un trabajo articulado entre varios sectores.

“Hubo una declaratoria de emergencia que va a permitir la activación del Fondes (Fondo Para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales), que la próxima semana pasará al Ministerio de Vivienda para que empiece a correr el plazo de rehabilitación y reconstrucción de las 30 viviendas afectadas”, informó la ministra Hinostroza.

Precisó que, a partir de esta coordinación entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y el Fondes, se destinará un presupuesto para la reconstrucción total de las viviendas declaradas como inhabitables en un plazo de 90 días. En el caso de las viviendas que requieren rehabilitación, se contará con un plazo de 30 días.

“El Ministerio de Salud ha desplegado una oferta móvil que ha quedado permanentemente en la zona, no solo para los ciudadanos afectados; sino también para todos los vecinos de alrededor, brindando atenciones médicas; pero, sobre todo, atención psicológica”, puntualizó.

/PE/

El expresidente Alejandro Toledo, acusado de corrupción y quien enfrenta un proceso de extradición en Estados Unidos, denunció hoy inconherencias y declaraciones bajo coerción por parte del Estado peruano.

"Los dos principales testigos contra el doctor Toledo actuaron bajo coerción", sostuvo el abogado del exmandatario, Graham Archer, ante el juez Thomas Hixson en la vista celebrada este jueves en los juzgados de San Francisco (California, EE.UU.).

Archer se refería a los testimonios del exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, y del antiguo amigo y supuesto testaferro de Toledo, el empresario Josef Maiman, sobre cuyas revelaciones se asienta buena parte del caso.

Barata fue el primero en confesar a la Fiscalía que la empresa pagó entre 2004 y 2010 varios millones de dólares a Toledo a cambio  de favores como la adjudicación de la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica  durante su gestión.

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La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla, dio a conocer esta mañana, durante su visita de trabajo a la región La Libertad, que ya se puso en marcha un plan de trabajo multisectorial que permitirá el traslado de una gran cantidad de presos extranjeros a sus países de origen. Ello, como medida alternativa para reducir tugurización de los centros penitenciarios.

“Hemos tenido una primera reunión con cónsules de diferentes partes del mundo para planificar una estrategia conjunta ese sentido. También con la Fiscal de la Nación. La próxima semana nos reuniremos con el equipo del INPE, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio Público para coordinar”, indicó la ministra.

Ello, como parte del recientemente aprobado Decreto de Urgencia 018-2020, que optimiza los criterios y requisitos para que los internos extranjeros puedan cumplir sus penas en sus países, exonerándolos del pago de reparación civil al Estado peruano.  

La ministra indicó, además, que estas personas -que generalmente son privadas de su libertad por delitos relacionados al tráfico de drogas bajo la modalidad de “burrier”- tendrán mayores posibilidades de resocialización al estar en su país de origen.

La titular de Justicia inició hoy una visita a la región La Libertad, donde se reunió con el vicegobernador, Ever Cadenillas, e inspeccionó el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo.

En la reunión con el vicegobernador, dio a conocer la importancia de apoyar a la reinserción, tanto de jóvenes infractores como de reos que purgan condena en los centros penitenciarios. Para ello, pidió que se tomen en cuenta programas que permitan cumplir trabajos comunitarios, a cambio de la pena. “Tenemos que utilizar esta figura de penas alternativas a la prisión efectiva cuando se trate de delitos menores”, apuntó.

Caso Odebrecht

Desde La Libertad, la ministra también se manifestó sobre la demanda al Estado Peruano realizada por la empresa Odebrecht. “El Perú tiene argumentos sólidos y se defenderá enérgicamente frente a esta demanda. Reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción”, dijo.

Agregó que, en lo que respecta al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el caso se encuentra en el ámbito de la Procuraduría, que, en coordinación con el Ministerio Público, tendrá que ejercer las acciones legales que correspondan. “Existen elementos jurídicos suficientes para defendernos como estado, y los activaremos en la medida que se requiera”, subrayó.

/PE/

El fiscal integrante del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, descartó algún tipo de "secreto de Estado" sobre el acuerdo de colaboración eficaz firmado con la empresa brasileña Odebrecht, como afirman algunas opiniones críticas al convenio.

"No hay ningún secreto del acuerdo de colaboración, está en la sentencia que homologa las cláusulas del acuerdo, ahí se establecen los mecanismos en situaciones como la que se ha presentado. Por eso, no hay ningún secreto de estado como lo dicen ciertas personas vinculadas a los intereses de la corrupción. No es cierto", manifestó.

Pérez Gómez agregó que incluso los medios de comunicación publicaron la sentencia que homologa el acuerdo de colaboración eficaz, donde están, expresamente, todas las cláusulas.

Al ser consultado por la denuncia presentada por Odebrecht ante el Estado peruano, precisó que el equipo especial cumple su función "sin privilegios sobre las personas investigadas".

En ese sentido, refirió que existen las pruebas para que el Perú "pueda contestar y rechazar la demanda" presentada ante el Ciadi.

"Se estableció una cláusula donde indica que se pueden utilizar las pruebas del proceso de colaboración eficaz, incluso las que entrego Odebrecht, para cualquier tema de litigio que pudiera suceder entre el Estado peruano y la empresa", añadió.

/PE/

El sociólogo-politólogo y vicepresidente de Transparencia, Rolando Ames, analizó la situación política del país, y dijo, que la participación de la ciudadanía en las elecciones, y el resultado de las mismas, demuestran que la gente está más consciente de los problemas que afectan al país.

“El adelanto de elecciones obedece a un cierre del congreso, por que la opinión publica consideraba que este había blindado a la corrupción”.

Indicó que percibe que hay una pluralidad política, lo cual es sano, y como va a ser un periodo corto, el mensaje es que somos un país muy diverso, con grupos que tienen la intención de tener acuerdos.

Indicó que el mínimo común, es que quieren que digan que este congreso mejoró el sistema electoral, y que funcione la valla electoral, para que los partidos que no pasen la valla no vuelvan a postular en las próximas elecciones.

Misión democrática

Indicó también que desde Transparencia, les pidieron a los grupos de candidatos que nos muestren sus planes parlamentarios, “diez nos contestaron y tuvimos reuniones con ocho de ellos” subrayó.

“Ellos ya eran conscientes, que de entrada tenían que plantear la reforma electoral, y en segundo lugar quedaron en ponerse de acuerdo para ver una agenda común”.

Fragmentación

Dijo que la fragmentación no es un problema en sí, porque van a tener una agenda obligada, y en base eso, se van a tomar acuerdos y el partido que se aísle no va a quedar bien.

Experiencia

“Ese caso de Urresti es bien interesante para que la gente sepa quién manda el candidato o el partido, porque una vez que se dan las elecciones el personaje es el que entra y asi el partido le diga que vote si él no quiere no hay forma de obligarlo”.

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El virtual congresista por el partido Acción Popular, Luis Roel Alva anunció a través de El Informativo de Nacional, que su candidato a la presidencia de la mesa directiva del parlamento nacional, será Manuel Merino de Lama.

“Nuestro representante formalmente para la mesa directiva es Manuel Merino de Lama. Es el que tiene experiencia en ese cargo y ya ha sido parlamentario. Y no solo va a ser nuestro candidato sino uno de los principales voceros. Y para el diálogo con las otras bancadas va a ser Otto Guibovich”, adelantó  Roel Alva.

Agenda avanzada

Indicó también que Acción Popular desde el año pasado ya tenía avanzada su agenda parlamentaria 2020-2021 que fue aprobada por el plenario del año pasado, tiene como prioridades, la reforma política como la reforma de justicia.

“Y en nuestra replica, que sostuvimos en la reunión de Palacio de Gobierno, manifestamos nuestras coincidencias y las diferencias que observamos. Y la más importante es la modificación del artículo 4 del reglamento electoral”.

/LD/

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera Paz, dijo en diálogo con El Informativo de Nacional, que la demanda entablada por Odebretch contra el Perú, ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (CIADI), es una estrategia de dicha empresa para buscar una palanca de negociación con sus investigadores.

“Es un comportamiento poco leal de Odebretch. A la interna, y lo dicen en una carta, que desean seguir colaborando, pero ahora le están haciendo una demanda al estado peruano”.

Respuesta del Estado

“Los únicos que podrían perder aquí es Odebretch, porque ya hay un acuerdo de colaboración. Odebretch es una organización que la justicia ha dicho que es criminal, y me parece que pretende resolver mostrando una especie de carta de negociación, pero creo que ha cometido un grave error demandando y asumiendo un gesto de muy mala voluntad, y el Estado peruano ha sido sufrientemente justo y tiene que responder con la máxima firmeza”.

Gaseoducto sur

El gaseoducto es una mega obra por siete mil millones de dólares, y la gana Odebretch con un consorcio español, y luego se suma Graña y Montero. Este contrato se disuelve por actos de corrupción y la empresa firma un acta para que sean excluidos del gaseoducto. En esta demanda ellos argumentan una reacción política de Pedro Pablo Kuczynski en su periódo presidencial, explicó Rivera.

/LD/

La jueza María Álvarez Camacho preside hoy la audiencia de requerimiento de prisión preventiva por 36 meses solicitado por el Ministerio Público contra el exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, la exfuncionaria edilicia Giselle Zegarra Flores y el excongresista José Luna Gálvez.

La titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios iniciará la diligencia a las 9:00 horas en el edificio Carlos Zavala Loayza, Cercado de Lima.

La Fiscalía pidió al Poder Judicial que dicte 36 meses de prisión preventiva contra Castañeda Lossio, a quien se le investiga por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos por el caso OAS.

La solicitud, efectuada por la fiscal Milagros Salazar, del equipo especial del Ministerio Público, incluye a Luna Gálvez y Zegarra Flores, actualmente con impedimento de salida del país por el caso Lava Jato.

/AB/Andina.