Política

La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, afirmó hoy ante un grupo importante de representantes del sector privado estadounidense que “el Perú está de regreso y da la bienvenida a las inversiones”.

La Canciller precisó que en el país existe un responsable manejo de la economía, una política exterior estructurada, así como políticas de Estado que brindan continuidad, estabilidad y una visión a largo plazo.

Gervasi participó en la reunión que congregó a las más importantes empresas de Estados Unidos con inversiones en el Perú, realizada en las oficinas del American Society/Council of the Americas (AS/COA) en Washington D.C.

El diálogo se da en el marco de la visita de trabajo que realiza a la referida ciudad para participar de la 53° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Durante su presentación, la ministra Gervasi destacó que Perú continúa con convicción y determinación la senda de crecimiento y desarrollo de los últimos 30 años y que se encuentra comprometido con la integración económica a nivel regional y global.

Asimismo, resaltó las amplias oportunidades de inversión en el Perú y su cualidad de ser un país conectado al mundo con 22 tratados de libre comercio (TLC).

Además, destacó que el país está próximo a asumir por tercera vez la Presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2024 y es firme candidato a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el objetivo de consolidar un Estado promotor del desarrollo inclusivo, sostenible y resiliente para beneficio de sus ciudadanos.

La canciller Gervasi enfatizó, además, que el Perú cuenta con fundamentos económicos altamente valorados por los inversionistas presentes en el país y reconocidos por las más prestigiosas calificadoras, las mismas que destacan la idoneidad de las medidas adoptadas por las instituciones encargadas del manejo económico en nuestro país.

Las compañías estadounidenses que participaron en el diálogo pertenecen a sectores de minería, hidrocarburos, automotriz, infraestructura, banca y finanzas, fondos de inversiones, seguros, salud, farmacéuticas, entre otros.

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La Comisión Permanente del Congreso recibió oficialmente la delegación de legislar hasta el 21 de julio del presente año, respecto a determinados puntos.

Esta decisión -aprobada en el pleno del Parlamento Nacional- fue oficializada con la publicación de la Resolución Legislativa 023-2022-2023-CR, hoy, en el Boletín  de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

En ese sentido, la Comisión Permanente del Congreso podrá hacer efectiva su facultad de legislar a partir del día siguiente al término de la segunda legislatura ordinaria, actualmente en marcha.

Debe recordarse que esta fue ampliada hasta mañana, 23 de junio.

Ello implica que, a partir del 24 de junio y hasta el 21 de julio, la Comisión Permanente esté facultada para legislar sobre dictámenes e iniciativas legislativas que figuren en la orden del día y en la agenda del pleno del Congreso.

También podrá abordar aquellos proyectos legislativos que la Junta de Portavoces Parlamentarios escoja mediante acuerdos.

Se incluye dentro del grupo de propuestas que la Comisión Permanente podrá debatir y aprobar a las iniciativas provenientes desde el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia.

Como contraparte, no podrán ser tratados por la mencionada instancia del Parlamento los asuntos fijados en el inciso 4 del artículo 101 de la Constitución.

Estos son reformas constitucionales, aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, la Ley de Presupuesto y la Ley de la Cuenta General de la República.

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Organizaciones de pueblos indígenas reiteraron su pedido de archivamiento definitivo del proyecto de ley N° 3518/2022-CR que busca desconocer la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (Piaci) en la Amazonía peruana.

Si bien destacaron que la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la República recomendó el archivamiento de la iniciativa legislativa, aún está pendiente el debate en la Comisión de Descentralización.

En ese sentido, los dirigentes amazónicos resaltaron que seguirán trabajando para que dicha iniciativa legislativa sea archivada también en la Comisión de Descentralización por el bien de los pueblos aislados y sus territorios.

Durante el conversatorio “En defensa de los pueblos indígenas aislados y la ley 28736”, realizado en el Parlamento, la congresista Sigrid Bazán señaló que la ley 28736 (Ley PIACI) fue concebida para la protección de los derechos, territorios y formas de vida de los Piaci, que se aislaron para proteger sus vidas de amenazas externas. Además, sostuvo que el interés por despojar de sus tierras a los Piaci es para otorgarlas a las economías extractivistas presentes en la selva.

“Los Piaci son un obstáculo a los negocios de las mafias. Pero no solo hablemos de pueblos en la Amazonía, hablemos en general de los 4 millones de hectáreas en las reservas y otros 4 millones que están en trámite. Todo este territorio de nuestra selva está en peligro y por supuesto también las poblaciones que subsisten en ellas.”, enfatizó Bazán.

Por su parte, el congresista Jorge Marticorena también resaltó su compromiso con la protección de los Piaci. “Vamos a defender su derecho porque ustedes son los verdaderos dueños de la riqueza del Perú. No permitiremos que se siga atentando contra sus derechos”, indicó.

Como se sabe, el proyecto de ley 3518 busca que las reservas indígenas sean aprobadas por los gobiernos regionales. Es decir, ya no sería una política nacional de protección y retiraría del proceso a los ministerios de Cultura y Ambiente, así como a ocho entidades estatales y a la representación de las organizaciones indígenas.

Líderes indígenas defienden las vidas de los Piaci

A su turno, Jorge Pérez Rubio, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), afirmó que es difícil ver a los Piaci porque ellos han decidido vivir aislados frente a las agresiones históricas sufridas. “Hemos cometido el error de no hablar de los pueblos aislados. Necesitamos promover una corriente informativa sobre los Piaci”, detalló Pérez.

Asimismo, reiteró la defensa de la vida de los pueblos aislados e hizo un llamado para que el Ministerio de Cultura difunda cómo son los mecanismos para establecer las reservas, cuáles son los elementos de prueba “para no dar cabida a discursos negacionistas”, exhortó.

En relación con ello, Juan Reátegui, viceministro de Interculturalidad, explicó que dicho sector ya envió sus opiniones técnicas respecto al proyecto de ley 3518 a la Comisión de Descentralización del Congreso. Además, hizo hincapié en los altos niveles de vulnerabilidad de los Piaci.

“El Estado tiene la función de garantizar sus derechos, como la autodeterminación de relacionamiento de estos pueblos. Desde el ministerio de Cultura rechazamos el proyecto de ley 3518. No podemos ceder ante iniciativas desinformativas que atentan contra derechos”, precisó Reátegui.

Testimonios

Con la finalidad de desacreditar la postura negacionista sobre la existencia de los PIACI, dirigentes indígenas de diferentes regiones amazónicas dieron sus testimonios sobre la presencia de los pueblos aislados y las evidencias que encontraron de su presencia. Además, expresaron su malestar ante el escaso interés del gobierno por protegerlos.

“En Perú, los Piaci están en reservas territoriales en casi toda la Amazonía. Ellos existen, hay huellas, casitas, hemos visto flechas, hay muchos indicios de la existencia de estos pueblos en aislamiento”, afirmó Julio Cusurichi, responsable del programa Piaci de Aidesep.

Los dirigentes indígenas afirmaron que sus abuelos les contaban sobre la historia de los Piaci si no que señalaron que ellos mismos los han visto y que por eso no se puede poner en duda su existencia.

“Hasta el día de hoy los indígenas no gozamos de nuestros derechos. Desde hace décadas la Amazonía ha estado desamparada por el gobierno, existe una deuda bastante grande con la Amazonía. Si el mundo está peligro, la Amazonía es esperanza. Pedimos que este proyecto de ley 3518 sea archivado”, señaló Beltrán Sandi, presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio).

Es importante señalar que el antropólogo Fritz Villasante mencionó que desacreditar y poner en duda los testimonios de los comuneros, que vieron a los Piaci y forman parte de los documentos requeridos para el reconocimiento de estos pueblos, evidencia el racismo y discriminación de los promotores del proyecto de ley 3518.

Firmas de todo el mundo

Por otro lado, durante el evento los dirigentes de Aidesep hicieron la entrega a los congresistas Sigrid Bazán y Jorge Marticorena de más de medio millón de firmas de personas en todo el mundo que se han sumado también a la defensa de los Piaci. Ciudadanos de 200 países firmaron la petición virtual, impulsada por Avaaz, y respaldan el pedido de archivamiento del proyecto de Ley 3518 que amenaza la vida de nuestros hermanos indígenas aislados.

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El Pleno del Congreso aprobó el dictamen del proyecto que modifica la Ley de devolución de dinero del Fonavi a los trabajadores contribuyentes, para permitir la devolución parcial con cargo a una posterior cancelación, y reconocer el derecho de devolución de dinero de los trabajadores que contribuyeron a dicho fondo a sus herederos en caso de fallecimiento.

La iniciativa legislativa se sustenta en los proyectos de ley 696/2021 y 4702/2022. Obtuvo 110 votos a favor, cero en contra y una abstención. Fue exonerada de segunda votación.

La titular de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Rosangella Barbarán Reyes (FP), sostuvo que para concretar esta medida se modifica el artículo 4 de la Ley 29625, Ley de devolución de dinero del Fonavi a los trabajadores que contribuyeron al mismo, y se incorpora el artículo 4 –A.

Expuso que en su primer artículo se reconoce el derecho a la devolución y en el siguiente, se incorpora el mencionado artículo 4-A a la referida ley, en el cual se crea una Comisión Ad Hoc que deberá aplicar los procedimientos y procesos que sean necesarios para cumplir con lo establecido en los artículos 2 y 3 de la Ley 29625.

La incorporación del término ad hoc, dijo, “es importante, debido a que es reconocida, no existiendo inconveniente para su instalación, lo que facilita aplicar los procedimientos u procesos necesarios”.

Asimismo, la Comisión Ad Hoc deberá “atender en forma prioritaria a las personas mayores de sesenta y cinco años, a los registrados en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) y a los que tienen alguna enfermedad grave o terminal, sean los titulares o sucesores”.

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El Congreso oficializó la norma que aprobó por insistencia, la cual otorga una Remuneración Mínima Vital (RMV) como asignación económica mensual para el personal del servicio militar acuartelado, la cual asciende a S/1,025.

Mediante la Ley Nº 31796, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se establece en una RMV la asignación económica mensual para el soldado, grumete o avionero, que realiza el Servicio Militar Acuartelado; de conformidad con el artículo 54, numeral 4 de la Ley 29248, Ley del Servicio Militar.

Para las otras jerarquías del personal de tropa, que presta el servicio militar acuartelado, la asignación económica mensual se fija teniendo como monto base la RMV, señala la norma.

Es aprobada por el Ministerio de Defensa en noviembre de cada año y rige a partir de enero del año siguiente, dice la norma.

El dispositivo legal es firmado por el presidente del Congreso, José Williams y la primera vicepresidenta, Martha Moyano.

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El pleno del Congreso aprobó conformar una comisión especial multipartidaria de seguimiento, coordinación, monitoreo y fiscalización sobre los avances de los resultados en la prevención y control del cáncer.

La propuesta sustentada por el legislador Alejandro Aguinaga fue aprobada con 79 votos a favor, 24 en contra y 9 abstenciones.

El parlamentario señaló que la comisión realizará un estudio sobre cómo se han realizado los trabajos con relación al manejo del cáncer en el país, teniendo en cuenta que anualmente se detectan 150 nuevos casos de enfermedades oncológica por 100 mil habitantes en el país.

Por su parte, la congresista Susel Paredes (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), se mostró en contra de la creación de una nueva comisión por cada "grave problema que tiene el país".

Recordó que la principal crítica de la ciudadanía al Congreso es la gran cantidad de trabajadores que tiene y que se incrementaría más con una nueva comisión especial. En su opinión, a la Comisión de Salud le corresponde hacer el seguimiento y fiscalización de los avances en la prevención del cáncer.

La nueva comisión especial estará conformada por un integrante de cada uno de los grupos parlamentarios, respetando los principios de pluralidad y proporcionalidad.

Dicho grupo de trabajo presentará el primer día hábil del mes de febrero de cada año, un informe anual de la labor realizada en concordancia su finalidad.

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