Política

El Congreso de la República oficializó la inhabilitación por cinco años para el ejercicio de función pública y la formación de causa penal contra la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

Ello a través de las resoluciones legislativas 024-2022-2023-CR y 025-2022-2023-CR, respectivamente, publicadas en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Así, la primera resolución ya mencionada resuelve "inhabilitar por cinco años para el ejercicio de la función pública" a la exfiscal Ávalos.

Del mismo modo, la siguiente resolución dispuso "declarar haber lugar a la formación de causa penal" contra Ávalos por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en agravio del Estado.

Ambas medidas fueron aprobadas durante la sesión plenario del pasado miércoles 21 de junio, donde se debatió y votó por la acusación en su contra por la presunta comisión del delito de Omisión, Rehusamiento o Demora de Actos Funcionales.

Los hechos se remontan al 4 de enero del 2022 cuando el Ministerio Público informó que la entonces Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió investigación preliminar al también entonces presidente Pedro Castillo Terrones, por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública (tráfico de influencias agravado, en su calidad de autor) y colusión (en calidad de partícipe), en agravio del Estado.

La investigación preliminar a Castillo Terrones se sustentó en la facultad prevista en el artículo 117° de la Constitución. Sin embargo, el Ministerio Público indicó que "el inicio de los actos de investigación" quedaba suspendido hasta la culminación de su mandato "en razón de su inmunidad absoluta que trasciende el ámbito procesal penal".

Es decir, en un mismo acto la Fiscalía de la Nación anunció el inicio de una investigación preliminar a Castillo Terrones y también la suspensión de todas las diligencias que esa decisión podía generar.

Ambos dispositivos legales llevan la firma del Presidente del Congreso de la República, José Williams Zapata, y de la primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano Delgado.

/DBD/

La comisión de Ética Parlamentaria verá hoy, viernes 23 de junio, a partir de las 8:30 horas, los informes finales de los casos seguidos contra las congresistas Katy Ugarte y Rosio Torres.

Ambas parlamentarias fueron acusadas por el presunto recorte de sueldos que habrían realizado a trabajadores de sus despachos en el Congreso de la República.

Con respecto al caso de la congresista Katy Ugarte, la comisión de ética realizó, el pasado miércoles 14 de junio, la audiencia de investigación correspondiente donde se citó a 15 personas entre los que se encontraban la parlamentaria, trabajadores y excolaboradores.

Por otro lado, con respecto a la parlamentaria Rosio Torres, la comisión de ética recibió el pasado lunes 29 de junio el testimonio de Nathaly Rubio, extrabajadora de su despacho.

Luego del testimonio de Rubio, la congresista Torres se presentó en la Comisión de Ética y pidió que la sesión sea reservada, lo cual fue aceptado por el grupo de trabajo.

De igual manera, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sesionará hoy, viernes 23 de junio, a partir de las 11:00 horas.

Dentro de los casos previstos en su agenda se encuentran las audiencias por el caso contra el exjuez Supremo, César Hinostroza Pariachi,  por la presunta comisión de los delitos de Cohecho Activo Específico, Contra la Administración Pública, en la modalidad de Tráfico de influencias agravado.

Otro audiencia a realizar será por la denuncia constitucional contra la congresista María del Pilar Cordero Jon Tay, quien también se encuentra relacionada al caso de recorte de sueldos.

Cordero Jon Tay es acusada por la presunta comisión del delito de Concusión y la presunta infracción constitucional de los artículos 1; 2 inciso 15; 22; 23; 38 y 45 de la Carta Magna.

Asimismo, se realizará la audiencia por el caso que se le sigue a la congresista Heidy Juárez quien también fue acusada de haber recortado el sueldo a sus trabajadores.

/DBD/

La presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia del Poder Judicial para Personas en Condición de Vulnerabilidad, Janet Tello Gilardi, afirmó que el Perú es pionero en el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad (PCD) y de las personas adultas mayores.

“Desde el Poder Judicial se están desarrollando diferentes estrategias para garantizar el efectivo acceso a la justicia, una de ellas, y por no decir la más importante, es la migración efectiva al modelo social”, señaló la magistrada.

Indicó que, desde dicho poder del Estado, no solo ha trabajado e impulsado diversas normativas, sino que también ha realizado capacitaciones constantes a las y los servidores judiciales, campañas informativas, mesas de trabajo, entre otras actividades.

Sostuvo que, a lo largo de estos años, fueron aprobados diferentes documentos normativos destinados a simplificar la presentación de solicitudes para apoyos y salvaguardias a fin de garantizar el respeto de los derechos, voluntad y preferencias de las PCD y las personas adultas mayores.

Al respecto, resaltó el “Protocolo de Atención Judicial para Personas con Discapacidad” y la directiva “Disposiciones para la Atención Judicial de Personas Adultas Mayores”, cuya finalidad es garantizar el acceso a la justicia de estas poblaciones para que ejerzan sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones.

Para ello, añadió la magistrada, han sido desarrolladas diferentes herramientas tecnológicas como las alertas judiciales, tanto para las PCD, como para las personas adultas mayores.

/DBD/

La congresista Silvana Robles anunció su renuncia irrevocable a la bancada Perú Libre por "respeto" a sus principios.

"En respeto a mis principios, he tomado la decisión de presentar mi renuncia irrevocable a la bancada Perú Libre. Mi compromiso con el pueblo que me eligió seguirá intacto", dijo la parlamentaria a través de Twitter.

Robles precisó que la renuncia se da "con absoluta convicción de compromiso y lealtad con los intereses de las grandes mayorías populares y excluidas".

"A dos años de gobierno, diferencias sustanciales de política nacional me impusieron la crucial decisión de mi renuncia irrevocable ratificando mi compromiso y lealtad con el pueblo que me eligió y al que me debo. Ese pueblo es consciente de quiénes hemos mantenido la defensa de dichos ideales y principios en el Congreso de la República, especialmente en votaciones trascendentes", añadió.

La también ex ministra de Cultura aseguró que se mantendrá firme en la lucha "por la democracia" y su compromiso al servicio del pueblo.

Por otro lado, la parlamentaria consideró que existe en el Parlamento una unión con "el fujimorismo, responsable de la inestabilidad política que padece el Perú desde el 2016".

"Habiendo agotado internamente todos los debates posibles, crítica y autocríticamente y en forma fraterna, no veo en el escenario cercano la intención de enmendar el rumbo tomado, a pesar de la urgencia de decisiones firmes y coherentes", apuntó.

/DBD/

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Fernando Varela Bohórquez, encabezó el lanzamiento de “Wiñay Warmi”, que significa “Crece Mujer”, intervención articulada multisectorial, cuyo objetivo es promover el empleo en las mujeres para cerrar las brechas de género en el acceso a fuentes de trabajo decente.

El punto de partida de esta intervención se dio en una feria informativa en el distrito de Ate donde mujeres que demandan mejores empleos y condiciones laborales pueden conocer los servicios vinculados a “Wiñay Warmi”.

Destacó que la implementación de esta intervención contempla la disposición de paquetes de servicios según perfiles de la usuaria, como: emprendedoras o autoempleadas; asalariadas o dependientes; y buscadoras de empleo.

“Wiñay Warmi” busca dotar a las beneficiarias de herramientas para la promoción del empleo y autoempleo; desarrollo y fortalecimiento de competencias laborales; promoción y fortalecimiento en el acceso a servicios de cuidados y de corresponsabilidad; promoción de espacios de igualdad y entornos laborales y formativos seguros libres de discriminación; y difusión de la oferta de servicios públicos y privados, que promuevan el empleo y autoempleo de manera accesible con enfoque de género.

Esta intervención articula 39 servicios prestados por 22 instancias y entidades pertenecientes a ocho sectores, como los ministerios de Trabajo y Promoción del Empleo; Producción; Desarrollo Agrario y Riego; de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; Comercio Exterior y Turismo; Justicia y Derechos Humanos; Educación; y Desarrollo e Inclusión Social.

/DBD/

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino, recalcó la importancia del proyecto presentado ante el Congreso para que no caduquen las requisitorias de las personas denunciadas por feminicidio y violación sexual.

Indicó que esta iniciativa forma parte de la política pública del Estado, de luchar contra la violencia ejercida contra mujeres, niños y adultos mayores.

Refirió que, con la eventual aprobación de este proyecto de ley, las requisitorias por los delitos mencionados no caducarían a los tres meses, sino que continuarían “permanentemente vigentes”.

El proyecto de ley mencionado se encuentra en la Comisión de Justicia del Congreso. Su objetivo es modificar los numerales 2 y 4 del artículo 261 del nuevo Código Procesal Penal.

Así, se plantea en dicha iniciativa que las requisitorias para casos de feminicidio y violación sexual, y sus formas agravadas “no caducan hasta la efectiva detención de los requisitoriados”.

En tal sentido, se busca sumar dichos actos ilícitos a otros que reciben el mismo tratamiento. Estos son terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas.

 “Queremos con ese proyecto de ley que la Policía Nacional haga su trabajo y todos puedan identificar y denunciar” a esas personas, dijo la ministra. “No es posible que no se capture a un sacerdote que violo a una niña en Áncash”, dijo la ministra en el programa ‘Andina al Día’ de Andina Canal Online.

Añadió que los rostros de los denunciados por estos casos aparecen en las páginas web de las entidades estatales para que puedan ser reconocidos.

Tolentino destacó también la campaña ‘También es mi problema’ de sensibilización frente a las agresiones y la violencia contra la mujer, y refirió además que se cuenta con la participación de todas las entidades públicas en el desarrollo de la estrategia contra este mal.

Refirió, en tal sentido, que el comando de la Policía Nacional ha dispuesto que se sancione “inmediatamente” a los agentes que no toman las denuncias sobre estos casos. Asimismo, a través del Programa Aurora, se han instalado Centros de Emergencia Mujer en 180 sedes policiales.

/DBD/

El Instituto Nacional Penitenciario informó que la ex primera ministra Betssy Chávez, investigada por rebelión y conspiración, cumplirá los 18 meses de prisión preventiva en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos.

Esto ocurre luego que Chávez Chino pernoctara en la carceleta del INPE ubicada en el penal de Ancón II tras haber pasado por el control de identidad en una audiencia ante el Poder Judicial.

/DBD/

El abogado de Zoraida Ávalos, Francisco Eguiguren, aseguró que la inhabilitación por cinco años de la función pública contra su defendida, aprobada por el Pleno del Congreso, fue una decisión política adoptada con antelación.

"Yo sí siento que he hecho bien mi trabajo; sin embargo, ha sido inútil frente a una decisión política ya adoptada y concertada en el Congreso. La votación ha sido muy alta, eso implica que ha habido una cierta concertación", dijo Eguiguren en entrevista con RPP.

Consideró que "jurídicamente resulta evidente" que la Corte Suprema archivará la denuncia contra la ex fiscal de la Nación.

Además, explicó que, según la Constitución Política, la Corte podría absolverla para que se le devuelvan sus derechos políticos.

"La Constitución manda que, aprobada la acusación del Congreso con contenido penal, el acusado es puesto a disposición de la Corte Suprema. La Fiscalía acusa en los mismos términos del Congreso y la Corte Suprema juzga. Aquí viene la instancia judicial sí o sí y será la Corte Suprema la que absuelva o condene. Si la absuelve, dice la Constitución que se devuelve los derechos políticos al acusado", indicó.

Inclusive, en caso sea condenada, podría imponérsele sanciones menos graves, precisó.

En relación a la infracción constitucional, Francisco Eguiguren mencionó que al tratarse de una sanción política y siendo el juicio político una potestad exclusiva del Congreso, no podría darse la aplicación de algún instrumento en sede judicial como una acción de amparo.

Comentó que Zoraida Ávalos podría iniciar un proceso contra el Estado peruano en instancias internacionales "donde seguramente podría obtener un resultado favorable", pero que este sería largo, por lo que quedará a evaluación de la fiscal suprema dicha decisión.

Asimismo, aseveró que ha persistido la polarización en el país, lo que a su vez estaría siendo perjudicial para los ciudadanos.

"Al país lamentablemente nos está haciendo mucho daño esta polarización, esta incapacidad de meditar, razonar, de no poner un freno para los impulsos, para las venganzas, para los odios", puntualizó.

/DBD/

La presidenta de la Comisión de Descentralización de ese poder del Estado, Diana Gonzáles (Avanza País), aseveró que el dictamen que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), aprobado en primera votación por el Pleno del Congreso, recogió los aportes de los legisladores y del Poder Ejecutivo.

"Nosotros hemos tenido diferentes sesiones ordinarias, extraordinarias, hemos recibido también la exposición del señor Contralor, hemos tenido también reuniones técnicas con los diferentes representantes técnicos de PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) y MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) a fin de llegar a un texto que ha sido presentado al Congreso y ha recibido los aportes de los señores congresistas", dijo Gonzáles en diálogo con RPP.

La legisladora destacó que el texto presentado no acoge la propuesta de que se conforme un consejo directivo, sino que se cuente con un jefe designado de forma regulada.

Asimismo, indicó que la norma no hace mención a una absorción de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) debido a que el Ejecutivo tiene la facultad de disponerlo cuando desee a través de un decreto, sin necesidad de la aprobación de una norma desde el Parlamento.

"Si la intención del Ejecutivo era absorber a Reconstrucción con Cambios, ellos lo podían hacer con un decreto supremo, no necesitaban al Congreso como mesa de partes", señaló.

La congresista de Avanza País consideró que no era necesaria la precisión de este tema en el proyecto consensuado debido a que la ARCC culminará su periodo de trabajo a fin del presente año.

"Con o sin Autoridad Nacional de Infraestructura, entendemos que el mandato de Reconstrucción con Cambios terminaba en diciembre de este año", puntualizó.

/DBD/