Política

El pleno del Congreso aprobó suspender por 120 días al congresista Heriberto Benítez Rivas, por supuestamente impedir la actuación de los fiscales en el caso "La Centralita", en el año 2011.

El informe de la Comisión de Ética que propuso la sanción contra Benítez recibió el respaldo de 54 congresistas, mientras que 37 votaron en contra y seis se abstuvieron.

Según dicho informe, cuando los fiscales encargados de investigar este caso llegaron al local donde funcionaba "La Centralita" para allanarlo en el marco de la ley, Benítez los presionó para frustrar esa diligencia y consiguió que no fuera llevada a cabo.

La presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, informó que en virtud a la decisión del Pleno, el referido parlamentario queda suspendido por 120 días de legislatura, se le hará el descuento respectivo en sus remuneraciones, y el informe pasará a la Comisión de Acusaciones Constitucionales.

El pleno del Congreso decidió también acusarlo constitucionalmente por el presunto delito de patrocinio ilegal, al favorecer los intereses del entonces presidente regional de Áncash, César Álvarez.

Durante el debate del informe, Benítez ratificó su inocencia y dijo que la Comisión de Ética no tiene competencia para sancionarlo, por cuanto los hechos se produjeron el 13 de julio del 2011, cuando aún no había asumido el cargo de parlamentario.

Además, indicó que nunca interfirió en la labor de los fiscales, pues lo único que hizo fue protestar por el allanamiento indebido de su vivienda en Áncash, ubicada en el tercer piso del mismo inmueble en que operaba "la centralita", un centro de escuchas telefónicas ilegales en contra de los opositores al entonces presidente regional César Álvarez.

Descartó también alguna vinculación con el destituido fiscal de Nación, Carlos Ramos Heredia, y afirmó que si acudió a su despacho para hacer la denuncia, cuando era fiscal de Control Interno, fue porque de por medio estaba la denuncia contra un vocal superior.

/M.R.M./

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), organiza hoy la conferencia denominada «De la informalidad a la formalización laboral», con la finalidad de intercambiar experiencias a nivel internacional en la formulación de políticas públicas para afrontar esta transición.

El evento abordará temas como la formalización laboral como estrategia país, las experiencias exitosas aplicadas en Latinoamérica, la formalización desde los mecanismos de diálogo social, así como los planes y programas sectoriales que contribuyen a la formalización.

La conferencia será presidida por el titular del MTPE, Daniel Maurate, y contará con la participación de la directora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para Países Andinos, Carmen Moreno, así como de autoridades de Colombia, Uruguay y México, entre otras.

/M.R.M./

El presidente de la comisión investigadora del caso Áncash, Mesías Guevara, sostuvo que la destitución de Carlos Ramos Heredia del cargo de fiscal de la Nación, será un referente para todos los fiscales y jueces que busquen actuar contra la ley.

Comentó que la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura tendrá un impacto directo en torno al funcionamiento y fortalecimiento del Ministerio Público.

“Esta medida va a servir de ejemplo para que otros fiscales y jueces supremos no vayan contra la ley”, dijo.

En otro momento, el congresista de Acción Popular exhortó al presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona, a asumir una posición frente al caso del ex vocal de la Corte Suprema, Róbinson Gonzales, quien fue detenido por estar implicado con la presunta red de corrupción del empresario Rodolfo Orellana.

“Lo emplazo públicamente a que pida disculpas al pueblo peruano por lo que está haciendo el Poder Judicial”, aseveró.

/M.R.M./

La destitución de Carlos Ramos Heredia como fiscal de la Nación debe ser el primer paso, y que a su vez abra puertas para un “profundo trabajo de limpieza” de la corrupción en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, opinó Luis Iberico, vocero de la bancada del PPC-Alianza Para el Progreso.

“Esta destitución debería dejar las puertas abiertas para un profundo trabajo de limpieza de la corrupción en instituciones tan importantes como el Ministerio Público y el Poder Judicial”, manifestó, en declaraciones a la prensa.

Iberico saludó la separación de Ramos Heredia dispuesta por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), decisión que consideró “sin precedentes” en la historia del Perú.

Añadió que la medida despierta “muchas expectativas” en el ámbito de la lucha contra la corrupción en todos los niveles.

“Los indicios eran bastante graves y aun cuando siempre hay que conceder el beneficio de la duda, la posición de esta autoridad era insostenible y ahora tendrá que ser investigado”, precisó.

El legislador subrayó que es necesario actuar con severidad en contra de la corrupción, tarea en la que no debe haber -según dijo- “grandes o chicos”.

“Si hay indicios hay que actuar en el marco de la ley, pero con la severidad que el pueblo reclama para limpiar nuestras instituciones”, dijo.

/M.R.M./

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, pidió esta tarde suspender el proyecto Tía María por cuatro meses para detener la escalada de violencia y abrir un espacio de diálogo con los opositores.

"Creo que debemos tomarnos no menos de tres a cuatro meses para poder conversar", afirmó tras indicar que la empresa Southern Perú, responsable del proyecto, compartiría esta posición. 

"Debemos darnos un espacio para evitar que siga escalando la violencia, porque ningún proyecto se puede imponer por la fuerza; una tregua sería lo conveniente; deberíamos buscar que se suspenda las actividades por un tiempo para socializar el proyecto", señaló.

Señaló que la suspensión temporal sería una oportunidad para comunicar nuevamente a la población que Tía María no es una amenaza ambiental ni para la agricultura, y también para restablecer las mesas de desarrollo, las cuales nunca pudieron instalarse.

Añadió que la SNMPE intentó entrevistarse con el presidente de la Southern, Óscar Gonzales, pero se encontraba fuera del país, y en su lugar asistió Hans Flury, quien se mostró a favor de la suspensión temporal.

Para Gálvez, el conflicto por Tía María ya dejó de ser un tema técnico-ambiental, para convertirse en una crisis política, y como tal debe ser enfrentada por el gobierno.

/CCH/ Andina

En unos diez días se debe entregar el segundo avión de instrucción peruano KT-1P, coproducido con Corea del Sur, y para el mes de julio del próximo año el lote completo de 16 aeronaves, informó el jefe del Servicio de Mantenimiento (Seman) de la Fuerza Aérea del Perú, general Wolfeng Dupeyrat.

Dijo que en total son 20 los aviones que estarán al servicio de la FAP, dieciséis de ellos fabricados en el Perú, a los que se suman los cuatro ya entregados por la empresa KAI de Corea del Sur.   

Igualmente, el jefe militar informó que ya se ha tomado contacto con gobiernos de algunos países de la región, sobre la posibilidad de compra de estos aviones ensamblados en Perú, y en las próximas semanas algunas delegaciones visitarán el país para analizar el tema.

Los hangares de producción para los aviones de instrucción básica KT-1P en Lima comprenden una línea de ensamblaje con una planta de fabricación de piezas, centro de pruebas funcionales, así como la instalación de un moderno simulador de vuelos.

Proveedores peruanos

De otro lado, Korea Aerospace Industries (KAI), la empresa coreana fabricante de los aviones KT-1P, ha iniciado un proceso para seleccionar a empresas peruanas que puedan fabricar partes de aeronaves, a fin de convertirlos en sus proveedores en el Perú y en el ámbito internacional.

Con ese fin, esta tarde se realizó en el auditorio del Seman, en la Base Aérea de Las Palmas, la presentación del proyecto, acto que contó con la presencia del presidente internacional de KAI, Ha Sung Yong, quien llegó al Perú especialmente para la ocasión.

Al momento, han sido preseleccionadas seis empresas, que de acuerdo a los ejecutivos de KAI, reúnen el potencial para llevar adelante un trabajo de asociación en la fabricación de partes de avión.

El alto ejecutivo señaló que la estrategia de su empresa no es solo vender aviones al Perú, sino crear industria aeronáutica en nuestro país.

"La estrategia que tenemos nosotros es primero hacer un marketing conjunto con el Seman para vender aeronaves a otros países de la región, y luego producir esas aeronaves en Perú", afirmó.

En ese sentido, refirió que en esta industria, si bien es importante el ensamblaje final, también lo es la producción de las partes. 

En este punto, dijo que KAI colaborará con las empresas peruanas para conseguir ese objetivo.

En representación de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el gerente del Comité de Metal Mecánicas, Luis Tenorio, consideró que es una buena oportunidad para las empresas peruanas asociarse con una empresa como KAI, para la fabricación de aeropartes.

Señaló que la industria peruana atiende a la industria naval, la minería y está capacitada para cubrir la demanda de la aeronáutica. 

/CCH/ Andina

El llamado "Punto 1", alegado por Chile en su proceso contra Bolivia ante el tribunal de La Haya, para referirse al inicio de la frontera terrestre con el Perú, no existe en el Tratado de Límites de 1929, suscrito en Lima, sostuvo hoy el excanciller Eduardo Ferrero.

Detalló que, según dicho acuerdo bilateral, así como lo establecido por la Comisión Mixta de Límites de 1930, el inicio de la frontera terrestre de ambos países comienza en el Punto Concordia, por lo que –dijo– la tesis chilena sobre el "Punto 1" resulta “inaceptable” para el Perú.

“La posición peruana es clara y legítima, en el sentido de que la frontera terrestre se inicia en el Punto Concordia”, resaltó el abogado, quien también integró el equipo jurídico peruano en el diferendo marítimo que el Perú y Chile resolvieron en la corte de La Haya.

En ese sentido, Ferrero Costa consideró que sorprende el cambio de denominación realizado por Chile, pues incluso este país siempre ha utilizado el término "Hito 1" para referirse al punto en el cual –según su posición– nace la frontera común.

Si bien refirió que el proceso que Chile y Bolivia enfrentan en La Haya es un asunto bilateral, opinó que correspondería al Perú enviar una nota diplomática de protesta ante el gobierno chileno por haber hecho uso de un mapa con el término "Punto 1" y no Punto Concordia.

La canciller Ana María Sánchez, informó anoche que el Perú enviará al secretario de la corte de La Haya una comunicación para precisar a este tribunal que el inicio de la frontera terrestre con Chile es el Punto Concordia y no un mal denominado “Punto 1”.

/CCH/ Andina

El congresista Fernando Andrade destacó la decisión de la Comisión de Descentralización que se allanó a las observaciones del Ejecutivo al proyecto de ley que elimina los "votos golondrinos", lo que evitará que se vulnere la voluntad de los ciudadanos en un proceso electoral.

Tras este allanamiento, dijo, el proyecto de ley de su autoría está listo para ser aprobado en la Comisión de Constitución. Luego pasará al pleno del Legislativo para su debate y posterior aprobación.

"No se puede desistir  de  impulsar la eliminación del voto golondrino, de ser así  ganarían  los corruptos que compran votos  para  ser elegidos autoridades  en  los procesos  electorales"  refirió.

Aseguró que en la actualidad no existe ninguna ley que obligue a los ciudadanos a actualizar su cambio de domicilio en su Documento Nacional de Identidad (DNI), lo que facilita que algunos candidatos promuevan el cambio masivo de electores para favorecerlos electoralmente.

El Ejecutivo observó este proyecto de ley, que contaba con el voto favorable de las comisiones de Descentralización y Constitución, por considerar que no se referenciaba mecanismos de interoperatibidad para que los organismos electorales compartan información sobre el domicilio y sugirió que el Reniec se encargue de las verficiaciones domicialiarias con cargo a su presupuesto.

La Comisión de Descentralización aprobó por mayoría allanarse a estas observaciones, precisó el congresista Andrade Carmona.

Este proyecto de ley plantea que los ciudadanos tendrán la obligación de registrar su cambio de domicilio en su DNI 30 días después de haber modificado su lugar de residencia.

/CCH/ Andina

El pleno del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) destituyó a Carlos Ramos Heredia del cargo de Fiscal de la Nación y de fiscal supremo, acogiendo el informe de la Comisión de Procesos Disciplinarios que lo encontró responsable de inconducta funcional en diversos casos.

La decisión, sin precedente en la historia del país, fue dada a conocer por Mario Álvarez Quispe, secretario general del CNM, quien dijo además que se retirará las credenciales que lo acreditan como tal.

Ramos Heredia se encontraba suspendido en el cargo de fiscal de la Nación por un periodo de seis meses, por decisión del pleno del CNM para que pueda asumir su defensa en cuatro procesos disciplinarios a los cuales fue sometido.

Debido a ello, el fiscal supremo Pablo Sánchez fue designado por la Junta de Fiscales como fiscal de la Nación encargado, cargo que ocupa en la actualidad.

/CCH/ Andina

El Poder Judicial realiza el viernes 15 de mayo la audiencia del informe oral sobre el hábeas corpus presentado por el expresidente Alberto Fujimori, quien pide la reposición de una línea telefónica en el centro de reclusión de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), donde cumple una condena de 25 años de prisión.

La audiencia de la Cuarta Sala Penal de Reos el Cárcel se realizará a las 10:00 horas en el penal de Barbadillo, según informa la Corte Suprema de Lima.

El 38.° Juzgado Penal de Lima declaró fundado el hábeas corpus presentado por William Paco Castillo, abogado de Fujimori, y ordenó al Instituto Nacional Penitenciario  (INPE), la reposición de la línea telefónica.

La directora del centro penitenciario Barbadillo, Katty del Águila, dijo ante esta sala que a Fujimori se le sancionó por el uso inadecuado de la línea telefónica, incumpliendo en reiteradas veces el reglamento interno del penal Barbadillo.

El juez superior Róbinson Ezequiel Lozada Rivera, en calidad de juez dirimente, resolverá en el plazo que estipula la ley sobre si procede o no la reposición de la línea telefónica para el expresidente.

/M.R.M./