Política

El informe de la denuncia constitucional planteada contra los congresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez por los videos de la presunta negociación de votos para evitar la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK),será debatido hoy por el pleno del Congreso.

Según la agenda parlamentaria la sesión plenaria fue convocada a las 09:30 horas. Asimismo, la Junta de Portavoces se reunirá a las 08:30 horas para definir los tiempos del debate.

Según el informe aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y posteriormente ratificado por la Comisión Permanente, Kenji Fujimori, así como sus colegas Bocángel y Ramírez, deben ser desaforados por supuestamente haber realizado ofrecimientos para influenciar ante el Ejecutivo a cambio de votos en contra de la vacancia de PPK.

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El Ministerio del Interior (Mininter) ha dispuesto reforzar la capacitación de la Policía Nacional del Perú (PNP) para que reciba en todo el país las denuncias de violencia hacia la mujer y poblaciones vulnerables de manera inmediata y se actúe con prontitud y rapidez en este tipo de delitos, informó el titular del sector, Mauro Medina.

“En ese camino, la Policía está obligada a recibir las denuncias, especialmente los casos de violencia contra la mujer, niños, niñas, adolescentes y poblaciones vulnerables”, manifestó.

Recordó que cada institución del Estado involucrada en esta problemática cumple con un rol, y que le corresponde a la PNP ser el primer eslabón de lacadena en la lucha contra este delito, atendiendo toda denuncia prestamente, diligenciarla adecuadamente y a gestionarla propiamente.

El ministro precisó que la labor preventiva es fundamental para evitar delitos de esta naturaleza y que, por ello, se intensificará la capacitación a los agentes para atender adecuadamente los casos de violencia familiar y sexual, a fin deevitar revictimizar a las víctimas. 

Finalmente, el titular del Interior resaltó la presentación, en el paquete de facultades legislativas de un proyecto, por parte del Ejecutivo, para penalizar el acoso lo cual permitirá a la Policía Nacional actuar en estos casos con todo el respaldo de la ley

El presidente Martín Vizcarra invitó al Congreso a permitir, mediante una modificación legal, que el jefe de Control Interno (OCI) de ese Poder del Estado sea designado por la Contraloría, como sucede en los ministerios, gobierno regionales y municipios.

Precisó que, en su calidad de jefe de Estado, ha decidido liderar la lucha contra la corrupción, tomando decisiones concretas.

En un mensaje a la Nación, donde hizo un balance de su gestión, refirió que su Gobierno creó la Secretaría de Integridad Pública, órgano técnico adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) como ente rector de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. 

Ha integrado además esfuerzos con la Contraloría y fortalecido a esta entidad para que vigile y fiscalice de manera permanente el uso de los recursos en todos los niveles de gobierno, a fin de garantizar que los proyectos se ejecuten de manera limpia, honesta y transparente.

Supervisión a cooperativas

El mandatario, asimismo, invocó al Congreso a aprobar cuanto antes las medidas de supervisión y control de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) a las cooperativas de ahorro y crédito.

Sostuvo que el lavado de activos es un flagelo que afecta al país y una medida como la planteada permitirá avanzar de manera concreta en la lucha contra ese delito.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció la creación de una comisión especial para el cobro de la deuda acumulada que tiene con el Estado las grandes empresas, que presentan casi el 1% del Producto Bruto Interno (PBI).

En un mensaje a la Nación, indicó que el crecimiento del país se logrará con inversión y mejora en la recaudación fiscal, más no con tasas impositivas.

"Se conformará una comisión ad hoc integrada por representes del Ministerio de Economía y Finanzas, y la Sunat, entre otras, para generar mecanismos de pago, con el objetivo de efectivizar el cobro de las deudas acumuladas", indicó el mandatario.

Renuncia del ministro Tuesta

El presidente Vizcarra, asimismo, anunció que junto al Presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva,  decidieron realizar modificaciones en el Gabinete, a fin de seguir avanzando en los objetivos planteados.

“Por eso, hemos aceptado la renuncia presentada por el ministro de Economía (David Tuesta), a quien reconocemos sus logros en esta etapa, y agradecemos profundamente su compromiso y el servicio brindado al país en estos meses de duro trabajo”, informó el mandatario.

Crecimiento económico

El Presidente de la República recalcó que en su gestión se está trabajando firmemente para impulsar el crecimiento económico y social del país, para recuperar la confianza de los peruanos en las instituciones y sus autoridades.

Mencionó que en el 2017 la economía solo creció en 2.5% lo que generó el aumento de la pobreza, sin embargo, durante dos meses de gobierno se logró recuperar el nivel de crecimiento “encontrándonos ya alrededor de un 5%, al mismo tiempo la inflación del último mes ha sido de tan sólo 0,04%”.

Fuerza Popular no puede estar ni un momento más a cargo de la Mesa Directiva del Congreso, porque la concentración del poder que ha ejercido en los últimos años le está haciendo mucho daño a la institución, opinó la congresista de Nuevo Perú, Marisa Glave.

“Hay que decirle a Fuerza Popular que no puede estar más en la Mesa Directiva. Es evidente que la concentración del poder le está haciendo daño al Congreso. No se trata de si quieren soltar o no (este cargo), sino de si van a tener la legitimidad para hacerlo”, manifestó en Canal N. 

En ese sentido, instó a las bancadas del Apra y de Alianza para el Progreso (APP), para que no se sumen a una mesa promovida por Fuerza Popular, tal como lo hicieron en los dos primeros años de gestión.

“Que quede claro que todas las fuerzas políticas, que no somos de Fuerza Popular, estamos dispuestos a plantearnos como una alternativa de gestión dentro del Parlamento”, aseguró.

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La pérdida de clases producto de una paralización magisterial como plantea una dirigencia no oficial del magisterio, no puede ser aceptada, afirmó el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, tras señalar que las horas que se pierden, no se pueden recuperar. 

Indicó que esta fue la posición de la Defensoría del Pueblo durante la huelga pasada, la misma que fue firme y se reeditará ante una nueva posibilidad de paralización.

“Las horas que se pierden (a causa de una huelga) no se recuperan, consideramos que de ninguna manera se puede aceptar la pérdida de clases, por ello, es bueno que el Gobierno dialogue, con todos que tengan representatividad institucional formal y material (en el magisterio)”, manifestó.

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El fallo del Tribunal Constitucional (TC) que excarcela a Ollanta Humala y Nadine Heredia debilita la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en el país, sostuvo Richard Concepción Carhuancho, el juez que dictó prisión preventiva contra la pareja presidencial.

Si bien dijo ser respetuoso de los fallos del TC, discrepó con la resolución de dicho organismo, no por razones personales, sino porque la sentencia, dijo, refleja un cambio en “las reglas de juego” y en los estándares exigidos para casos de prisión preventiva y hábeas corpus.

Concepción Carhuancho criticó que el TC haya dicho en su sentencia que un juez, antes de dictar prisión preventiva, a partir de una escucha telefónica, debe primero correr traslado a los investigados para determinar si estos reconocen o no su voz en dichas grabaciones, lo que significa alertarlos y ponerlos sobre aviso.

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El expresidente de la República, Ollanta Humala Tasso, negó hoy que él o su esposa Nadine Heredia, presenten desbalance patrimonial y atribuyó esa versión, publicada en un diario este domingo, al intento de la Fiscalía por justificar la investigación en su contra.

“Recibo con indignación este tema porque es una información sesgada y es un intento más de la Fiscalía por utilizar la fuerza para justificar una investigación que viene de años”, manifestó en declaraciones a una radio local.

Denunció que el peritaje realizado por la Fiscalía a sus cuentas no ha considerado los ingresos que tuvo en el periodo en el cual se desempeñó como agregado militar en el extranjero.

Además, sostuvo que dicho peritaje solo ha considerado sus ingresos hasta el año 2011, mientras que en el caso de su esposa ha analizado el periodo comprendido entre el 2005 y el 2016.

Igualmente, advirtió que la Fiscalía ha duplicado sus gastos y su costo de vida sin fundamento alguno.

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El presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Guido Lombardi, se mostró a favor de adoptar medidas de austeridad y reducción de gastos en el ámbito parlamentario, y planteó, en ese sentido, que cada legislador tenga solo un asesor y una secretaria en su despacho.

Consideró que el Congreso podría ahorrar los “centenares de millones” de soles gastados hoy en remuneraciones y en aspectos logísticos y de infraestructura propios de la labor realizada actualmente por todas las personas que trabajan para los legisladores.

A modo de ejemplo, Lombardi mencionó que en su despacho laboran seis personas que no solo perciben su respectiva remuneración, sino que también utilizan televisores, computadoras y consumen energía eléctrica en la oficina.

“Los congresistas deberíamos tener una secretaria y quizás un asesor, pero no un asesor I, un asesor II, un técnico, más secretaria, conserje y chofer. Es un escándalo”, expresó el también parlamentario de Peruanos por el Kambio (PPK), en entrevista con la Agencia Andina.

/MO/ /Andina/

A través de un comunicado oficial, el presidente de la República, Martín Vizcarra, dispuso declarar de interés nacional y prioridad del Estado la lucha contra la violencia hacia las mujeres, por lo que ha dispuesto crear una Comisión de Emergencia para enfrentar el problema crítico de la violencia.

La comisión estará presidida por el Presidente del Consejo de Ministros, la cual tambien estará integrada por los ministros y ministras de los sectores involucrados, representantes del Ministerio Público y Poder Judicial, diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil que luchan contra esta problemática. 

Esta comisión tendrá como objetivo la elaboración de un plan de trabajo para la implementación de una Política Pública que brinde protección, prevención y atención en casos de violencia hacia las mujeres, para lo cual se le asignará los recursos necesarios.