El Contralor Fuad Khoury presentó el estudio “Causas y efectos de las renegociaciones contractuales de las Asociaciones Público Privadas en el Perú”, donde se analizó 10 contratos de concesión que involucran una inversión mayor a los 6, 000 millones de dólares.

Los 10 contratos examinados fueron suscritos entre 1991 y 2013, y estuvieron afectos a la firma de 39 adendas, lo que evidencia que existe una alta incidencia de contratos que requirieron renegociar las condiciones iniciales, a causa de factores identificados en la ejecución de los proyectos.

Durante una reunión con representantes de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), Khoury precisó que el mayor número de adendas se concentró en dos concesiones cofinanciadas de la muestra.

Se trata de IIRSA SUR, Tramo 2 (Urcos – Inambari), Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias, y en una concesión autosostenible con garantías: el Proyecto de Derivación Huascacocha – Rímac.

Dijo que, en general, las adendas examinadas fueron firmadas poco tiempo después de su adjudicación.

En promedio, se realizaron antes de que hayan transcurrido los tres primeros años de vigencia de los contratos, plazo muy corto si se tiene en cuenta que las concesiones en promedio se otorgaron por 27 años.

TEMAS RECURRENTES

Las materias recurrentes que han generado los procesos de renegociación en los contratos de concesión están relacionadas con obras (modificación del expediente técnico, adicionales de obra o ejecución de obras complementarias), financiamiento de las concesiones (orientadas a que los proyectos sean viables financieramente) y el saneamiento legal de los terrenos.

Al analizar las razones que originaron las renegociaciones en los contratos de las APP, el estudio de la Contraloría General de la República determinó que, de las 39 adendas analizadas, 35 de ellas se sustentan en causas que pudieron ser previstas en el diseño del contrato.

Igualmente, se identificó que 11 adendas fueron suscritas producto del incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Estado, referidas al saneamiento de los terrenos y a las autorizaciones y permisos, principalmente.

Khoury explicó que el incumplimiento de las obligaciones contractuales afecta la eficiencia de los proyectos y los plazos de la puesta en operación de los mismos, por consiguiente posterga los beneficios que estos proyectos debían generar a favor de la ciudadanía.

Agregó que se ha determinado que en algunos casos hubo problemas en el diseño del contrato, como no realizar el estudio básico, que los estudios estuvieron mal elaborados, que el monto de inversión fue mal estimado o que se definió inadecuadamente la asignación de riesgos.

Las adendas analizadas, mencionó, han modificado las condiciones bajo las cuales las concesiones fueron adjudicadas, generando efectos sobre las obligaciones contraídas por las partes, los montos de inversión y los plazos de ejecución del proyecto.

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