Política

La Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso realizará una acción de seguimiento al uso de las facultades legislativas delegadas al Poder Ejecutivo, y proyectos urgentes orientados a enfrentar los efectos del fenómeno El Niño, señaló su presidente, Manuel Merino De Lama.

Luego de ser elegido presidente de ese grupo dictaminador, detalló que también se realizará seguimiento a las demandas de los fonavistas, y la situación de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. 

Merino fue elegido presidente de ese grupo de trabajo por unanimidad y con él fueron designados Carlos Bruce, como vicepresidente y Juan Pari, como secretario. 

“Estoy seguro de que nosotros trabajaremos en bien del país, por encima de consideraciones políticas o partidarias”, afirmó al instalar dicha comisión. 

A su turno, Tomás Zamudio señaló que la comisión debe trabajar sobre la base de grandes consensos y establecer un grupo de trabajo que aborde los temas relacionados al cambio climático y biodiversidad.

Por su parte, el congresista Rolando Reáteguin (FP) solicitó que se invite al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton Von Hesse La Serna, para que explique los alcances de un decreto supremo relativo a las obras que realizan los alcaldes, por un lado, y luego la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), en otros aspectos. 

“Es necesario un control político en esto”, anotó el legislador fujimorista.

El congresista Merino De Lama adelantó que se recogerá las sugerencias de todos los legisladores y serán consideradas en el plan de trabajo de la comisión. 

/CCH/ Andina

La Contraloría General detectó presuntas irregularidades en la contratación del servicio de reparación  e inspección de cuatro aeronaves por parte de la Escuela de Aviación Civil (EDACI) de la Fuerza Aérea del Perú en el 2013, que habrían ocasionado un perjuicio económico por S/. 1'500,400. 

Una comisión auditora identificó irregularidades en la elaboración del requerimiento y en el estudio de mercado del referido servicio, en la suscripción de los contratos, en el otorgamiento de las conformidades del servicio contratado y en el trámite del pago del monto contractual. 

Se evidenció que el Director de la Escuela de Aviación Civil junto al representante legal de la empresa ganadora de la buena pro suscribieron los contratos, 14 días hábiles después de haberse vencido el plazo para la presentación de los documentos necesarios para dicha firma, es decir cuando de acuerdo a las normas la empresa ya había perdido automáticamente la buena pro del proceso de selección. 

Asimismo, el Jefe del Departamento de Mantenimiento, el Jefe del Departamento de Abastecimiento y el mencionado representante legal suscribieron cuatro actas de recepción y conformidad del servicio, dos días después del vencimiento del plazo previsto para la referida prestación, sin que se haya acreditado el cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos, que la prestación haya culminado y pese a que las aeronaves se encontraban inoperativas. 

Sin embargo, las actas no fueron el único documento de conformidad. Incluso antes de la suscripción de las actas, los mencionados funcionarios junto al Jefe del Departamento de Finanzas y el Director de la Escuela de Aviación Civil certificaron la recepción del servicio, inclusive se encontraban tramitando el pago de S/. 1'500,400 a favor de la empresa. 

En el examen especial también se detectó que el Jefe del Departamento de Mantenimiento remitió los términos de referencia sin contar previamente con los estudios y/o informes técnicos de viabilidad costo – beneficio de las aeronaves y sin que se efectuará la identificación plena de cada una de ellas, al no consignar el número de serie de fabricación, ni el número de certificado tipo. 

De igual modo, se determinó que cuando se efectuó el requerimiento del servicio de reparación e inspección de las cuatro aeronaves, dos de ellas se encontraban con las matrículas canceladas y además estaban gravadas a favor de la Dirección General de Aeronáutica Civil y no de la Escuela de Aviación Civil del Perú. En la actualidad ambas aeronaves no cuentan con el respectivo certificado de aeronavegabilidad. 

A pesar de lo anteriormente expuesto, el Director de la EDACI tramitó el pago total de S/. 1'500,400, en favor de la empresa ganadora de la buena pro antes de la suscripción de la conformidad del servicio, sin corroborar la culminación de la prestación del servicio, ni el cumplimiento de las condiciones pactadas. Las cuatro aeronaves en mención a la fecha de la culminación de la acción de control se encontraban inoperativas. 

Los hechos descritos evidencian indicios razonables del delito de Colusión Ilegal Agravada por lo que la Procuraduría Pública de La Contraloría denunció ante la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima a cinco involucrados en el caso, incluyendo al representante legal de la empresa. 

/CCH/ Prensa Contraloría

Con el fin de impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la agenda climática interna y avanzar de manera participativa, planificada y organizada en la ruta hacia la COP21 en París, el Ministerio del Ambiente pondrá en marcha la Segunda Semana del Compromiso Climático, del 24 al 28 de agosto.

En ese periodo se contará con más de 20 actividades que incluirán espacios de debate, sensibilización, comunicación, discusión, intercambio de experiencias y construcción de un ideario común con miras a la construcción de la agenda nacional.

El resultado será un punto de encuentro y debate entre diferentes actores involucrados en generar acciones y que impulsen los compromisos de mitigación y las iniciativas de adaptación.

Durante esas fechas se abordarán temas como ciudades sostenibles, género y cambio climático, negocios rentables en bosques, la Encíclica Laudato Si presentada por el Papa, el rol de los actores no estatales en la agenda Acción Lima-París, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático.

Además, las actividades estarán enfocadas a todos los actores, tanto niños, jóvenes, investigadores, periodistas, el sector privado, organizaciones de mujeres y representantes del sector público; y contarán con la presencia de destacados expositores internacionales como, Janos Pasztor, secretario general adjunto para el cambio climático de la ONU.

También asistirá Jeffrey Sachs, asesor especial de Ban Ki-moon; Oliver de Guibert , representante del Ministerio de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía de Francia; y Karoliina Anttonen, del Ministerio de Empleo y Economía de Finlandia; entre otros.

Asimismo, se contará con espacios de sensibilización al público en general, como la proyección del documental Home, en la Huaca Pucllana; la presentación del libro “Lecciones de la tierra. Una travesía de aprendizaje por comunidades rurales del Perú que se enfrentan con éxito al cambio climático”, y la exposición fotográfica del mismo nombre que estará alojada en el Parque Salazar.

Todas estas actividades estarán acompañadas por la iniciativa Pon de tu parte quien buscará la generación de compromisos de todos los participantes.

/CCH/ Andina

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones Francisco Távara Córdova expresó su confianza de que exista consenso en el Pleno del Congreso de la República para que se aprueben los temas de la reforma electoral que quedan pendientes.

“Saludamos el anuncio que hizo el presidente del Parlamento Luis Iberico de que este jueves se debatirán las iniciativas que aún faltan aprobarse. Con agrado hemos escuchado la posición de diferentes bancadas a favor de la reforma electoral. Confiamos en que el Congreso nos permita tener una clase política más idónea y reglas más rígidas en los procesos electorales”, remarcó.

Távara Córdova indicó que sería recomendable que se apruebe lo relacionado a la democracia interna y al financiamiento a los partidos políticos. “Serían las más urgentes para poder aplicarlas en las próximas elecciones generales”, subrayó.

Manifestó que la aprobación de los cambios en la ley respecto de la democracia interna permitiría que la participación obligatoria de los organismos electorales le dé mayor legalidad al proceso de elección interna de candidatos y que estos sean el reflejo de la voluntad de los militantes. “Con esto, incluso podría entrar en debate el voto preferencial, ya que no sería necesario”, anotó.

Mientras que el financiamiento público, que está aprobado por ley, servirá para ser utilizado en actividades de formación, capacitación e investigación y en actividades de funcionamiento ordinario de las organizaciones políticas. “Esto les serviría para formar a sus futuros líderes y consolidar sus instituciones”, dijo el titular del JNE.

Por otro lado, el financiamiento privado permitirá un mejor control de los aportes a los partidos políticos. “En este proceso electoral, se ha puesto de manifiesto, más que en otros procesos anteriores, que algunos candidatos tendrían vínculos con delitos graves o que recursos provenientes del narcotráfico o de otras actividades ilícitas estarían ingresando a la política. Por ello, se requiere adoptar medidas legislativas urgentes”, sostuvo. 

/CCH/ Prensa JNE

El presidente del Congreso, Luis Iberico, recibió al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Mariano Cucho, con quien trató sobre la importancia del debate y aprobación de las reformas electorales pendientes de discusión en el Poder Legislativo.

Durante la cita, Cucho explicó que reformas cruciales, como la participación de los organismos del sistema electoral en los comicios internos de los partidos, y las sanciones por infracciones en la rendición de cuentas partidarias, fueron presentadas en el 2013, pero aún no son aprobarlas.

Agregó que estas reformas constituyen medidas que pueden contribuir a recuperar la confianza ciudadana en las organizaciones políticas.

“Estamos a pocos meses de los próximos comicios y creemos que el Congreso tiene la gran oportunidad de discutir estas reformas para poder aplicarlas en estas elecciones generales de 2016”, señaló en declaraciones a los periodistas, en la sede del Congreso de la República, escenario de la cita. 

Añadió, en esa línea, que el país merece ingresar a los próximos comicios con normas que incentiven la transparencia de las finanzas partidarias y contribuyan a legitimar los procesos de elección interna de los candidatos, lo que, a su vez, fortalecerá a los partidos políticos.

Señaló que la reforma sobre democracia interna, que establece elecciones simultáneas de candidatos mediante el mecanismo “un militante un voto”, incentivará la vida partidaria y coadyuvará a obtener una representación parlamentaria más cohesionada y estable.

Asimismo, la iniciativa que fija un cuadro de sanciones efectivas a los partidos que cometan infracciones en materia de transparencia de las finanzas partidarias, contribuye a prevenir el riesgo del ingreso de recursos de fuente prohibida e, incluso, ilícita, como el narcotráfico, recordó.

En ese sentido, expresó su respaldo al proyecto para crear una ventanilla única de antecedentes de los aportantes, que posibilitará a las organizaciones políticas conocer de quiénes reciben aportes, así como la legalidad de sus actividades económicas y su solvencia moral.

Cucho Espinoza informó, asimismo, que la ONPE ha presentado al Congreso una iniciativa legislativa para que se incluya la dirección de los ciudadanos en el padrón electoral, lo que permitirá a los electores votar en las próximas elecciones más cerca de sus domicilios.

Ese proyecto, explicó, busca solucionar el problema que enfrentan millones de ciudadanos de los grandes distritos de las ciudades del país, quienes el día de los comicios deben ir a sufragar en locales de votación ubicados lejos de sus domicilios, lo que genera pérdida de tiempo y caos vehicular.

Asimismo, facilitar el ejercicio del derecho al voto de los electores de más de 70,000 centros poblados de zonas alejadas del país que, para ejercer ese derecho ciudadano, deben realizar recorridos de varias horas o, incluso, días.

“Confiamos y esperamos que haya voluntad política de las diversas bancadas para tratar estos temas”, puntualizó.

/CCH/ Andina

La jefa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Magali Rojas, negó que se hayan perdido 800,000 archivos de contrataciones por un colapso del sistema informático de la institución en 2012.

Tras rechazar la información brindada al respecto por un diario local, dijo que lo único que se afectó entonces fue la visualización parcial o total de algunos archivos que se registran junto con la ficha de cada proceso.

"La base de datos jamás colapsó, y que el problema de visualización se superó en un 92 por ciento y que en el ocho por ciento restante no se encuentran casos emblemáticos”, precisó.

Asimismo aclaró que la OSCE no custodia los expedientes de contratación, ya que esa labor recae en las entidades que convocan los procesos y contratan.

"No estamos obligados a custodiar los expedientes, por lo tanto no podemos perder algo que no custodiamos", añadió.

Además, advirtió que el problema de visualización se originó por una negligencia de un funcionario que ya fue sancionado por no presentar a tiempo el plan de informática, documento de gestión en el que se sostiene la planificación para comprar hardware, software y dar sostenibilidad al sistema.

Tras adelantar que enviará una carta notarial al medio que dio la información errónea del supuesto colapso, Rojas negó ser cercana al Presidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia.

/CCH/ Andina

Existen méritos suficientes para que la Fiscalía de la Nación abra una investigación al expresidente Alan García por el caso "narcoindultos", sostuvo el exprocurador anticorrupción Julio Arbizu, al comentar el avance de este juicio que incluye a 13 personas pero no al exmandatario.

"Lo que han dicho los dos primeros testigos (respecto al pago para las conmutaciones) confirma la contundencia de las imputaciones y pone otra vez sobre la mesa el hecho de que si condenan a las 13 personas la justicia será parcial pues ninguno de ellos tenía la capacidad para decidir", indicó.

Según Arbizu, la decisión de las conmutaciones de pena e indultos se encontraba en el "ámbito exclusivo de García" y pasaba por la opinión de sus ministros de Justicia de turno, como fue Aurelio Pastor.

Para el exabogado del Estado, el hecho de que se haya condenado ya al primero de los implicados (Henry Cutipa) significa que nadie podrá volver a decir que acá nunca hubo algún delito formalmente.

En su opinión, los "narcoindultos" ofrecen un mensaje claro de la forma cómo se gobernó en el régimen anterior, algo que, dijo, debería tenerse en cuenta teniendo en cuenta las elecciones presidenciales 2016.

"Contravino la obligación del Estado de luchar contra el narcotráfico y por la seguridad ciudadana; por un lado el Poder Judicial condenaba a las bandas y por otro el Ejecutivo las soltaba. Fue nefasto", añadió.

Arbizu recordó que se solicitó a la Fiscalía de la Nación abrir una investigación a Alan García en tres oportunidades (dos cuando José Peláez estaba a la cabeza y una con Carlos Ramos), pero fue denegado.

"Que en el pasado estos fiscales hayan omitido abrir una investigación no es obstáculo para que ahora la Fiscalía, con un titular independiente y autónomo como Pablo Sánchez, decida hacerlo", afirmó.

"Cualquier ciudadano que rechaza la impunidad espera que las investigaciones en torno a un caso tan grave como este comprometan a todos los responsables. Confío en el buen juicio del fiscal Sánchez", añadió.

/MRM/

El Contralor Fuad Khoury presentó el estudio “Causas y efectos de las renegociaciones contractuales de las Asociaciones Público Privadas en el Perú”, donde se analizó 10 contratos de concesión que involucran una inversión mayor a los 6, 000 millones de dólares.

Los 10 contratos examinados fueron suscritos entre 1991 y 2013, y estuvieron afectos a la firma de 39 adendas, lo que evidencia que existe una alta incidencia de contratos que requirieron renegociar las condiciones iniciales, a causa de factores identificados en la ejecución de los proyectos.

Durante una reunión con representantes de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), Khoury precisó que el mayor número de adendas se concentró en dos concesiones cofinanciadas de la muestra.

Se trata de IIRSA SUR, Tramo 2 (Urcos – Inambari), Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias, y en una concesión autosostenible con garantías: el Proyecto de Derivación Huascacocha – Rímac.

Dijo que, en general, las adendas examinadas fueron firmadas poco tiempo después de su adjudicación.

En promedio, se realizaron antes de que hayan transcurrido los tres primeros años de vigencia de los contratos, plazo muy corto si se tiene en cuenta que las concesiones en promedio se otorgaron por 27 años.

TEMAS RECURRENTES

Las materias recurrentes que han generado los procesos de renegociación en los contratos de concesión están relacionadas con obras (modificación del expediente técnico, adicionales de obra o ejecución de obras complementarias), financiamiento de las concesiones (orientadas a que los proyectos sean viables financieramente) y el saneamiento legal de los terrenos.

Al analizar las razones que originaron las renegociaciones en los contratos de las APP, el estudio de la Contraloría General de la República determinó que, de las 39 adendas analizadas, 35 de ellas se sustentan en causas que pudieron ser previstas en el diseño del contrato.

Igualmente, se identificó que 11 adendas fueron suscritas producto del incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Estado, referidas al saneamiento de los terrenos y a las autorizaciones y permisos, principalmente.

Khoury explicó que el incumplimiento de las obligaciones contractuales afecta la eficiencia de los proyectos y los plazos de la puesta en operación de los mismos, por consiguiente posterga los beneficios que estos proyectos debían generar a favor de la ciudadanía.

Agregó que se ha determinado que en algunos casos hubo problemas en el diseño del contrato, como no realizar el estudio básico, que los estudios estuvieron mal elaborados, que el monto de inversión fue mal estimado o que se definió inadecuadamente la asignación de riesgos.

Las adendas analizadas, mencionó, han modificado las condiciones bajo las cuales las concesiones fueron adjudicadas, generando efectos sobre las obligaciones contraídas por las partes, los montos de inversión y los plazos de ejecución del proyecto.

/MRM/

La expresidenta del Congreso, Ana María Solórzano, consideró que hay una "mafia delictiva" que quiere poner en cuestión la transparencia de la Primera Dama, Nadine Heredia, e indicó que las acusaciones en su contra obedecen al miedo del APRA en su afán de ocultar el caso "narcoindultos".

Precisó que parte de la información que se consigna en unas agendas, cuya autoría se quiere atribuir a la presidenta del Partido Nacionalista, corresponde al tiempo en que su secreto bancario había sido levantado por una investigación fiscal.

Consideró, en ese sentido, que esta acusación contra Heredia Alarcón evidencia el miedo que le tienen y es una "cortina de humo" para esconder las revelaciones del caso "narcoindultos", proceso en el cual ayer dos testigos confirmaron que la comisión de indultos cobraba por otorgar conmutaciones durante el segundo gobierno aprista.

"Es un miedo, una distracción; es muy raro que la noticia de ayer sean los 'narcoindultos' y las portadas de hoy, las agendas; se puso sin duda que se cobraban 15,000 dólares por indulto, pero ahora ese no es el tema, sino que todos quieren seguir con las agendas", sostuvo.

"Es una cortina de humo, es una estrategia de miedo del APRA (...). Ojalá no fuera así, estaríamos en una campaña sucia, sin escrúpulos", añadió.

Precisó, además, que detrás de esta acusación hay una "mafia delictiva" que quiere poner en cuestión la transparencia de la Primera Dama, mezclando información falsa con otra que corresponde al levantamiento de su secreto bancario.

/MRM/

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), aprobó el nuevo Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas, que entre sus novedades simplificará los procedimientos de inscripción, así como la presentación y verificación de firmas de adherentes de los partidos y movimientos regionales y locales.

La aprobación, a cargo del Pleno del JNE, se dio en cumplimiento a la Ley Orgánica del ente electoral, que atribuye la función de dictar la reglamentación del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), necesarias para su adecuado funcionamiento.

Dicho instrumento permitirá, además, la reducción de los tiempos para los procedimientos de modificación de la partida electrónica de las agrupaciones políticas.

Con el nuevo reglamento, las organizaciones políticas también tendrán la obligación de contar con una página web que proporcione información relevante a la población y a sus afiliados.

Para ello, la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas brindará la asistencia técnica para el diseño de sus portales.

Otra de las novedades es la creación de la figura de la denegación por efecto insubsanable, que consiste en rechazar las solicitudes de inscripción -de manera rápida y sin contratiempos- a las agrupaciones que no se ajusten al ordenamiento jurídico vigente o atenten contra este.

El nuevo Reglamento entrará en vigencia a los 30 días de su publicación en el diario oficial El Peruano.

/P.A.G./ Andina