Política

El Poder Ejecutivo oficializó la Ley 30324, norma que establece medidas presupuestarias para el Año Fiscal 2015, las cuales fueron presentadas a finales del mes pasado ante el Congreso y que buscan impulsar la inversión pública.

Según el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, contiene los 9 artículos del proyecto enviado por el Gobierno al Parlamento, entre los que destaca el financiamiento de proyectos de inversión del sector salud.

En este se incluye la inversión de 293 millones de nuevos soles, destinados al Ministerio del Interior, para el financiamiento de los servicios críticos y de consulta externa del Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz, en Jesús María.

También incluye otro a favor del Ministerio de Agricultura y Riego, hasta por 21 millones 952,590 nuevos soles para el mejoramiento, ampliación y equipamiento del Centro de Salud El Estrecho, Distrito del Putumayo (Loreto).

Asimismo, dispone la autorización a los gobiernos locales para el financiamiento de acciones de los institutos viales provinciales; la modificación de presupuesto institucional ante la variación de ingresos; y dispone la aplicación del artículo 11 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.

Además, la norma establece el financiamiento para la implementación de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, con la finalidad de que la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, pueda realizar modificaciones para cristalizar esta entidad educativa.

La ley igualmente determina la culminación del proceso de nombramiento de los profesionales de la salud y de los técnicos y auxiliares asistenciales de este sector; así como las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a los recursos transferidos mediante el Decreto Supremo 071-2015-EF.

Esta norma también refiere sobre las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional del Instituto de Gestión de Servicios de Salud, hasta por la suma de 13 millones 899,059 soles, a fin de financiar la Valorización Priorizada por Atención Primaria de Salud.

Por último, autoriza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de la Municipalidad de Ate, hasta por la suma de 13 millones 214,584 nuevos soles para la ejecución de un proyecto vial.

Igualmente, se incluye las modificaciones con cargo a la partida de gasto 2.3.2.4 (servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones), hasta por la suma de 14 millones 36,152 nuevos soles.

Asimismo, para la supervisión del mantenimiento en las carreteras de la Red Vial Nacional, hasta por la suma de 45 millones de soles para la adquisición de estructuras metálicas de puentes; y de 3 millones de soles destinadas a las actividades de emergencia en la Red Vial Nacional. 

/B.B.V./

Los ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe; de Defensa, Jakke Valakivi; y de Justicia, Gustavo Adrianzen, coordinan en la ciudad de Arequipa, por tercer día consecutivo, el plan de acción para el apoyo que dará las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en Islay.

El ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, informó que el Ejecutivo dispuso la salida de las Fuerzas Armadas en Islay, Arequipa, para que contribuyan a reestablecer el orden público.

En diálogo con TV Perú, Adrianzén aclaró que dicha medida no es una declaratoria de Estado de Emergencia, debido a que no queda restringido ningún derecho y que solo se trata de un apoyo a la Policía Nacional en el lugar.

Asimismo confirmó la muerte del policía Alberto Vásquez Durán, quien fue duramente golpeado por unan turba de manifestantes que están contra el proyecto minero de Tía María.

/MRM/

El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, señaló que un grupo de delincuentes disfrazados de antimineros son los responsables de fomentar la violencia y alterar el orden público en la provincia de Islay, en Arequipa.

Explicó que dicho grupo está conformado por pobladores de la zona y de otros lugares como Pichanaki, ubicado en la región Junín. 

"Son delincuentes disfrazados de antimineros, que están muy bien organizados y atacan a los bomberos, vecinos, comisarías, y a otras personas. Son de la zona, pero también vienen de afuera. Hay un grupo que viene de Pichanaki, que estuvieron en el conflicto anterior, y han venido a organizar y adiestrar a personas (...)", declaró en RPP. 

Remarcó que el Gobierno ya ha identificado a ese grupo de personas y tiene información sobre sus acciones. 

Agregó que el mencionado equipo estaría conformado por "huaraqueros" o personas expertas en lanzar piedras y que habrían viajado desde Puno y Cusco. 

En otro momento, precisó que el Gobierno mantiene en evaluación la posibilidad de declarar en emergencia la provincia arequipeña de Islay. 

Detalló que para evaluar ese tema está en constante comunicación con el presidente Ollanta Humala y el jefe del Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano. 

"Lo único que le puedo decir, es que en estos momentos, estoy reunido con los ministros de Defensa y Justicia y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Nuestra responsabilidad es  estar preparados para cualquier coyuntura", acotó.

/CCH/ Andina

El Colegiado B de la Sala Penal Nacional devolvió al fiscal superior Luis Landa Burgos la acusación contra el exministro del Interior, Daniel Urresti Elera, por su presunta relación con el asesinato del periodista Hugo Bustíos, a fin de que subsane y complemente algunas observaciones en la demanda.

Según informa el Poder Judicial, una de las observaciones formuladas está referida a la variación del hecho imputado a Urresti,quien debe ser investigado como autor directo, sin embargo se le cambio la imputación a autor mediato, sin mayor argumento.

Asimismo, se observó que la acusación califica el hecho como delito de lesa humanidad, lo cual se contrapone con la sentencia firme impuesta a Amador Vidal Sanbento y Víctor La Vera Hernández como autores del delito de asesinato en agravio de Bustíos Saavedra y tentativa de asesinato de Eduardo Rojas Arce.

Otra observación está referida a la determinación arbitraria de la pena que solicita la Fiscalía. "A La Vera y Vidal Sanbento se les impuso 17 y 15 años de prisión, respectivamente, mientras que para Urresti se solicita la pena de 25 años, no obstante que era subordinado de La Vera Hernández", indican.

El Colegiado B, integrado por los jueces Mirtha Bendezú Gómez (presidenta), Marco Cerna Bazán y Miluska Cano López, programará la fecha de inicio del juicio oral una vez que la fiscalía subsane dichas observaciones.

Se tomó esta decisión, indica el Poder Judicial, en cumplimiento del control jurisdiccional de la acusación que la ley le faculta.

/CCH/ Andina

El congresista por la región Arequipa, Gustavo Rondón, condenó la actitud del dirigente Pepe Julio Gutiérrez, quien habría solicitado dinero para terminar las protestas contra el proyecto Tía María, y señaló se debe haber gente proba representando a los agricultores.

"Lo que este dirigente ha hecho es un acto reprobable, indecente, antiético e inmoral. Cómo es posible que mientras hay hermanos peruanos afectados por la violencia, esta persona esté negociando por detrás", declaró.

Para Rondón, dicha persona se encuentra “totalmente desalificada” para representar a los agricultores y ha evidenciado que el dinero era la verdadera razón por la cual nunca abogaba por el diálogo sino por la polarización.

Esto, añadió, podría comprometer a otros dirigentes y a una autoridad local de Islay. "Ahora el Ministerio Público tendrá que cumplir un papel sumamente importante.  Gente de esta calaña debe ser sancionada", dijo. 

"Los agricultores de Islay se merecen dirigentes probos. Y que esto que ha sucedido sea también un llamado para aquellos que estuvieron en el camino de la violencia, que reflexionen y retomen el diálogo", añadió.

Tras referir que espera que se concrete una tregua en Islay, sostuvo que con violencia "nunca se ha llegado a ninguna parte".

"Demostremos la condición de seres humanos que tenemos, abogando por la concordia y discutiendo responsablemente sobre el proyecto minero, y en función a ello definir si la mina va o no va", indicó Rondón.

Según un audio difundido por un programa periodístico, Gutiérrez conversa con Jesús Gómez, abogado cercano a Southern Perú, compañía impulsora de Tía María, a quien  le pide ser intermediario para una negociación “por lo bajo” con esta empresa.

/CCH/ Andina

La Asociación Civil Transparencia saludó la promulgación de la ley que crea la Ventanilla Única de Antecedente para Uso Electoral, e indicó que la norma constituye una herramienta útil para que los partidos políticos seleccionen mejor a sus candidatos, dijo su secretario general, Gerardo Távara.

Indicó que aun cuando la ley no obliga a consultar la ventanilla única, debe haber el compromiso y la responsabilidad de los partidos de presentar listas de candidatos que generen confianza en la población y representen una mejora en cuanto a transparencia, integridad y honestidad.

"De lo contario la crisis de la política se profundizará”, aseveró Távara.

Explicó que mediante la ventanilla única los partidos podrán saber si sus precandidatos tienen antecedentes penales u órdenes de captura dentro y fuera del país, si tienen deudas con la Sunat, los municipios, alimentos o con el Estado producto de reparaciones civiles por haber cometido algún delito. 

Se podrá acceder, además, a información sobre los bienes de los precandidatos en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).

Esta información que está hoy dispersa en múltiples registros y en varios casos es inaccesible para el público, será puesta a disposición del Jurado Nacional de Elecciones para que este -a su vez- la entregue a los partidos políticos antes de que venza el plazo para la inscripción de las listas electorales.

El Poder Ejecutivo tiene ahora 90 días de plazo para reglamentar ley en coordinación con el JNE.

El directivo de Transparencia informó que su institución hará llegar aportes para dicha reglamentación sobre la base de los 20 años de experiencia en procesos electorales.

Finalmente, Gerardo Távara exhortó a los partidos políticos a reiterar expresamente su compromiso por consultar la ventanilla única y aprovechar esta herramienta para elevar la calidad de sus candidaturas.

/CCH/ Andina

Inmuebles ubicados en Lima, así como vehículos vinculados al ex alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, fueron intervenidos en una diligencia solicitada por la Procuraduría de Lavado de Activos, que investiga al exburgomaestre por este presunto delito.

Entre las propiedades intervenidas figuran tres departamentos y un estacionamiento en San Borja, un depósito, una casa de tres pisos y un terreno cercado en Villa El Salvador; así como una casa en La Victoria, a nombre de Jessica Oviedo Alcázar, quien habría sido expareja de Burgos.

Asimismo, se intervino una camioneta 4x4 marca Nissan Pathfinder, de color gris, así como un ómnibus rural de esa misma marca; y además se dispuso intervenir el colegio Saint John’s, situado en San Juan de Lurigancho, el cual sería de propiedad del exburgomaestre, informó.

Participaron en la diligencia la procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe; el general de la Policía, Luis Saldaña Bardales; y el representante de la Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada en Lavado de Activos, Ricardo Rojas León.

Este último gestionó las órdenes respectivas para poder allanar estos inmuebles.

/CCH/ Andina

La procuraduría del Ministerio del Interior presentó ante la Fiscalía una ampliación de denuncia contra el dirigente José Julio Gutiérrez, implicado en un audio donde estaría negociando la protesta de Islay, y pidió que sea detenido, informó el titular de este sector, José Luis Pérez Guadalupe.

"No demos esperar que la Fiscalía asuma el pedido que hoy formuló el procurador, de oficio que pidan cuánto antes al juez la detención de este delincuente. Hace cuatro años la justicia lo ha declarado culpable pero está con pena suspendida. Si estuviera en la cárcel no estaríamos sufriendo todo eso", indicó.

Sostuvo que el audio donde se le escucha al presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo hablar de dinero a cambio de levantar la medida de fuerza en contra Tía María es "vergonzoso" y evidencian que las motivaciones de este dirigente "no ha sido económicas ni ecológicas, sino lucrativas".

Por ello invocó a los alcaldes de la provincia de Islay a asumir el liderazgo de este conflicto, convertirse en intercolutores del mismo y retomar el diálogo con el Ejecutivo para frenar la violencia que se vive en la zona.

"No se dejen llevar por este dirigente que trafica con la vida, los heridos, con la escuela de los niños que están a punto de perder el colegio, no se dejen manipular, ya quedó claro quién es, es un sentenciado a cuatro años. Que los alcaldes asuman el liderazgo y dialoguen", refirió.

Apuntó que el Gobierno no descarta ninguna medida para retomar el orden en esta provincia que hace 47 días enfrenta hechos de violencia, razón por la cual ayer se reunió el Consejo de Estado, con la participación del Fiscal de la Nación

"El Perú quiere paz, desarrollo, no violencia ni ladrones que se enriquezcan en beneficio propio, a costa de los muertos", aseveró.

/MRM/

Los servicios de inteligencia de la Policía Nacional tienen que identificar a los radicales infiltrados que avivaron los actos de violencia y alteraron el orden público en la provincia arequipeña de Islay, a raíz del proyecto minero Tía María, consideró la Defensoría del Pueblo.

Rolando Luque, defensor adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de esa entidad, señaló que la violencia en Islay ha tendido a agravarse por estos días y, como en todo conflicto social, se pueden ir filtrando actores que no creen en el sistema democrático.

“Buscan crear una grave alteración del orden público porque su objetivo no es defender los intereses de los campesinos, sino golpear al estado democrático. El servicio de inteligencia de la Policía y las instituciones tienen que operar para identificar quiénes son”, remarcó.

En diálogo con Radio Nacional, Luque aseveró que estos elementos tienen la intención de menoscabar a las instituciones y obtener algún beneficio político para sus agrupaciones, porque -según dijo- “es gente ultra radical que no cree en el diálogo y ejerce directamente la violencia”.

Según su opinión, la situación en Islay es “realmente insostenible”, no solo por las dos personas muertas y los heridos que ha dejado hasta el momento ese conflicto social, sino porque los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden son cada vez más continuos.

“Hemos podido observar en las imágenes los desplazamientos de personas con escudos, encapuchados que atacan a la población civil, sus casas. En Arequipa ya se han tenido que desplazar familias atemorizadas por lo que les podría ocurrir”, alertó.

No obstante, al ser consultado sobre la posibilidad de declarar el estado de emergencia en Islay, Luque refirió que el Gobierno debe meditar un poco más sobre la conveniencia de esa medida, porque, si bien es constitucional, podría complicar la situación si se saca a los militares a las calles.

Explicó que el Jefe del Estado tiene la facultad de formular dicha declaratoria cuando se produce una situación extrema, pues el objetivo es “poner un freno rápido a una situación desbordada” y así tener tranquilidad para tomar las decisiones que correspondan.

El representante de la Defensoría del Pueblo recordó que esta entidad hizo un gran esfuerzo por reunir a las partes e intentar el diálogo para así darle un curso de solución al problema, pero la discusión sobre el estudio de impacto ambiental de Tía María terminó frustrando ese intento.

“No era una reunión para empezar esa discusión, sino diseñar el mecanismo para tener más reuniones. Causó extrañeza que (los dirigentes opositores a Tía María) se negaran a continuar con el proceso de diálogo”, anotó.