Política

El ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, pidió al Poder Judicial dictar prisión efectiva contra cinco dirigentes de la provincia de Islay acusados de fomentar la violencia en esa zona del país en el marco de las protestas contra el proyecto minero Tía María.

"No podemos seguir dando síntomas de impunidad ni permitir que aquellos que infringen el ordenamiento legal vigente sigan en las calles", señaló, para luego recordar que estos dirigentes ya habían sido condenados por acciones de esta índole anteriormente.

Se trata de Pepe Julio Gutiérrez, Rubén Quispe Colla, Huber Puma Puma, Jaime de la Cruz Gallegos y Milton Abramonte Cienfuegos, acusados de promover violencia en esta zona de la región Arequipa.

La solicitud de Adrianzén fue respaldada por la Procuraduría de Orden Interno del Ministerio del Interior, cuyo titular, Juan Carlos Portocarrero, acompañó al representante del Poder Ejecutivo en la conferencia de prensa ofrecida para sustentar este pedido.

El ministro consideró necesario "que todas las entidades del Estado den muestras de que la impunidad no será tolerada y de que en el país quienes violentan la ley reciben una sanción".

La invocación fue hecha en vista de que esta tarde se realizará en Mollendo la audiencia judicial en la que se verá el pedido del Ejecutivo de revocatoria de la pena suspendida por incumplimiento de reglas de conducta de los mencionados dirigentes, opuestos a la actividad minera en el Valle del Tambo.

Tanto Adrianzén como el procurador Portocarrero señalaron que los cinco denunciados "no han cumplido con las reglas de conducta que les fueron establecidas".  

Además, no han cumplido con el pago de la reparación civil impuesta en contra de varios de ellos.

Sesenta policías dan seguridad a la sede del Poder Judicial en Mollendo, pero de ser necesario se duplicará ese número, a fin de garantizar la seguridad de quienes están encargados de la administración de justicia en este lugar, indicó el ministro.

Ayuda a refugiados

En otro momento, el funcionario dio cuenta de la recepción de un acta suscrita por 60 personas que, junto a sus familias, han sido desplazadas a la fuerza por los violentistas del Valle del Tambo por estar en desacuerdo con las protestas.

"Han tenido que buscar refugio estatal y se encuentran actualmente en una sede del Instituto Peruano del Deporte en Arequipa", señaló.

A fin de brindarles asistencia, se ha coordinado para que estos ciudadanos puedan incorporarse al Seguro Integral de Salud.

Igualmente, han iniciado las gestiones para que sus hijos reanuden las clases en centros educativos de Arequipa, y recibirán ropa y calzado, añadió.

"Nuestros ciudadanos no pueden ser objeto de vejaciones", indicó tras señalar que las autoridades arequipeñas deben de actuar al respecto.

/CCH/ Andina

Audios grabados por las autoridades peruanas confirman la estrecha relación entre los remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso con la organización de narcotraficantes colombianos conocida como “Los Cafeteros” en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

Según el programa “Cuarto Poder”, miembros de esta organización colombiana mantienen una estrecha comunicación con los hermanos Quispe Palomino, cabecillas de los terroristas en esta zona del país.

La relación es estrecha, dado que el número dos de los colombianos, identificado con el alias de “Bellota”, actualmente prófugo de la justicia, solicita el asesinato de una persona a un mando senderista.

En otro de los audios, “Bellota” se comunica con el terrorista “William” a quien le manifiesta la urgencia de completar un “trabajo”.

Dicho “trabajo” sería el asesinato del comunero Moisés Condori Moscoso, cuyo cuerpo abaleado apareció el mismo día en que se produjo la conversación entre los mencionados delincuentes.

También están registradas conversaciones entre el delincuente narcotraficante y el camarada "Alipio", quien le solicita comprar pilas y otros artículos.

Asimismo, en un audio entre “Bellota” y el ahora fallecido camarada “Gabriel”, uno de los máximos líderes de Sendero Luminoso, se les escucha pactar una reunión para ponerse de acuerdo en algunos temas.

Las investigaciones de este caso estuvieron a cargo de la división de investigaciones especiales de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (Dirandro), la División de Investigaciones Especiales y la Fiscalía Antidrogas de Ayacucho.

Según el reportaje, los colombianos involucrados en este caso serán denunciados por el delito de financiamiento al terrorismo.

La importancia de estos audios radica en que prueban la estrecha relación entre ambos grupos.

"Hemos presentado escuchas legales, pericias, homologaciones de voz. Por primera vez estamos corroborando el vínculo entre el narcotráfico y Sendero en el VRAEM", aseguró Mery Zuzunaga, fiscal antidrogas de Ayacucho.

El general Moisés del Castillo, jefe de Inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, destacó que las denuncias por financiamiento al terrorismo servirán para disuadir a los narcotraficantes a apoyar a los terroristas, debido a que las penas serían más altas.

/MRM/

La ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, subrayó que el Gobierno está a la espera de la designación de los interlocutores válidos representantes de la provincia de Islay, a fin de reiniciar el diálogo cuyo objetivo es restablecer la paz social en esta zona de la región Arequipa.

Ortiz subrayó que la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, debe designar a esos interlocutores, quienes formarán parte de las mesas de desarrollo próximas a instalarse.

“(…) conversaremos con ellos y creo que sí existe una verdadera voluntad de diálogo”, puntualizó.

Por otro lado, aseguró que el gobierno exigirá a la empresa Southern que cumpla con hacer todo lo necesario para revertir la mala imagen que la población tiene sobre ella y que ha generado dudas sobre los efectos que el proyecto Tía María podría tener en el ecosistema de Islay.

“El gobierno va a hacer el trabajo que le corresponde; (…) cuando conversemos con la empresa le vamos a exigir que cumpla con la parte que le toca que es revertir esa visión que tiene la gente de su empresa (…), manifestó en declaraciones al programa Agenda Política.

Ortiz aseguró que si Southern no cumple con esta obligación no logrará conseguir las condiciones para sacar adelante el citado proyecto minero, cuya ejecución fue suspendida por 60 días ante la fuerte oposición de la ciudadanía de Islay.

En ese marco, consideró que el reciente comunicado del Grupo México, no contribuye a generar las condiciones para ese objetivo, puesto que no adelanta medidas para conseguir el respaldo de la población.

“Si no cambian de actitud no van a sacar adelante ese proyecto y no porque el gobierno no se los dé, sino porque ellos mismos no están haciendo el esfuerzo (…)”, manifestó.

/MRM/

El abogado del expresidente Alberto Fujimori, William Castillo Dávila, es otro de los personajes que visitaba la oficina del empresario Rodolfo Orellana, cabeza de una red de corrupción, para realizar labores de consultoría, informaron.

Según un reportaje del programa periodístico de televisión Panorama, una de las visitas se habría producido el 16 de agosto del año 2013.

Consultado al respecto, Castillo no sólo admitió la concurrencia "dos o tres veces" a la oficina de Orellana, sino además haber realizado algunas consultorías externas al cuestionado personaje, aunque dijo no recordar cuántas ni las materias consultadas.

Asimismo, confirmó que dichas consultorías fueron remuneradas.

"Cualquier pago que haya recibido es un pago lícito, y cualquier servicio que haya dado está en el marco legal", afirmó.

Aclaró que estos servicios se dieron en el 2,013, antes de asumir la defensa del expresidente Alberto Fujimori, y no tienen nada que ver con la representación jurídica que hace del exmandatario.

Castillo Dávila señaló estar dispuesto a acudir a las autoridades para explicar estas visitas, aunque evitó dar mayores precisiones a la prensa.

Asimismo, reveló que asumirá la defensa del ex vocal supremo Robinson Gonzales, procesado por sus vinculaciones con la red de corrupción de Orellana.

/M.R.M./

La Comisión de Ética abrirá de oficio una investigación al legislador José Luna, tras la denuncia periodística que indica que habría contratado a tres asesores parlamentarios que en realidad laboraban en la universidad de su propiedad, informó Daniel Mora, presidente encargado de dicho grupo de trabajo.

La bancada de Perú Posible, a la cual pertenece Mora Zevallos, dio cuenta de este anuncio a través de su cuenta en Twitter.

Según un programa periodístico, las contrataciones de los "empleados fantasma" se habrían llevado a cabo por medio del despacho parlamentario de Luna y el de la legisladora Esther Capuñay, ambos de Solidaridad Nacional.

Estos asesores fueron identificados como Víctor Torres Romero, Luis Alberto Gallardo Gálvez y Olinda Mamani Ramos.

El primero fue contratado en la Oficina Técnica de Apoyo a la Mesa Directiva, pero en realidad labora en las oficinas de la Universidad Telesup; además, figura como tesorero de Solidaridad Nacional.

Gallardo Gálvez, por su parte, fue contratado para laborar en el módulo de apoyo a la organización parlamentaria, aunque en realidad trabaja capacitando a personal de Telesup en su local de San Isidro.

Mamani labora en teoría en la oficina de Luna, pero en realidad lo haría en distintas sedes de la universidad de Luna.

Estos trabajadores, de acuerdo al programa periodístico, recibirían sueldos de entre 9,000 y 11,000 nuevos soles.

/MRM/

El congresista de Gana Perú, Teófilo Gamarra, dijo que si bien la caída de seis puntos en la popularidad del presidente Ollanta Humala puede explicarse por las protestas en Islay, su respaldo sigue siendo igual o superior a los obtenidos por mandatarios anteriores, en el mismo período de tiempo.

El parlamentario oficialista recordó que según la última encuesta de Ipsos Perú, a 14 meses de terminar su gestión, el presidente Humala cuenta con un respaldo de 21 %, la misma cifra obtenida por el entonces mandatario Alan García en junio del 2009, y muy superior al 8 % que tenía Alejandro Toledo, en mayo del 2005.

En declaraciones a la Agencia Andina, Gamarra señaló que no cabe duda que las protestas en el sur han desgastado al Gobierno, lo cual se ve reflejado en las encuestas.

"Las protestas en el sur han tenido mucha incidencia en la popularidad del Presidente, quien, a pesar de la situación vivida esta semana, aún mantiene un nivel de aprobación alto, en comparación a sus antecesores", señaló.

El legislador oficialista afirmó que el proyecto Tía María es un tema complicado, y subrayó que a veces las medidas que da el Gobierno no son comprendidas por la población, que no entiende la necesidad de tomar decisiones de Estado, pensando en el futuro del país y no sólo en el mediano plazo.

Asimismo, refirió que gran parte de estos estudios se realizan en las capitales departamentales, lo que de alguna manera esconde el sentir de los ciudadanos en las provincias y zonas rurales, donde la presencia del Estado es más afectiva a través de los programas sociales.

/M.R.M./

El congresista Víctor Andrés García Belaúnde, dijo estar dispuesto a ser el candidato presidencial de Acción Popular (AP), en las elecciones generales del próximo año, siempre que se trate de una decisión institucional del partido.

García Belaúnde se mostró agradecido por los resultados de una encuesta a nivel nacional, encargada por la dirigencia nacional de Acción Popular, según los cuales el 31 % considera que él debe ser el candidato presidencial, por encima de Yhony Lescano (6 %), Alfredo Barnechea (2 %) y Mesías Guevara (1 %).

 "La candidatura no depende de mí; yo acepto los dictados de mi partido, no voy a pedir ni solicitar nada porque el partido me ha dado todo lo que tengo, pero siempre estaré a su disposición. Lo de la candidatura, eso depende del partido", afirmó.

En declaraciones a la Agencia Andina, el parlamentario precisó que la encuesta fue encargada por la dirigencia nacional de AP y, en lo personal, consideró que dicho respaldo es el resultado de un arduo trabajo en la lucha contra la corrupción.

"Son halagadoras (las cifras), pero no me turban, ni me excitan, ni me alteran; esto refleja un trabajo que venimos haciendo desde años atrás luchando contra la corrupción", afirmó.

Según dio cuenta esta semana un diario local, la encuesta nacional urbana fue realizada por Ipsos Apoyo en marzo de este año, a pedido de la dirigencia nacional de AP, que quería conocer cuál de sus líderes tenía mejor aceptación entre la opinión pública.

De acuerdo a estos resultados, la gestión como congresista de García Belaúnde es respaldada por el 42 % de los encuestados, el doble de lo obtenido por Lescano y de otros dirigentes, que no pasan del 15 %.

Como se sabe, Lescano y Mesías Guevara han expresado su deseo de ser precandidatos presidenciales de su partido en las elecciones internas de octubre próximo.

/M.R.M./

Las elecciones del Consejo Nacional de la Magistratura por los colegios profesionales del país, distintos al de abogados, se desarrollan hasta el momento con normalidad, según el primer reporte de la Dirección de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Antes de las 9:00 de la mañana se han instalado 159 mesas en los locales de votación, que están siendo resguardadas por 424 efectivos de la Policía Nacional y 355 de las Fuerzas Armadas. 

El director nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, Alberto Kuroiwa, manifestó que el equipo de fiscalizadores del JNE aún no reporta incidencias de propaganda electoral o de alguna otra situación irregular al proceso en el que se elegirán a los delegados de cada colegio profesional participante.

Informó que se ha establecido 133,629 electores hábiles entre los 10 colegios profesionales que participan: contadores, psicólogos, obstetras, licenciados en administración, economistas de Lima, antropólogos, estadísticos, licenciados en Relaciones Industriales y en Gestión de Recursos Humanos, médicos y tecnólogo médicos.

/M.O.Z./

La mayoría de peruanos considera que el Congreso debe otorgar las facultades para que el Gobierno promulgue leyes en temas económicos, seguridad ciudadana y políticas sociales, según una encuesta de Ipsos difundida este domingo.

El 69 por ciento de las mil 208 personas consultadas entre el 12 y el 15 de mayo, respalda el otorgamiento de facultades al Ejecutivo para combatir al narcotráfico, frente a un 28 % que opina lo contrario y un 3 % que evita responder al respecto.

Según el estudio, con un 79.2 % de la población electoral urbana y rural del país, el 68 % expresa estar a favor de que el Ejecutivo dicte leyes en materia de seguridad ciudadana sin la necesidad de ser aprobadas por el Parlamento peruano. Un 30 % considera que no se debería dar facultades.

Respecto al otorgamiento de facultades extraordinarias para que el Gobierno legisle en temas económicos y de políticas sociales, el 52 % y el 50 % de las personas entrevistadas expresan su respaldo, respectivamente, mientras un 45 y 47 por ciento se muestran en contra, de acuerdo al sondeo de Ipsos.

/M.O.Z./

Los alcaldes de la provincia de Islay y la gobernadora regional de Arequipa son los llamados a ser los interlocutores válidos para representar a la población sobre el proyecto minero Tía María, sostuvo el vocero de la bancada nacionalista, Josué Gutiérrez.

Tras considerar que es un error dialogar con quienes sólo tienen una prédica confrontacional y no con quienes fueron elegidos en las urnas, indicó que dirigentes como Gutiérrez se encuentran totalmente desacreditados.

"Para el Estado los únicos interlocutores válidos son la gobernadora y los alcaldes, los cuales fueron elegidos democráticamente por votación y tienen la representación genuina de la ciudadanía", manifestó.

/M.O.Z./