Política

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Víctor García Toma, dijo no tener duda de que este organismo actuará con absoluta transparencia respecto al recurso del Ministerio Público contra el "habeas corpus" que archivó una indagación contra la Primera Dama, Nadine Heredia.

“Este organismo tiene la oportunidad de preservar la legitimidad de origen que surge del nombramiento del Congreso y que, de alguna manera, se ha consolidado con su conducta y comportamiento en estos meses”, anotó.

Consideró que este es el primer caso emblemático en el que está de por medio el poder político e incluso el poder mediático, por lo que el TC deberá tomar una decisión estrictamente jurídica y dejar clara constancia de independencia, autonomía e imparcialidad.

El también exministro de Justicia del régimen aprista agregó; sin embargo, que no le extraña que existan dudas respecto a la actuación del tribunal, tras sostener que el "habeas corpus" presentado por Heredia nunca debió ser admitido a trámite.

Sin embargo, García Toma comentó que un aspecto importante es que el ponente de esta causa sea Ernesto Blume, a quien consideró un hombre competente, con experiencia y “cintura” en el tratamiento de estos temas.

“No tengo duda de que esa ponencia, por lo menos, mostrará una redacción de contenidos que son los que corresponden a un organismo de la envergadura que tenemos”, finalizó el constitmrmucionalista.

/MRM/

El abogado Eduardo Roy Gates, defensor de la Primera Dama, Nadine Heredia, dijo esperar que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva conforme a ley, sin distinción de las personas, el recurso de agravio constitucional presentado por la Fiscalía, que busca anular el habeas corpus a favor de su defendida.

A su ingreso al TC, donde se realizará una audiencia pública sobre este caso, Gates dijo que eso es lo que corresponde.

Indicó que será dicho Tribunal quien defina el tiempo en el cual resolverán las demandas del Ministerio Público, que pide dejar sin efecto el habeas corpus que ordenó archivar la investigación contra la Primera Dama y otros indagados, por el presunto delito de lavado de activos.

Gates evitó pronunciarse sobre las declaraciones que dieron parlamentarios del APRA, quienes indican que el TC habría modificado el número de votos para resolver este caso.

"Acá se ve lo jurídico, lo político se discute en otras instancias", aseveró.

El TC, bajo la presidencia de Óscar Urviola,  inició a las 9:30 horas, una audiencia pública en la cual tiene previsto escuchar los alegatos tanto de la defensa de la Primera Dama como del Ministerio Público en el caso del habeas corpus.

En este momento se escucha el pedido de Rodolfo Orellana Rengifo contra la fiscal Marita Barreto, quien solicita la exclusión de todos los bienes incautados de  n inmueble en San Isidro.  El encarcelado empresario hará uso de la palabra a través de una teleconferencia desde la prisión de Challapalca, en Tacna.

/MRM/

La Comisión Nacional de Bienes Incautados (CONABI), adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), subastará el día 27 de octubre, cuatro inmuebles decomisados por delitos cometidos en agravio del Estado.

Estos inmuebles están ubicados en los distritos de La Molina, Santiago de Surco y Magdalena del Mar.

El primero de ellos tiene una extensión 1,364 m² y está localizado en la Urbanización Club Campestre de Las Lagunas de La Molina. Su precio base es de S/. 2’475,133.13. Esta propiedad fue decomisada al sentenciado Gregorio Goicochea Mendoza por el delito de tráfico ilícito de drogas.

La segunda vivienda de La Molina, con un área de 3,235 m², está ubicada en la Urb. La Planicie. Tiene como precio base 12’158,701.06 nuevos soles y es el predio de mayor valor a subastar. Fue decomisada a José Enrique Crousillat López por delito contra la administración pública y peculado en agravio del Estado.

Otra de las residencias de esta subasta se encuentra en la Av. Velasco Astete, en el distrito de Santiago de Surco. La propiedad cuenta con 1,191 m²_, y fue recuperada mediante un proceso de pérdida de dominio, en el proceso seguido contra Vladimiro Montesinos Torres. La residencia está valorada en S/. 6’151,930.22.

El cuarto inmueble es un chalé situado en el distrito de Magdalena del Mar, con un área de 110 m². El precio base es de 437,862.74 nuevos soles, y fue decomisado como consecuencia del proceso seguido por tráfico ilícito de drogas contra Abelardo Cachique Rivera.

Cabe destacar que la recaudación que se obtenga en esta subasta, como en casos anteriores, será utilizada para potenciar la lucha contra el crimen organizado en nuestro país.

Los postores interesados en la 9.ª Subasta de Inmuebles podrán inscribirse hasta el 22 de octubre. Las bases administrativas están disponibles en la sede de la CONABI en la Av. Vasco Núñez de Balboa N.° 636, Miraflores, y en su página web: http://conabi.pcm.gob.pe y www.conabi.gob.pe

/M.R.M./

El presupuesto del sector Interior proyectado para el año fiscal 2,016 asciende a 8 mil 746 millones de nuevos soles, que incluye un aumento de remuneraciones a los policías, informó el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso.

Además, precisó que se destinarán partidas para CTS del personal policial, gastos de capital (proyectos de inversión) y otros gastos corrientes.

Entre los proyectos de inversión previstos para el próximo año, el ministro destacó la construcción de 44 comisarías a nivel nacional, una Oficina de Criminalística de la Región Policial Lambayeque y puestos de frontera; la ampliación de la Escuela Técnico Superior PNP de Iquitos y la implementación de sistemas de videovigilancia y telecomunicaciones en Piura, Tumbes, Lambayeque y Arequipa, entre otras adquisiciones.

También, la incorporación de 7,121 suboficiales y 254 oficiales que se graduarán en diciembre próximo de las Escuelas de Policía, además de 598 asimilados, todos los cuales reforzarán la lucha contra la inseguridad ciudadana a nivel nacional.

Entre los futuros asimilados a la Policía Nacional figuran médicos, químicos y peritos, quienes contribuirán en la labor de unidades especializadas como investigación criminal y también en el trabajo de la Sanidad policial, detalló Pérez Guadalupe.

Asimismo, se priorizará el patrullaje a través del Plan Cuadrante Seguro, con 2,600 efectivos policiales en 222 sectores críticos a nivel nacional. 

Además se mejorarán las condiciones de trabajo del personal policial mediante la adquisición de uniformes de aula, de faena y prendas complementarias, y se implementará la banda ancha para dar servicio de internet a 1,200 comisarías.

/P.A.G./

La moción de censura al ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, generó la noche de ayer un arduo debate entre el oficialismo y la oposición en el Congreso de la República.

El parlamentario Héctor Becerril (Fuerza Popular) se declaró insatisfecho con la exposición del ministro, y adelantó que su bancada apoyará un pedido de censura en su contra.

Señaló que "se pretende silenciar y amordazar a una valiente procuradora, Julia Príncipe, utilizando torcidamente el reglamento el Sistema de Defensa Jurídica del Estado".

Asimismo, refirió que el proceso abierto a la abogada del Estado estuvo motivado por sus declaraciones sobre las supuestas agendas de Nadine Heredia, y que un antecedente en esta materia lo constituye la salida de la procuradora Yeni Vilcatoma.

Por su parte, Daniel Abugattás, de la bancada Gana Perú, negó que exista una mordaza contra Príncipe, y prueba de ello es que el sistema de defensa abrió proceso a 25 procuradores en los últimos años, también por formular declaraciones sin autorización.

Anotó al respecto que la propia procuradora de lavado de activos cae en una contradicción, porque solicitó autorización para declarar en las gestiones de los exministros Rosario Fernández y Francisco Eguiguren, pero ahora esa medida le parece inconstitucional.

El legislador oficialista descalificó a Fuerza Popular por hablar de libertad de expresión, cuando militantes de este partido han acallado la página de facebook del diario La República, por una nota sobre los familiares prófugos de su lideresa Keiko Fujimori.

Para finalizar, argumentó que ha sido el actual gobierno el que ha potencializado a la procuraduría de Lavado de Activos, al incrementar en 10 veces su presupuesto, con respecto al gobierno anterior, y pasar de 5 a 51 trabajadores en esa dependencia.

/P.A.G./

Los ministros de Energía y Minas, Rosa María Ortiz; del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal; y del Interior, José Pérez Guadalupe, exponen hoy ante el Pleno del Congreso, las acciones relacionadas al proyecto minero Las Bambas, en la región Apurímac.

Para las 17:00 horas está programada la sesión ordinaria en el hemiciclo del Congreso, según la agenda del Poder Legislativo. 

Entre otros temas de la agenda figura el informe final de la "megacomisión", sobre el caso Decretos de Urgencia y Otras Normas Emitidas durante el gobierno del expresidente Alan García. 

También se considera el informe final, en mayoría, de la Comisión de Inteligencia, relacionado a la investigación sobre el presunto seguimiento de miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia – DINI a políticos y a otros personajes.   

  /P.A.G./

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén, sostuvo que durante su gestión no se ha prohibido a algún procurador del Estado a declarar ante los medios de comunicación sobre las labores de sus despachos.

Durante su presentación ante el pleno del Congreso, en donde responde un pliego interpelatorio de 13 preguntas, explicó que los procuradores públicos, antes de brindar declaraciones a la prensa, deben solicitar una autorización al Consejo de Defensa Jurídica del Estado porque lo exige una ley que está vigente desde el 2008. 

"Los procuradores no están prohibidos de declarar ante medios, pero deben hacerlo en cumplimiento con las normas legales", afirmó. 

Remarcó que ese procedimiento no es una arbitrariedad o intento por afectar labor de los procuradores, sino el cumplimiento de la ley. 

/CCH/ Andina

El Gobierno emitirá, en los próximos días, una resolución suprema por la cual se establecerá que las empresas de hidrocarburos que operan en la Amazonía, tendrán que pagar el derecho de servidumbre a las comunidades indígenas, tengan o no titularidad de sus tierras, adelantó la viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Patricia Balbuena.

En su presentación ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, explicó que esta norma obedece a los acuerdos tomados durante el diálogo sostenido sobre el Lote 192, en Loreto, con lo cual quedó solucionado el problema suscitado en esta zona.

Anotó que con los representantes indígenas de la cuenca del río Tigre se establecieron nueve acuerdos, que van desde una mejor distribución de los beneficios del canon, servidumbre y compensación por uso de tierras, hasta medidas a favor de la salud, titulación, educación, vivienda y monitoreo ambiental.

Con los indígenas de la cuenca del Alto Pastaza se suscribieron otros nueve acuerdos sobre salud, educación, participación, empleo, vuelos aéreos, beneficios en cuanto al canon, tierras y protección ambiental.

“Anteriormente se cometía una gran injusticia al no pagarse el uso de sus tierras o derecho de servidumbre a las comunidades que no tenían título de propiedad. Ahora se pagará a todos. Con esta medida se evitarán conflictos sociales”, expresó Balbuena Palacios.

La viceministra también dijo que el problema latente en la zona amazónica es la falta de titulación de las tierras, lo cual ocasiona una serie de problemas sociales. 

Al respecto, refirió que actualmente 493 comunidades indígenas están esperando ser reconocidas con la titulación, para lo cual se busca la forma de resolver el problema que ha sido considerado prioritario.

18 Consultas previas

Balbuena informó que a la fecha se han desarrollado 18 procesos de consulta previa, de los cuales se han culminado 13: nueve en el sector hidrocarburos, dos en áreas naturales, y dos nacionales.

Anotó que en la consulta previa en el sector hidrocarburos se arribó a importantes acuerdos, entre ellos ajustes necesarios en la protección del ambiente y en los derechos de los pueblos indígenas; la implementación de programas de monitoreo ambiental comunitario por parte de la empresa operadora, y la participación en los comités de supervisión descentralizados.

En la consulta previa de la hidrovía amazónica, dijo, participaron 27 organizaciones representantivas de 14 pueblos indígenas de Loreto y Ucayali. 

Manifestó que entre los acuerdos, el Estado se comprometió desarrollar la regulación necesaria para los ríos amazónicos; establecer explícitamente que el río no será concesionado, y la inclusión de tres sabios indígenas en la elaboración del estudio de impacto ambiental.

Destacó también la consulta previa nacional de los reglamentos de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y en el sector minero e informó que la comunidad campesina de Parobamba (Cusco) se constituyó en la primera del sector en participar en una consulta previa. 

OEFA y Petroperú

En la reunión de la comisión, también se presentó el presidente ejecutivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Hugo Gómez Apac, quien expuso sobre el derrame de petróleo del Oldeoducto Norperuano, que ocurrió en el 2014.

Informó que el hecho fue grave porque contaminó los ríos Cuninico y Marañón y causó daño real a la flora y fauna, y daño potencial a la vida y salud humana, por lo que exigió a Petroperú que cumpla con acreditar el cumplimiento del cronograma de actividades de remediación, a fin de restablecer las condiciones del área impactada a su estado natural.

Por su parte, el presidente de Petroperú, Adolfo Velásquez Salazar, afirmó escuetamente que su representada cumplirá con todas las actividades de remediación indicadas por la OEFA. 

/CCH/ Andina

La procuradora para casos de delitos de lavado de activos, Julia Príncipe, cuenta con seis efectivos para garantizar su seguridad personal y se evalúa ampliar esta protección a los miembros de su familia, aseguró hoy el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe.

"En la primera evaluación que se hizo no había un riesgo efectivo para su familia", indicó, al culminar su presentación ante la Comisión de Presupuesto del Congreso.

Sin embargo, Pérez Guadalupe sostuvo que "si hay peligro para ellos, se le aumentará la seguridad".

Para eso también "hay que tener en cuenta los efectivos policiales que tenemos para el cuidado de todos los funcionarios", añadió.

Ayer la procuradora Príncipe dijo que temía por su vida, considerando las investigaciones que realiza.

Tras sustentar la partida presupuestal asignada a su sector para el 2016, el ministro del Interior también fue consultado sobre el presunto audio del "tío Alan", atribuido a Gerald Oropeza, en el cual también afirma tener influencias en la Policía y Poder Judicial.

"Hay que tomarlo como de quien viene", señaló al respecto.

Durante la sesión de la Comisión de Presupuesto, el ministro y el viceministro de Gestión Interna de este sector, Leoncio Delgado, respondieron a las afirmaciones del congresista Juan Carlos Eguren (PPC-APP), quien dice que solo han ejecutado el 21 por ciento del presupuesto de este año.

Los representantes del Poder Ejecutivo indicaron que en realidad esta cifra es de más del 78 por ciento y se expresa en diversos proyectos para mejorar la infraestructura y el equipamiento de la Policía Nacional.

/CCH/ Andina

El presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Fredy Otárola (NGP), estimó que el próximo martes podrá completarse la aprobación de las reformas partidarias, luego que hoy este grupo de trabajo escuchó a los representantes del Sistema Electoral y dirigentes de las organizaciones políticas.

Señaló que tras la sesión de hoy, donde se presentaron los titulares de Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, concluye que “no hay discrepancias” en torno al tema.

Las diferencias expresadas, según dijo, han quedado circunscritas a pequeños detalles de forma, de acuerdo a lo expresado por los funcionarios que hoy expusieron ante la Comisión de Constitución.

“En el fondo estamos de acuerdo”, indicó, para luego referir que en esta sesión los representantes del Sistema Electoral “hicieron aportes importantes al tema”.

Con estos, “esperamos el próximo martes tener ya aprobado el dictamen”, recalcó.

En tal sentido, Otárola dio por zanjado la aparente discrepancia entre el Sistema Electoral y el Congreso, luego que el primero, a través de sus representantes, pidiera que el presidente de la República observe la autógrafa de la norma que modifica la Ley de Partidos Políticos.

/CCH/ Andina