Política

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera Paz, dijo en diálogo con El Informativo de Nacional, que la demanda entablada por Odebretch contra el Perú, ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (CIADI), es una estrategia de dicha empresa para buscar una palanca de negociación con sus investigadores.

“Es un comportamiento poco leal de Odebretch. A la interna, y lo dicen en una carta, que desean seguir colaborando, pero ahora le están haciendo una demanda al estado peruano”.

Respuesta del Estado

“Los únicos que podrían perder aquí es Odebretch, porque ya hay un acuerdo de colaboración. Odebretch es una organización que la justicia ha dicho que es criminal, y me parece que pretende resolver mostrando una especie de carta de negociación, pero creo que ha cometido un grave error demandando y asumiendo un gesto de muy mala voluntad, y el Estado peruano ha sido sufrientemente justo y tiene que responder con la máxima firmeza”.

Gaseoducto sur

El gaseoducto es una mega obra por siete mil millones de dólares, y la gana Odebretch con un consorcio español, y luego se suma Graña y Montero. Este contrato se disuelve por actos de corrupción y la empresa firma un acta para que sean excluidos del gaseoducto. En esta demanda ellos argumentan una reacción política de Pedro Pablo Kuczynski en su periódo presidencial, explicó Rivera.

/LD/

La jueza María Álvarez Camacho preside hoy la audiencia de requerimiento de prisión preventiva por 36 meses solicitado por el Ministerio Público contra el exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, la exfuncionaria edilicia Giselle Zegarra Flores y el excongresista José Luna Gálvez.

La titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios iniciará la diligencia a las 9:00 horas en el edificio Carlos Zavala Loayza, Cercado de Lima.

La Fiscalía pidió al Poder Judicial que dicte 36 meses de prisión preventiva contra Castañeda Lossio, a quien se le investiga por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos por el caso OAS.

La solicitud, efectuada por la fiscal Milagros Salazar, del equipo especial del Ministerio Público, incluye a Luna Gálvez y Zegarra Flores, actualmente con impedimento de salida del país por el caso Lava Jato.

/AB/Andina.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundada la tutela de derecho que solicitó el fiscal supremo Luis Arce Córdova, quien es investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado.

Con su decisión, el titular del citado juzgado, Hugo Núñez Julca, determinó que continúe la indagación al actual miembro del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), elegido representante de la junta de Fiscales Supremos.

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, inició el 17 de enero último una investigación preliminar a Arce Córdova por el presunto delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado junto a sus hermanos Wilder Moisés Arce Córdova y Nelton Javier Arce Córdova. 

Desbalance

El miembro del JNE presentaría “un desbalance patrimonial”, pues, según la Fiscalía, “el investigado habría adquirido inmuebles y vehículos en gran cantidad en conjunto con sus hermanos e hijos”, habiéndose efectuado “un tráfico comercial entre ellos”.

/PE/

Tras maratónicas audiencias realizadas hasta tres veces por semana, el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción Funcionarios dictó entre tres y diez años de cárcel a integrantes del clan Orellana y exfuncionarios de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) por delitos de organización criminal y cohecho.   

Lo resuelto por la magistrada Fernanda Ayasta Nassif, a cargo del referido juzgado, representa la primera condena dictada a esta organización por el delito de asociación ilícita para delinquir.

En adelanto de fallo, Ludith Orellana Rengifo, hermana de Rodolfo Orellana, recibió la pena de diez años de cárcel en su calidad de autora de asociación ilícita para delinquir y cohecho activo genérico; en tanto que a Katherine Elizabeth Díaz Berrú le fue impuesta ocho años de cárcel por los mismos delitos.

La jueza ordenó también seis años y ocho meses de cárcel para Álvaro Delgado Scheelje, exjefe de la Sunarp, así como para el exservidor de la referida entidad Wilfredo Jesús Núñez Peña.

También recibieron condenas Carlos Martín Vargas Machuca Arrese, Niki Eder Ramírez Salvador, Yanina Mariloli Hurtado Marcos de Carranza, Rosa María Ledesma Vela, Largio Hurtado Palomino, Rosalía Vargas Shaus, Máximo Juan Núñez Quispe, René Ocaña Valenzuela.

Asimismo Tesalia Pacaya Taricuarima, Lauro Sánchez Ramírez, Mike Deivis Torres Torres y Enrique Hipushima Dahua.

Además, la sentencia establece el pago como reparación civil de S/ 2 millones por daño extrapatrimonial en forma solidaria así como penas de inhabilitación.

De acuerdo con la acusación del fiscal Alexánder Jiménez, del Quinto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción, la red Orellana inscribió 49 títulos de propiedad de manera irregular en su favor, sobornando a funcionarios de la Sunarp.

Debe señalarse que la lectura integral del fallo será dada el próximo 17 de febrero a partir de las 15:00, en el Edificio Carlos Zavala del Poder Judicial.

/PE/

La defensa del expresidente Alejandro Toledo, acusado de corrupción y quien se encuentra en medio de un proceso de extradición en Estados Unidos, pidió hoy al juez que lo dejen salir de prisión alegando el supuesto deterioro mental que está sufriendo por su confinamiento.

La de hoy fue la primera vista con testigos desde que empezó el juicio de extradición en junio del año pasado, y mientras la defensa trajo a dos profesores universitarios para apoyar la tesis de que Toledo está sufriendo mentalmente, la fiscalía llamó a guardias y responsables de la prisión donde se encuentra.

"Toledo está profundamente deprimido. Está tomando medicación para ello, pero aun así está yendo a peor. Le pregunté si tenía pensamientos suicidas y me respondió que no, pero yo me preocupé", declaró ante el juez el doctor Craig Haney, profesor de psicología en la Universidad de Santa Cruz (California, EE.UU.).

/PE/ANDINA/

La Corte Superior de Justicia de Lima dejó al voto apelación del habeas corpus presentado por la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán contra jueces y fiscales del caso Lava Jato con el fin de revertir la prisión preventiva en su contra.

Villarán demandó a los jueces que resolvieron en su contra y los fiscales que la investigan por presuntos actos de corrupción con Odebrecht y OAS. El recurso fue rechazado por el Juzgado Penal - Reos Libres en noviembre del año pasado, por lo cual apeló. 

El habeas corpus fue presentado contra los jueces Jorge Chávez Támariz, quien ordenó cambiarle la comparecencia con restricciones por la prisión preventiva durante 18 meses, y los jueces de la Primera Sala Penal de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios que ampliaron el plazo de detención a 24 meses. 

También contra los fiscales Carlos Puma Quispe y Germán Juárez Atoche, del equipo especial Lava Jato, quienes dispusieron la acumulación y ampliación de la formalización de la investigación preparatoria contra Villarán.

Ambos fiscales conducen las indagaciones por los presuntos aportes que habría recibido de las empresas Odebrecht y OAS para la campaña por el No a la revocatoria y su reelección.

Villarán de la Puente se encuentra cumpliendo una prisión preventiva de 24 meses, en el marco de las investigaciones por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo propio y lavado de activos.

El Ministerio Público le imputa haber recibido tres millones de dólares de Odebrecht y tres millones de dólares de OAS para la campaña por el No a la revocatoria, a cambio de favorecerlos en los procesos de licitación de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Además, se le atribuye haber recibido cuatro millones de dólares para su campaña a la reelección municipal.

/PE/ANDINA/

La Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla, rindió homenaje a 17 valerosos policías asesinados por el grupo terrorista Sendero Luminoso, un 4 de febrero de 1993, en Huarmaca, Piura. Frente a las viudas, hijos y padres de estos héroes de la pacificación nacional, Revilla afirmó que como Estado “hacemos nuestro ese dolor, y nos comprometemos a continuar implementando acciones conjuntas para atender las consecuencias de estas pérdidas y garantizar que este tipo de actos de violencia que enlutaron a nuestro país no se repitan jamás”.

En el acto, organizado por la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) del MINJUSDH y realizado la noche del último martes en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), participó también el Presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, así como el Ministro del Interior, Carlos Morán.

“Ellos dieron su vida al Perú, un país que por entonces sufría 13 años de violencia iniciada por el grupo terrorista Sendero Luminoso. Esa situación motivó el deseo de paz en jóvenes que portaron el uniforme y decidieron servir a la patria para que peruanos y peruanas superáramos los horrores de la violencia. Hicieron honor a ese impresionante himno que afirma: ´donde exista el peligro, donde clame el dolor, siempre habrá un Policía presto a servir, listo a morir por el Perú.´”, manifestó la titular del MINJUSDH.

Hace 27 años, un grupo de 17 policías acudió a rescatar a cuatro colegas que habían sido secuestrados por Sendero Luminoso, en Huarmaca, Piura. En el camino fueron atacaron por los terroristas, que hicieron volar el vehículo en que iban. En dicho atentado fallecieron los oficiales y suboficiales PNP Roberto Morales Rojas, Mario Palacios Bobadilla, Leonardo Serrano Vílchez, Elber Baca Juárez, Ricardo Benavides Huiman, Jorge Farfán Sánchez, Julio Paico García, Benjamín Yarlaqué Castañeda, Humberto Aguirre Silupu, Marco Mendiola Céspedes y Marcos Salazar Ipanaque. 

También, José Baldera Berna, Víctor Benavides Cruzado, Santos Chumpen Torres, José Guevara Dávila, Guillermo Hernández Ramírez y José Espada Ccanto. Sobrevivieron a esta masacre los suboficiales PNP Mavel Rodríguez Guerrero y Miguel Carrasco, este último aún en actividad.El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos Salinas, pidió disculpas públicas por la ausencia del Estado durante esos años. “No podemos quedarnos meramente en el mensaje, sino en la actitud. Y la mejor respuesta que tenemos que dar todos los peruanos es Nunca más terrorismo”, enfatizó.

Al finalizar la ceremonia, se develó en las instalaciones del LUM una placa conmemorativa en homenaje a los valerosos policías, como forma de preservar la memoria de lo sucedido y como parte del Programa de Reparaciones Simbólicas que el Estado viene ejecutando. 

/PE/

Al menos cinco de los partidos políticos que tendrán representación en el nuevo Congreso están a favor de ampliar el plazo para modificar la legislación electoral con miras al proceso electoral del 2021, sostuvo el secretario general de la asociación Transparencia, Iván Lanegra.

Se trata de Acción Popular, el Partido Morado, Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Somos Perú, quienes coincidieron en que se debería modificar el artículo 4° de la Ley Orgánica de Elecciones que establece que solo se pueden realizar cambios en normas electorales hasta un año antes de una elección.

Asimismo, Lanegra refirió que estas agrupaciones expresaron esta posición el 20 de enero de este año durante una reunión que convocó Transparencia para conocer las propuestas electorales de los partidos.

Indicó que a dicho encuentro fueron convocados las agrupaciones políticas que contaban con una propuesta electoral con el fin de encontrar consensos en vista de corto periodo que estará en funciones el próximo Parlamento. 

/PE/

Miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) visitaron los Jurados Electorales Especiales (JEE) para evaluar los avances en la resolución de actas electorales observadas que han recibido hasta el momento de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), por las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.

Los magistrados Raúl Chanamé Orbe, Ezequiel Chávarry Correa y Jorge Rodríguez Vélez llegaron a los JEE de Lima Centro 1, Lima Centro 2 y Lima Norte 1, ubicados en el Cercado de Lima, Jesús María y San Martín de Porres, respectivamente.

El JEE de Lima Centro 2 es el órgano electoral con mayor carga procesal y con exclusividad para resolver las actas observadas procedentes del extranjero. A la fecha, resolvió 468 de los 1051 expedientes recibidos de las ODPE.

En tanto, el JEE de Lima Centro 1 resolvió 169 de los 405 expedientes generados por este tipo. En esta sede, el doctor Chanamé Orbe saludó la labor esmerada que vienen desempeñando los JEE y resaltó el esfuerzo del personal que labora, incluso sábados y domingos, para resolver su carga con prontitud.

“Invocamos a todos los JEE a que actúen en esta fase, como lo han venido haciendo,  con celeridad, transparencia, imparcialidad y profesionalismo, para tener pronto formalmente los resultados al 100 por ciento de este proceso”, remarcó.

Finalmente, en el JEE Lima Norte 1, los doctores Chávarry Correa y Rodríguez Vélez felicitaron a los 31 órganos electorales de primera instancia que han cumplido con resolver la totalidad de actas observadas bajo su competencia, entre ellos dicha sede presidida por el magistrado Walter Díaz Zegarra.

“Este es un resultado de equipo, que se logró gracias a las capacitaciones previas que hicimos y al compromiso del personal que ha dado, incluso más allá de sus obligaciones, para cumplir con la misión encomendada”, refirió Díaz Zegarra.

Hasta el momento, los 60 JEE habilitados para este proceso han resuelto 8 466 expedientes de los 11 516 que les han llegado de las ODPE. En tanto, se han presentado 35 apelaciones de actas electorales observadas ante el Pleno del JNE, el cual programará las respectivas audiencias para escuchar a las partes y se pronunciará en instancia final.

/PE/

Mediante un comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) registró el día de ayer una solicitud de arbitraje presentada por la empresa Odebrecth Latinvest S.a.r.l., una subsidiaria constituida en Luxemburgo de la constructora Odebrecht S.A, en contra del Gobierno peruano.

En esta solicitud, la constructora exige más de 1 200 millones de dólares de indemnización debido a que el Perú “violó sus obligaciones bajo el Convenio entre el Perú y la Unión Económica Belga-luxemburguesa para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, en relación al proyecto Gasoducto Sur Peruano”. 

La empresa brasileña argumenta que el 24 de enero de 2017 el Estado canceló de manera arbitraria el contrato de concesión del proyecto Gaseoducto Sur Peruano, y adoptó otras medidas relacionadas con el proyecto que violan los derechos de la subsidiaria de Odebrecht.

En el documento se precisa que el Gobierno peruano dio por terminado el contrato porque “el consorcio no logró obtener el financiamiento y acreditar el cierre financiero dentro del plazo previsto en el Contrato de Concesión, incluso después de dos prórrogas otorgadas por el Estado”.

Asimismo, el MEF asegura que el Estado peruano tomó otras medidas que están acorde a las leyes anticorrupción promulgadas en febrero del 2017. No obstante, la constructora Odebrecht argumenta en su solicitud de arbitraje que sus admitidos actos de corrupción no abarcan la concesión del proyecto en cuestión. 

“El Estado peruano es respetuoso de sus compromisos, tanto contractuales como internacionales. No obstante, el Estado ejercerá su derecho de defensa y se opondrá con firmeza a cualquier uso inadecuado de los mecanismos de solución de controversias”, se señala en el documento.

Finalmente, indican que el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión del MEF “atiende las controversias que se derivan de los tratados de inversión o contratos que remiten a un mecanismo internacional de solución de controversias en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)”.

/JV/