Política

El Ministerio Público y la Procuraduría del Ministerio del Interior (Mininter), apelarán la decisión de la jueza de Mollendo, que declaró infundado el pedido de la fiscalía, para que se revoque la condena de prisión suspendida contra seis dirigentes antimineros de Islay, entre ellos Pepe Julio Gutiérrez, y el alcalde de Dean Valdivia, Jaime de la Cruz.

El procurador de Orden Público del Mininter, Juan Carlos Portocarrero, dijo que la jueza Yanet Lastra cometió una incoherencia en su resolución, pues por un lado le da la razón a la fiscalía, pero al final decide sólo amonestar a los condenados, antes de declarar la prisión efectiva.

Al explicar el tema, dijo que este caso se remonta al año 2010, cuando Gutiérrez junto a Jaime Trinidad De La Cruz Gallegos, Milton Abramonte Cienfuegos, Hubert Efraín Puma Puma y Rubén Quispe Coya, fueron condenados a cuatro años de prisión suspendida, también por sus protestas contra Tía María.

Consideró que al ser suspendida, los condenados debieron guardar ciertas reglas de conducta, entre ellas, firmar mensualmente el libro del juzgado, reportar sus actividades laborales y pagar la reparación civil solidaria de 20 mil nuevos soles. 

Portocarrero señaló que ninguna de estas reglas se ha cumplido, lo que motivó a la Fiscalía a solicitar que la prisión se haga efectiva.

Sin embargo, en su resolución, lo que ha hecho la jueza es admitir que efectivamente, los antimineros no cumplieron con las reglas de conducta, pero de manera contradictoria resuelve que sólo los va a amonestar, aduciendo que no habrían sido requeridos en su oportunidad.

Por esa razón, el representante del Mininter informó que tanto el fiscal como el procurador de Mollendo van a apelar, a la espera de que la sala superior rectifique esta decisión.

Además, el procurador Portocarrero dijo que la jueza Lastre Ramírez debió inhibirse del caso, porque hay un audio de Pepe Julio Gutiérrez en que la menciona, para asegurar que no irá a la cárcel.

Advirtió que esta resolución genera un problema para la fiscalía, pues el viernes se cumplen los 7 días de detención preliminar dictada contra Gutiérrez, y se esperaba que con esta resolución siguiera detenido para ampliar la investigación.

Pero, por el contrario, el dirigente antiminero hace todo lo posible para dilatar las investigaciones, como negarse a dar muestras de su voz, para compararlo con la que se escucha en el audio, en el que supuestamente pide dinero para detener la protesta.

Inverosímil decisión judicial

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén, calificó de "inverosímil decisión judicial" la determinación de la jueza Yanet Lastra porque -dijo- ahonda el estado de impunidad en el cual se desenvuelven las personas que promueven las protestas contra el proyecto minero Tía María en Islay.

Expresó también su profundo malestar por la decisión de la jueza Janet Lastra, quien rechazó el pedido de pena suspendida por el de efectiva contra los dirigentes que son responsables de fomentar la violencia en el valle de Tambo.

/C.CH.A./ Andina

En el Ministerio de Justicia existe la presunción que las protestas contra el proyecto minero Tía María y las movilizaciones de apoyo a esta que se dan y se anuncian en diversos puntos del país, tendrían un financiamiento común que provendría del lavado de activos, sostuvo el titular del sector, Gustavo Adrianzén.

"Es absolutamente valido inferir esta unidad", señaló el funcionario, quien mencionó los casos de Celendín y Cajamarca como ejemplos de situaciones similares.

En tal sentido, dijo que las investigaciones permitirán "en breve tener definido con claridad el núcleo de esta organización criminal, y llegar a la fuente de financiamiento".

En este punto, el ministro Adrianzén expresó su extrañeza porque los participantes en las movilizaciones antimineras cuentan a diario con "albergue, desayuno, almuerzo y comida, y además pago de salarios".

"Ese dinero, presumimos nosotros, proviene del lavado de activos; tiene que ser dinero negro que sirve para financiar a estas hordas criminales , y llegaremos hasta allí con las investigaciones del caso", anotó.

Adrianzén señaló también que hay 38 denunciados por los disturbios suscitados en Arequipa, y expresó su extrañeza que algunos de ellos "tengan hasta tres abogados", pese a que no han cumplido con pagar la reparación civil que se les ha impuesto. 

De igual manera, calificó a los denominados 'Espartambos' como "violentistas" y estimó que ellos -un grupo dedicado al lanzamiento de piedras con huaracas- serían los responsables de la muerte del policía Alberto Vásquez. 

"Hay intención delictiva"

Por su parte, el procurador de Orden Interno Juan Carlos Portocarrero estimó que "no estamos ante hechos aislados ni casuales".

"Se ha evidenciado con bastante certeza que hay intención delictiva de instrumentalizar una protesta, y en base a esta instrumentalización pasar por encima de la propiedad pública y privada", indicó.

Ante la posibilidad de que estas acciones se hagan extensivas a otras provincias del sur del país, Portocarrero exhortó a los agentes administradores de justicia a afrontar con firmeza lo que vaya a ocurrir a causa de estos grupos.

/CCH/ Andina

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso informó que convocará a la canciller Ana María Sánchez para que detalle las acciones del Gobierno ante la Corte de La Haya, a fin de precisar a ese tribunal internacional que el inicio de la frontera terrestre con Chile es el Punto Concordia y no un mal denominado “Punto 1”.

El primer pedido fue planteado por la congresista Natalie Condori, quien sostuvo que Chile pretende que el “Punto 1” marque la frontera sur con el país vecino. 

Esa opinión fue respaldada por Daniel Abugattás (NGP), quien propuso que, además, asista el ex jefe del equipo peruano ante La Haya, Allan Wagner. 

La Comisión de Relaciones Exteriores también citará a la ministra de Comercio Exterior, Magali Silva, para que informe sobre los pormenores del Tratado Trans Pacífico (TTP) y la participación del Perú en dicho acuerdo comercial 

El grupo multipartidario presidido por Lourdes Alcorta también anunció las coordinaciones con el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, para que se presente a dicha comisión e informar sobre los procedimientos, casos y defensas que ha realizado el Perú ante la Corte Internacional de Derechos Humanos.

Luego, la comisión aprobó los predictámenes de los Tratados Internacionales Ejecutivos 346 y 347, entre ellos el convenio en materia de medio ambiente entre los gobiernos de Perú y Rusia. 

También figura el acuerdo entre los gobiernos de Perú y Estados Unidos en materia de cooperación para fortalecer la seguridad de los contenedores de carga.

/CCH/ Andina

El exministro aprista Aurelio Pastor fue trasladado al penal Piedras Gordas II, en Ancón, para cumplir su condena de cuatro años de prisión por el delito de tráfico de influencias.

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) dijo que el traslado se realizaría de todas maneras hoy, apenas culmine la clasificación de los 41 internos que aguardan en la carceleta del Poder Judicial.

Asimismo, informó que en el caso de Churchill Orellana, hijo adoptivo de Rodolfo Orellana, capturado el fin de semana, su destino será Piedras Gordas 1, debido a que sus delitos son más graves.

Según explicó, al exministro aprista le corresponde Piedras Gordas II porque se trata del delito de tráfico de influencias;mientras que el hijo de Orellana es procesado por asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.

Churchill Orellana debe cumplir una prisión preventiva de 18 meses dispuesta por las autoridades judiciales.

El exministro aprista se puso a disposición del Poder Judicial esta mañana, luego de que el viernes pasado la Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial ratificara la sentencia de cuatro años de prisión por el delito de tráfico de influencias.

/CCH/ Andina

El ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, descartó cualquier intencionalidad política del Gobierno en la sentencia aplicada por el Poder Judicial contra el exministro del gobierno aprista Aurelio Pastor.

Adrianzén aseguró que el Poder Judicial es una institución autónoma y que como tal emite sus sentencias con plena independencia.

En respuesta a las declaraciones del propio Pastor, quien dijo que el Gobierno estaría detrás de la sentencia en su contra, Adrianzén expresó que el Gobierno es respetuoso de esa independencia.

Por ello, ratificó que el Ejecutivo no influyó en ninguna medida en la mencionada condena.

Aurelio Pastor, exministro de Justicia del segundo gobierno aprista, fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por tráfico de influencias.

Según la sentencia, el delito fue cometido cuando Pastor ofreció en el 2012 a la entonces alcaldesa de Tocache, Corina de la Cruz, usar su influencia política en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para salvarla de una revocatoria, a cambio de 60,000 nuevos soles.

/CCH/ Andina

La Procuraduría Anticorrupción viene tomando "las acciones pertinentes" respecto a la denuncia sobre sustracción de fondos del programa Juntos por parte de funcionarios y empleados del Banco de la Nación, y buscará que se apliquen penas severas en este caso, aseguró el ministro de Justicia Gustavo Adrianzén.

"Robar es malo, pero robar a los pobres es peor todavía", manifestó en conferencia de prensa brindada este mediodía en la sede del Ministerio a su cargo.

Como ejemplo de ello, mencionó la reconsideración planteada por el procurador Joel Segura a fin de que la pena a aplicarse en este caso no necesariamente sea benigna.

Ello estaba a punto de ocurrir teniendo en cuenta la manera en que se desarrollaba el proceso, por lo cual se tomaron cartas en el asunto, dijo el funcionario.

"No lo vamos a permitir; hemos recurrido a esa decisión del Poder Judicial y nos aseguraremos de que se encauce este proceso teniendo en cuenta el delito más grave cometido", añadió.

Recalcó, por tanto, que el procurador a cargo, Joel Segura, está iniciando las acciones pertinentes y actuando a nivel judicial.

Una denuncia periodística dio cuenta de que funcionarios del Programa Juntos, en aparente complicidad con cajeros del Banco de la Nación, desviaron para sus fines personales recursos destinados a los pobres.

/CCH/ Andina

El ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, pidió al Poder Judicial dictar prisión efectiva contra cinco dirigentes de la provincia de Islay acusados de fomentar la violencia en esa zona del país en el marco de las protestas contra el proyecto minero Tía María.

"No podemos seguir dando síntomas de impunidad ni permitir que aquellos que infringen el ordenamiento legal vigente sigan en las calles", señaló, para luego recordar que estos dirigentes ya habían sido condenados por acciones de esta índole anteriormente.

Se trata de Pepe Julio Gutiérrez, Rubén Quispe Colla, Huber Puma Puma, Jaime de la Cruz Gallegos y Milton Abramonte Cienfuegos, acusados de promover violencia en esta zona de la región Arequipa.

La solicitud de Adrianzén fue respaldada por la Procuraduría de Orden Interno del Ministerio del Interior, cuyo titular, Juan Carlos Portocarrero, acompañó al representante del Poder Ejecutivo en la conferencia de prensa ofrecida para sustentar este pedido.

El ministro consideró necesario "que todas las entidades del Estado den muestras de que la impunidad no será tolerada y de que en el país quienes violentan la ley reciben una sanción".

La invocación fue hecha en vista de que esta tarde se realizará en Mollendo la audiencia judicial en la que se verá el pedido del Ejecutivo de revocatoria de la pena suspendida por incumplimiento de reglas de conducta de los mencionados dirigentes, opuestos a la actividad minera en el Valle del Tambo.

Tanto Adrianzén como el procurador Portocarrero señalaron que los cinco denunciados "no han cumplido con las reglas de conducta que les fueron establecidas".  

Además, no han cumplido con el pago de la reparación civil impuesta en contra de varios de ellos.

Sesenta policías dan seguridad a la sede del Poder Judicial en Mollendo, pero de ser necesario se duplicará ese número, a fin de garantizar la seguridad de quienes están encargados de la administración de justicia en este lugar, indicó el ministro.

Ayuda a refugiados

En otro momento, el funcionario dio cuenta de la recepción de un acta suscrita por 60 personas que, junto a sus familias, han sido desplazadas a la fuerza por los violentistas del Valle del Tambo por estar en desacuerdo con las protestas.

"Han tenido que buscar refugio estatal y se encuentran actualmente en una sede del Instituto Peruano del Deporte en Arequipa", señaló.

A fin de brindarles asistencia, se ha coordinado para que estos ciudadanos puedan incorporarse al Seguro Integral de Salud.

Igualmente, han iniciado las gestiones para que sus hijos reanuden las clases en centros educativos de Arequipa, y recibirán ropa y calzado, añadió.

"Nuestros ciudadanos no pueden ser objeto de vejaciones", indicó tras señalar que las autoridades arequipeñas deben de actuar al respecto.

/CCH/ Andina

Audios grabados por las autoridades peruanas confirman la estrecha relación entre los remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso con la organización de narcotraficantes colombianos conocida como “Los Cafeteros” en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

Según el programa “Cuarto Poder”, miembros de esta organización colombiana mantienen una estrecha comunicación con los hermanos Quispe Palomino, cabecillas de los terroristas en esta zona del país.

La relación es estrecha, dado que el número dos de los colombianos, identificado con el alias de “Bellota”, actualmente prófugo de la justicia, solicita el asesinato de una persona a un mando senderista.

En otro de los audios, “Bellota” se comunica con el terrorista “William” a quien le manifiesta la urgencia de completar un “trabajo”.

Dicho “trabajo” sería el asesinato del comunero Moisés Condori Moscoso, cuyo cuerpo abaleado apareció el mismo día en que se produjo la conversación entre los mencionados delincuentes.

También están registradas conversaciones entre el delincuente narcotraficante y el camarada "Alipio", quien le solicita comprar pilas y otros artículos.

Asimismo, en un audio entre “Bellota” y el ahora fallecido camarada “Gabriel”, uno de los máximos líderes de Sendero Luminoso, se les escucha pactar una reunión para ponerse de acuerdo en algunos temas.

Las investigaciones de este caso estuvieron a cargo de la división de investigaciones especiales de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (Dirandro), la División de Investigaciones Especiales y la Fiscalía Antidrogas de Ayacucho.

Según el reportaje, los colombianos involucrados en este caso serán denunciados por el delito de financiamiento al terrorismo.

La importancia de estos audios radica en que prueban la estrecha relación entre ambos grupos.

"Hemos presentado escuchas legales, pericias, homologaciones de voz. Por primera vez estamos corroborando el vínculo entre el narcotráfico y Sendero en el VRAEM", aseguró Mery Zuzunaga, fiscal antidrogas de Ayacucho.

El general Moisés del Castillo, jefe de Inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, destacó que las denuncias por financiamiento al terrorismo servirán para disuadir a los narcotraficantes a apoyar a los terroristas, debido a que las penas serían más altas.

/MRM/

La ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, subrayó que el Gobierno está a la espera de la designación de los interlocutores válidos representantes de la provincia de Islay, a fin de reiniciar el diálogo cuyo objetivo es restablecer la paz social en esta zona de la región Arequipa.

Ortiz subrayó que la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, debe designar a esos interlocutores, quienes formarán parte de las mesas de desarrollo próximas a instalarse.

“(…) conversaremos con ellos y creo que sí existe una verdadera voluntad de diálogo”, puntualizó.

Por otro lado, aseguró que el gobierno exigirá a la empresa Southern que cumpla con hacer todo lo necesario para revertir la mala imagen que la población tiene sobre ella y que ha generado dudas sobre los efectos que el proyecto Tía María podría tener en el ecosistema de Islay.

“El gobierno va a hacer el trabajo que le corresponde; (…) cuando conversemos con la empresa le vamos a exigir que cumpla con la parte que le toca que es revertir esa visión que tiene la gente de su empresa (…), manifestó en declaraciones al programa Agenda Política.

Ortiz aseguró que si Southern no cumple con esta obligación no logrará conseguir las condiciones para sacar adelante el citado proyecto minero, cuya ejecución fue suspendida por 60 días ante la fuerte oposición de la ciudadanía de Islay.

En ese marco, consideró que el reciente comunicado del Grupo México, no contribuye a generar las condiciones para ese objetivo, puesto que no adelanta medidas para conseguir el respaldo de la población.

“Si no cambian de actitud no van a sacar adelante ese proyecto y no porque el gobierno no se los dé, sino porque ellos mismos no están haciendo el esfuerzo (…)”, manifestó.

/MRM/

El abogado del expresidente Alberto Fujimori, William Castillo Dávila, es otro de los personajes que visitaba la oficina del empresario Rodolfo Orellana, cabeza de una red de corrupción, para realizar labores de consultoría, informaron.

Según un reportaje del programa periodístico de televisión Panorama, una de las visitas se habría producido el 16 de agosto del año 2013.

Consultado al respecto, Castillo no sólo admitió la concurrencia "dos o tres veces" a la oficina de Orellana, sino además haber realizado algunas consultorías externas al cuestionado personaje, aunque dijo no recordar cuántas ni las materias consultadas.

Asimismo, confirmó que dichas consultorías fueron remuneradas.

"Cualquier pago que haya recibido es un pago lícito, y cualquier servicio que haya dado está en el marco legal", afirmó.

Aclaró que estos servicios se dieron en el 2,013, antes de asumir la defensa del expresidente Alberto Fujimori, y no tienen nada que ver con la representación jurídica que hace del exmandatario.

Castillo Dávila señaló estar dispuesto a acudir a las autoridades para explicar estas visitas, aunque evitó dar mayores precisiones a la prensa.

Asimismo, reveló que asumirá la defensa del ex vocal supremo Robinson Gonzales, procesado por sus vinculaciones con la red de corrupción de Orellana.

/M.R.M./