Política

El presidente del Consejo de Ministros (PCM) , Alberto Otárola, aseveró que el Proyecto Especial Chavimochic-Etapa III es una realidad que se coteja con hechos y no con solo palabras.

"Vamos a acuñar esa frase prestada de Ayacucho para decirla acá, señor gobernador, Chavimochic es una realidad, hechos y no palabras", expresó al participar en la firma de la adenda que permitirá la ejecución del canal madre del proyecto de irrigación.

"Es una enorme satisfacción asistir hoy día a la firma de este convenio para la ejecución del canal madre del proyecto especial Chavimochic y la promoción de la convocatoria internacional del proceso de adjudicación de proyectos en su tercera etapa, vale decir la represa", agregó.

Durante su intervención, el premier sentenció que dicho proyecto, que fue presentado como parte de la Política General de Gobierno de la presidenta Boluarte ante el pleno del Congreso, “es una de las pruebas de que el Gabinete está cohesionado".

"Estarán bajo el ojo vigilante del Poder Ejecutivo y de la Contraloría, que ejercerá control concurrente y permanente para disuadir cualquier acto ilícito en el manejo de los recursos públicos, esto tanto a nivel del Estado Central como luego en las obras del canal de riego", aseveró.

Aseguró que desde el Ejecutivo se busca llevar a cabo todas las acciones posibles para destrabar obras de gran envergadura, como Chavimochic, y lograr su ejecución en favor del bienestar de toda la ciudadanía.

Además, Otárola señaló que, en cumplimiento de la Política General de Gobierno, la ejecución de dicha obra contará con un control concurrente tanto del Poder Ejecutivo como de la Contraloría General de la República para prevenir actos ilícitos. "La ejecución de los dos instrumentos de gestión del proyecto Chavimochic III tiene cláusulas anticorrupción muy claras y determinantes", refirió.

Con respecto al proyecto, el premier señaló que Chavimochic III, como uno de los siete proyectos emblemáticos nacionales que se busca destrabar, tiene una gran importancia "para el desarrollo nacional, la agroexportación y mejorar el bienestar de la sociedad aquí en La Libertad".

Además, informó que dicho proyecto, que fue definido en 1983, abarcará "la zona costera de las provincias de Virú, Trujillo y Ascope de la región La Libertad, desde el río Santa hasta las pampas de Urricape".

Otárola aseguró que "al término y pleno desarrollo del proyecto, se abastecerá aproximadamente 144 mil hectáreas entre nuevas y por mejorar", lo que permitirá la generación de nuevos puestos de trabajo, así como la producción de un valor bruto de 1200 millones de dólares en ganancias.

/DBD/

La Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Congreso solicitó a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que informe acerca de los argumentos del Ministerio Público para la liberación de presuntos cómplices del delincuente conocido como "Maldito Cris".

Ello, luego de conocerse, a través de diferentes medios de comunicación, de la liberación de dos presuntos delincuentes capturados durante un operativo policial donde fue abatido el joven criminal de nacionalidad venezolana.

"El jueves 16 de junio de 2023 se llevó a cabo el operativo de la Policía Nacional del Perú en la que fue abatido el delincuente de nacionalidad venezolana Cristopher Joseph Fuentes Gonzáles, apodado 'Maldito Cris' y junto a este delincuente fueron capturados dos presuntos delincuentes de nacionalidad extranjera", expone el documento.

"Quienes fueron dispuestos a disposición de la Fiscalía el día domingo 18 de junio del año en curso y ese mismo día en la noche la Fiscal María del Socorro Abad Tandazo de la 9° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte los puso en libertad", continúa.

Así, el oficio enviado desde el Congreso solicita a la Fiscal de la Nación informar sobre las razones que argumentó el Ministerio Público para la liberación de los presuntos delincuentes.

"Situación que como usted comprenderá afecta la sensibilidad de la población de cara a la lucha contra la delincuencia, dado que en estos últimos años la criminalidad organizada ha ido en aumento", agrega el documento.

/DBD/

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, invocó a los electores de 11 distritos en 8 regiones del país a concurrir a las urnas, este domingo 2 de julio, y cumplir con su deber cívico-ciudadano en las Elecciones Municipales Complementarias.

Mediante la cuenta de Twitter del JNE, Salas Arenas remarcó que la población debe tener la plena confianza en que su decisión, determinada a través del sufragio, "será absoluta y escrupulosamente respetada como siempre ha sido y seguirá siendo".

Manifestó que es primordial que los ciudadanos de los 11 distritos del país que participarán de estos comicios ejerzan su derecho al voto que le confiere la Constitución Política para elegir a los alcaldes y regidores de sus respectivas localidades que desempeñarán dichos cargos en el periodo 2023-2026.

Igualmente, exhortó a los ciudadanos que cumplirán la función de miembros de mesa (titulares y suplentes) a acudir temprano a los locales de votación y cumplir con la instalación oportuna de las mesas de sufragio. Les solicitó desempeñar a cabalidad el rol que se les ha encargado a fin de que la jornada electoral se desarrolle sin dificultades y observaciones.

El titular del JNE también invocó a los candidatos y organizaciones políticas participantes, así como a los militantes y simpatizantes de las listas de postulantes en contienda, a esperar con tranquilidad los resultados electorales y a aceptar la voluntad popular expresada en las urnas, dejando expedito su derecho a interponer los recursos legales existentes.

Las EMC se llevarán a cabo en los distritos de Recta (Bongará) en Amazonas; Canis (Bolognesi) y Aco (Corongo) en Ancash; Lari (Caylloma) en Arequipa; Chimbán y Pion (Chota) en Cajamarca; Manitea (La Convención) en Cusco; Salcabamba (Tayacaja) y Chinchihuasi (Churcampa) en Huancavelica; Aparicio Pomares (Yarowilca) en Huánuco, y Huamantanga (Canta) en Lima.

Dichos comicios fueron convocados en las mencionadas localidades debido a que se declaró la nulidad de las Elecciones Municipales 2022 por causas previstas en la ley electoral.

De acuerdo con el padrón electoral aprobado por el JNE, 19,107 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en las elecciones complementarias, de los cuales 9,592 son hombres y 9,515 mujeres. Del total, 5,917 son jóvenes entre 18 y 29 años de edad.

/DBD/

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó una transferencia financiera de más de S/ 7.7 millones a favor de diez agrupaciones politicas, en el marco de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley N.º 28094, Ley de Partidos Políticos.

Según Resolución Jefatural Nº 000688-2023-JN/ONPE, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, este grupo de partidos se verán beneficiados con dichos recursos y percibirán una subvención mensual entre julio y diciembre de este año.

Los partidos políticos beneficiarios serán aquellos con representación en el Congreso de la República. A continuación, se detalla lo que percibirán durante el segundo semestre del 2023:

1. Partido Político Nacional Perú Libre - S/ 1,075,639.61

2. Fuerza Popular - S/ 957,530.59

3. Renovación Popular - S/ 843,268.72

4. Acción Popular - S/ 825,571.60

5. Alianza para el Progreso - S/ 741,414.23

6. Avanza País - Partido de Integración Social - S/ 741,130.77

7. Juntos por el Perú - S/ 687,321.48

8. Partido Democrático Somos Perú - S/ 661,153.18

9. Podemos Perú - S/ 644,211.68

10. Partido Morado - S/ 620,759.78

Según el cronograma de depósitos, estos se harán efectivos en la primera quincena de cada mes a las cuentas bancarias de los partidos.

El dispositivo legal fija el 15 de enero de 2024 como fecha límite de presentación de la rendición de cuentas que efectuarán las organizaciones políticos.

/DBD/

Perú Libre eligió al legislador Waldemar Cerrón como su candidato a la Mesa Directiva del Congreso confirmó el secretario general de dicho partido, Vladimir Cerrón.

Señaló que el acuerdo fue adoptado por la Asamblea Nacional Extraordinaria de la agrupación, reunida ayer.

Además, indicó que la fórmula definitiva que acompañará al congresista Cerrón será aprobada en una segunda Asamblea Nacional Extraordinaria.

Con ello, se ratifica la decisión de Perú Libre de participar en la elección de la Mesa Directiva por amplia mayoría del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), secretarios generales y congresistas, dijo Cerrón. 

El lunes 26 de junio, el vocero de la bancada, Flavio Cruz, aseguró que Waldemar Cerrón sería la primera propuesta que tendrían con miras a las elecciones del próximo mes.

Las elecciones de la Mesa Directiva del Congreso deben efectuarse en julio, antes del inicio de la segunda legislatura ordinaria.

/RP/NDP/

/LC/

El presidente del Consejo de Ministros (PCM) , Alberto Otárola, aseveró que la decisión de entregar la Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico al Perú desde el 1 agosto de 2023 refleja el profesionalismo del Ministerio de Relaciones Exteriores en la materia.

"Hemos tratado de varios asuntos. Uno de ellos de especial importancia es la agenda positiva en relaciones exteriores. El Perú va a recibir la presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico a partir del 1 de agosto de este año", anunció.

"Más allá de los problemas conocidos, esto representa un acuerdo muy importante para el país y refleja la eficiencia y el profesionalismo de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores", agregó el premier Otárola.

Así, el ministro Otárola aseguró que se realizará un traspaso ordenado como resultado del trabajo entre las cancillerías de los 4 países miembros: Perú, Chile, México y Colombia.

"Este va a ser un traspaso ordenado, es un trabajo entre las 4 cancillerías y el Perú lo que va a hacer es mirar hacia adelante, porque lo que importa en este momento es el fortalecimiento de una alianza tan importante para los intereses de todos los peruanos y de todos los países que han comprometido sus esfuerzos e inversiones en esta alianza", resaltó.

Añadió que durante este tiempo los mecanismos económicos relacionado con la Alianza del Pacífico han continuado funcionando, por lo que el Perú seguirá trabajando en busca del desarrollo de nuestro país y demás países miembros.

Además, sostuvo que la posibilidad de que la presidenta Dina Boluarte reciba este encargo de manera presencial será evaluada por el Ejecutivo ya que actualmente se cuenta con una ley que posibilita la gestión remota de la Presidencia, previa aprobación del Congreso de la República.

Aprobación de Decretos de urgencia:

En otro momento, el titular de la PCM anunció que, durante la sesión de Consejo de Ministros, que se lleva a cabo todos los miércoles, se aprobaron 3 decretos de urgencia.

"El primero de ellos es uno que apoya la actividad productiva en la bahía de Sechura. Se están otorgando facilidades a quienes cultivan las conchas de abanico y para los concesionarios y maricultores de Piura. Es un acuerdo muy importante para ellos que han tenido un efecto importante por el reciente Yaku", informó el premier.

Posteriormente, señaló que el segundo decreto de urgencia va dirigido a más de 140 mil mypes "a través de la ampliación del monto máximo de garantía y de las facilidades de pago para estas empresas".

Finalmente, con respecto al tercer decreto, el premier informó que va dirigido a reactivar y fortalecer las gestiones de empresas prestadoras de servicios de saneamiento.

/DBD/

Con ocasión de resolver el Exp. N° 03326-2017-PA/TC, el Tribunal Constitucional (TC) ha precisado que el derecho a la consulta previa, constituye fuente de derecho interno conforme al artículo 55 de la Constitución, es de aplicación obligatoria y constituye un derecho fundamental tutelable a través del proceso de amparo.

Asimismo, reiteró que la existencia legal de las comunidades campesinas y nativas no requiere de inscripción previa, pues esta última es un acto administrativo declarativo y no constitutivo de ella.

Así lo decidió el TC al declarar infundada la demanda de amparo planteada por la Comunidad Campesina de Asacasi, contra el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la Dirección Regional de Energía y Minas de Apurímac (DREM de Apurímac), por la sistemática omisión de realizar consultas previas, libres e informadas antes de la expedición de concesiones mineras en el área geográfica que forma parte del territorio ancestral de la comunidad campesina de Asacasi, descendiente del pueblo indígena andino quechua.

El TC reiteró que, conforme a la normativa peruana, el otorgamiento de una concesión no autoriza a que inmediata o directamente se inicien actividades de exploración o la explotación y, por ende, dicho acto administrativo no constituye per se un supuesto de afectación directa que deba ser consultado previamente.

Sin embargo, precisa que la concesión sí debe ser objeto de consulta previa cuando se advierta que afecta directamente a un pueblo indígena u originario, es decir, cuando exista evidencia razonable de que exista riesgo ambiental o que pueda generarse cambios relevantes y directos en su territorio (entendido este de manera integral) o su estilo de vida –entre otras posibilidades–, bases de su cohesión y existencia social (por ejemplo: casos de desplazamiento forzado, supuestos de división de comunidades, fractura de su tejido social, etc.).

A la vez que reconoce a la consulta previa como derecho fundamental, enfatiza que este se encuentra directamente relacionado con el derecho a participar en la vida economica social de la Nación, y que dicha prerrogativa coopera en el fortalecimiento del Estado Constitucional, democratiza la sociedad peruana y contribuye a la protección de los pueblos indígenas, preservando su identidad y subsistencia digna.

El Tribunal resalta que el derecho a la consulta previa implica un diálogo intercultural que debe regirse por los principios de buena fe, de flexibilidad, coparticipación de la riqueza, transparencia y que debe tener la condición de previa.

De otro lado, la decisión reconoce que la concesión minera, en tanto medida administrativa, tiene soporte constitucional en el artículo 66 de la Constitución, que consagra la regulación sobre los recursos naturales y su eventual concesión.

También puntualiza que cuando la concesión se solicita u otorga respecto de territorios de pueblos indígenas u originarios, ello debe ser puesto a conocimiento de estas con la finalidad de que estén plenamente enteradas de la eventual modificación de la situación jurídica del suelo en que habitan y de los posibles cambios que eventualmente podrían generarse en el futuro, lo cual actualmente no se encuentra regulado.

Frente a esta omisión, el Tribunal considera necesario exhortar al Congreso de la República, al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Energía y Minas para que, en el marco de sus competencias y atribuciones, legislen adecuadamente, con pertinencia cultural, el contenido de los derechos a la consulta previa y a la participación ciudadana y coordinen su reglamentación.

En la sentencia, ponencia del magistrado Ochoa Cardich, indica que la comunicación dirigida a los pueblos indígenas u originarios debe realizarse con pertinencia cultural y respeto irrestricto a la diversidad lingüista restringida consagrada en el artículo 48 de la Constitución. Asimismo, se dispone la difusión de un extracto de la sentencia en lenguas originarias representativas a saber, quechua aimara y asháninca.

/NDP/DBD/

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundada la apelación interpuesta por la defensa del expresidente Pedro Castillo contra la resolución que declaró improcedente su solicitud de tutela de derechos, en el marco de la investigación que se le sigue por el delito de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

El recurso del exmandatario buscaba la nulidad o dejar sin efecto la denuncia constitucional formulada por el Ministerio Público por los referidos delitos, indicó el Poder Judicial (PJ) a través de Twitter.

La sala presidida por el juez César San Martín señaló en su resolución que la Fiscalía de la Nación no infringió los artículos 99, 100 y 117 de la Constitución Política al haber realizado diligencias preliminares contra el exmandatario.

"No se infringió disposición constitucional ni precepto legal alguno, así como tampoco derechos del impugnante. Su recurso debe desestimarse. Así se declara", señala el documento.

Asimismo, la Corte Suprema recordó que el juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, declaró improcedente la solicitud de tutela de derechos al considerar que no es "jurídicamente posible que se declare la nulidad o se deje sin efecto una denuncia constitucional formulada por la Fiscalía de la Nación ante el Congreso de la República".

"Se trata de un acto unilateral en ejercicio de sus atribuciones, cuya calificación, trámite y decisión corresponde a los órganos competentes en sede parlamentaria", refirió.

/DBD/