Política

El Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley con el que se busca garantizar el estudio de las leyes que se observen desde el Gobierno.

La medida se enmarca dentro de lo anunciado por la presidenta de la República, Dina Boluarte, durante su Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias.

"Proponemos modificar el artículo 77 del Reglamento del Congreso a fin de garantizar el estudio y dictamen en el procedimiento de trámite de las autógrafas de ley que sean observadas por el Poder Ejecutivo. El espíritu de esta norma es contribuir a mejorar la calidad de nuestras leyes", dijo la mandataria el último 28 de julio.

El proyecto de resolución legislativa plantea que las leyes observadas sean debatidas y votadas en la comisión respectiva a partir del décimo quinto (15) día útil, contado a partir de la fecha en que el oficial mayor del Congreso realiza el reenvío.

En caso que la observación formulada por el presidente sea respecto de la trasgresión de artículos de la Constitución Política del Perú, será indispensable que la comisión correspondiente realice el debate y votación del dictamen para aprobar una posible insistencia.

Esta propuesta se enmarca dentro de un paquete de normas que impulsará el Ejecutivo para atender las necesidades básicas de la población. Entre ellas se encuentra el proyecto para crear la Policía de Orden y Seguridad, la modificación de artículos del Código Penal, el proyecto de fortalecimiento de la función de integridad en el sector público y el proyecto que establece medidas para asegurar el acceso universal al agua potable.

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La presidenta de la República, Dina Boluarte, participa hoy en la ceremonia de conmemoración del 202 aniversario de creación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según informa la cuenta oficial de Twitter de Presidencia, el evento se desarrollará desde las 12:45 horas.

Asimismo, se precisa que la ceremonia se efectuará en el patio central del Palacio de Torre Tagle, en el centro de Lima.

El 3 de agosto de 1821 y luego de cinco días de proclamada la independencia del Perú, mediante decreto expedido por el general José de San Martín, se creó el Ministerio de Estado y Relaciones Exteriores, entonces denominado Secretaría de Estado.

Asimismo, se designó a Juan García del Río, diplomático nacido en Cartagena, como ministro de Estado.

De esta manera, la Cancillería de la República es la institución más antigua de nuestro país en su vida independiente.

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La congresista María del Carmen Alva (Acción Popular) expresó su desacuerdo con el proyecto de reforma constitucional para establecer la inmunidad parlamentaria, el cual fue presentado y suscrito por congresistas de su bancada.

"Definitivamente no es oportuno, la población no lo va entender, no estoy de acuerdo con ese proyecto de ley", señaló en declaraciones a la prensa.

La legisladora consideró que no es el momento para plantear un proyecto de ley para restablecer la inmunidad parlamentaria y recordó que fue Acción Popular quien estuvo detrás de eliminar esta prerrogativa en el Congreso anterior.

En ese sentido, dijo que había faltado debate y análisis para plantear esa iniciativa legislativa.

Consultada sobre los cuestionamientos a los congresistas que suscribieron el proyecto de ley, quienes está investigados en la fiscalía por el caso denominado "Los niños", Alva Prieto indicó que no sería pertinente, pero precisó que las leyes no son retroactivas y, por tanto, no afectaría a los procesos en curso.

Además, la legisladora explicó que la preocupación de muchos en la bancada es que a veces se limita la labor de fiscalización al no tener inmunidad, pero reiteró que había que tener mucho cuidado con plantear su restablecimiento.

Asimismo, señaló que no tenía conocimiento del proyecto de ley y que conversaría con su colega Wilson Soto (autor de la propuesta) para que le explique los detalles. "Hemos quedado en conversar para que me explique bien", indicó.

El congresista Soto presentó un proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 93 de la Constitución Política del Perú, el cual es suscrito por sus colegas de bancada, José Arriola, Darwin Espinoza, Silvia Monteza, Carlos Alva, Jorge Flores, Elvis Vergara, Juan Mori y Luis Aragón.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó hoy su compromiso de trabajar en la defensa de los intereses nacionales y la proyección del Perú al mundo, al conmemorarse el 202 aniversario de su creación y Día del Diplomático.

"En el 202° aniversario del Ministerio de Relaciones Exteriores y Día del Diplomático, reafirmamos el compromiso de trabajar cada día en la defensa de los intereses nacionales y la proyección del Perú al mundo, así como contribuir al progreso de nuestro país y nuestros ciudadanos", publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Apenas cinco días después de proclamada la independencia del Perú, mediante decreto expedido por el general José de San Martín, se creó el Ministerio de Estado y Relaciones Exteriores, entonces denominado Secretaría de Estado.

Asimismo, se designó a Juan García del Río, diplomático nacido en Cartagena, como ministro de Estado.

De esta manera, la Cancillería de la República es la institución más antigua de nuestro país en su vida independiente.

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El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, señaló que la meta del Gobierno de erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca para este 2023 será de 25 mil hectáreas, la cual irá de la mano con la inversión del Estado en desarrollo alternativo, integral y sostenible.

En declaraciones desde Pucallpa (Ucayali), a donde acudió junto con el ministro del Interior, Vicente Romero, para supervisar acciones de erradicación de cultivos en esta parte del país.

“Este es el lanzamiento de lo que la señora presidenta (Dina Boluarte) ha anunciado en el Congreso, la lucha frontal contra el narcotráfico y el tráfico ilícito de drogas”, expresó.

Señaló que, además de la inseguridad ciudadana, el narcotráfico es uno los principales problemas que afronta el país, debido a la generación de economías ilegales y la corrupción que genera, por lo que es necesario enfrentar este problema.

“La meta de este año de erradicación (de cultivos ilegales de coca) va a ser de 25 mil hectáreas. Queremos promocionar también e incrementar la inversión del Estado en desarrollo alternativo integral y sostenible, que no es otra cosa que la erradicación, las tareas de interdicción, pero fundamentalmente el apoyo al campesino cocalero, que sustituya sus cultivos por cultivos alternativos, como el cacao y el café”, declaró Alberto Otárola.

El titular de la PCM indicó que, al día de hoy, la coca ilegal bordea las 100 mil hectáreas en el país, frente a las 40 mil que existían en 2016.

Sostuvo que el ministro Romero y los oficiales que están a cargo del combate a esta actividad ilícita han recibido instrucciones de la presidenta Boluarte para reducir las cifras alarmantes de exportación de cocaína y, sobre todo, trabajar activamente con las poblaciones afectadas, para sacarlas de la esclavitud que representa estar sometidas al narcotráfico.

“Estamos viendo en el terreno cómo se relanzan las tareas de erradicación, pero sobre todo, la toma de contacto con las poblaciones para traerlas a los cultivos lícitos y que la presencia del Estado sea eficiente en estas poblaciones afectadas”, concluyó Otárola Peñaranda.

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solicitó a la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, que informe cuál es el presupuesto que requiere para continuar con la labor de verificación de firmas de fichas de afiliados y actas de constitución de los comités presentados por las organizaciones políticas para su inscripción.

Dicha solicitud, formulada en la sesión del Pleno ampliado del JNE, obedece a la decisión del referido organismo de resolver, por razones económicas, el convenio de cooperación interinstitucional suscrito con el supremo organismo electoral el 12 de agosto de 2016, que fue renovado mediante adenda del 31 de diciembre de 2019, por el cual se ejecutan las actividades señaladas.

En la sesión se informó que, mediante Oficio N° 000374-2023-P/JNE del 7 de julio de 2023, se ha expuesto a la Presidencia del Consejo de Ministros la grave situación informada por el Reniec a fin de que pueda disponer a nivel normativo la transferencia de recursos necesarios para que esta entidad pueda continuar efectuando dicha labor y, de esta manera, no tenga que resolverse el citado convenio.

La función de verificación de firmas que realiza el Reniec es de suma importancia, porque asegura la identidad de los ciudadanos que son presentados como afiliados de una organización política o como miembros de un comité partidario, lo que brinda seguridad jurídica sobre el contenido del padrón de afiliados y robustece la democracia interna y la toma de decisiones de cada organización política.

Esta labor no podría ser realizada por el JNE debido a que no está habilitado legalmente para hacerlo ni cuenta con el sustrato tecnológico que le permita ejecutar esta sofisticada función, mientras que el Reniec dispone de tecnología informática actualizada y de personal especializado. Asimismo, la verificación de una firma está vinculada directamente a la identidad, labor propia del Reniec.

De no contar con el apoyo del mencionado organismo electoral, se advirtieron algunos riesgos que podrían generarse, como la probabilidad de que se presenten fichas adulteradas y, como consecuencia de ello, un número de quejas, apelaciones y denuncias contra la entidad, por afiliaciones indebidas.

En la sesión ampliada también se requirió al Reniec informar cuánto le ha representado anualmente en términos económicos el cumplimiento de sus actividades en las verificaciones de firmas y actas de constitución de comités partidarios y si el monto programado en su Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2023 comprende dicha labor, entre otros aspectos.

Por su parte, el titular de la ONPE, que también intervino en el Pleno ampliado, coincidió en señalar que según lo establecido en las funciones contempladas en la Ley Orgánica del Reniec, está la de proporcionar al JNE y a la ONPE información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, expresó que la Ley N° 27706 establece que aquel organismo es competente para la verificación de firmas.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores nombró a los embajadores de Perú ante las repúblicas de Angola y de Bosnia y Herzegovina.

En la Resolución Suprema 114-2023-RE, publicada hoy en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se nombra a Jorge Félix Rubio Correa para que se desempeñe como embajador extraordinario y plenipotenciario de Perú ante Angola.

Dicho miembro del Servicio Diplomático peruano se desempeña también como embajador del país ante la República de Sudáfrica.

Rubio Correa desarrollará funciones de representación diplomática como embajador en ambos países de manera simultánea.

De igual manera, mediante la Resolución Suprema 115-2023-RE se nombró a Edgar Arturo Pérez Alván embajador de Perú ante Bosnia y Herzegovina.

Dicha función será desempeñada por el mencionado diplomático en paralelo a su labor como embajador del país ante Hungría, se indica.

En ambos casos se les extienden las cartas credencias y plenos poderes correspondientes para poder cumplir con sus labores.

Las resoluciones supremas llevan las firmas de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, y de la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi.

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El pleno del Congreso sesionará hoy por la tarde, en una sesión en la que se prevé ver el pedido de autorización para un viaje de la presidenta Dina Boluarte, así como la distribución de las comisiones de trabajo y la composición de dichos grupos.

La convocatoria fue oficializada mediante una citación remitida a los 130 miembros del Parlamento por la Oficialía Mayor de este poder del Estado.

Las 5 de la tarde es hora fijada para la reunión, que tendrá carácter presencial y que se desarrollará en el hemiciclo de sesiones del Palacio Legislativo.

La agenda que acompaña a esta citación incluye el proyecto de resolución legislativa enviado por el Ejecutivo a fin de que se autorice la salida del país de la presidenta Dina Boluarte para participar en una actividad oficial en Brasil.

En el oficio que acompaña este documento se indica que la ausencia de la mandataria se prolongará entre los días 7 y 9 de agosto.

En ese lapso, la Jefa del Estado Peruano participará en la Cuarta Reunión de los Estados partes en el Tratado de Cooperación Amazónica, a desarrollarse en la ciudad brasileña de Belém do Pará.

Además de este tema, el otro punto contemplado en la agenda del pleno es el de la composición y número de integrantes de los grupos de trabajo parlamentario, de la Comisión de Ética Parlamentaria y de la Comisión Permanente.

Este cuadro de distribución de parlamentarios fue previamente consensuado hoy en la reunión de la Junta de Portavoces de cada bancada, para luego ser oficializado ante el Consejo Directivo.

Esta última instancia la integran los miembros de la mesa directiva del Congreso, junto a los voceros titulares de cada grupo parlamentario.

Debe anotarse que, en la víspera, se formó una nueva bancada, la de Nueva Constitución Socialista, integrada por renunciantes de Perú Libre y de Perú Bicentenario. Sin embargo, se consideró que su formación no procede puesto que la salida de algunos de sus integrantes a sus grupos de origen no se había formalizado.

En base a esa premisa, el número de grupos parlamentarios continúa siendo 12, distribuyéndose entre estos la composición de las comisiones de trabajo.

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El presidente del Consejo de Ministros (PCM) , Alberto Otárola, confirmó que el Acuerdo Nacional tendrá una sesión a fines de agosto, a la que serán convocadas las fuerzas vivas del país.

Las declaraciones del jefe del Gabinete Ministerial fueron ofrecidas tras la culminación de una nueva sesión del Consejo de Ministros, en compañía de varios titulares del sector.

"Debo anunciar que habrá una sesión del Acuerdo Nacional a fines de agosto, para convocar a las fuerzas vivas del país en la perspectiva del mensaje de reconciliación", manifestó.

Asimismo, señaló que este foro también desarrollará sesiones descentralizadas en varias localidades y macrorregiones, con la finalidad "de procesar los reclamos y las diferencias y tratar de llegar por aproximaciones sucesivas a los grandes consensos que el país requiere".

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Según informaron diversos medios de comunicación, la Mesa Directiva del Congreso denegó hoy el pedido de licencia por 60 días solicitada por la legisladora Digna Calle (Podemos Perú), quien permanece hace varios meses en los Estados Unidos.

Dicha decisión tomada por el colegiado que preside Alejandro Soto, deberá ser refrendada por el Consejo Directivo, que se reúne desde las 16:00 horas.

Como se recuerda, la parlamentaria se encuentra desde el mes de enero en los Estados Unidos, pero a pesar de ello ha venido participando y votando en algunos plenos de manera virtual.

El pedido había sido recibido el 26 de julio pasado por el entonces presidente del Congreso, José Williams, indicando que dicha licencia era "personal".

Ante la solicitud de la licencia, congresistas de diferentes bancadas se expresaron en contra de admitirlo e incluso calificaron que la referida legisladora estaba incumpliendo su labor.

Asimismo, la congresista Kelly Portalatino (Perú Libre) presentó una denuncia constitucional contra Digna Calle, por haber infringido la Constitución y el Código Penal al solicitar nuevamente una licencia personal para continuar en Estados Unidos, donde reside.

La congresista de Podemos Perú se encuentra en Estados Unidos desde hace varios meses debido a que tiene una licencia sin goce de haber y aseguró que no cometió ningún delito con su ausencia.

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