Política

Nueve partidos políticos, de un total de diez, llegaron a presentar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sus informes de rendición de cuentas del financiamiento público directo (FPD) correspondiente al segundo semestre del ejercicio anual 2023.

Estos informes pertenecen al Partido Político Nacional Perú Libre, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País - Partido de Integración Social, Partido Democrático Somos Perú, Podemos Perú, Fuerza Popular, Juntos por el Perú y Partido Morado. Acción Popular fue el único partido político que no solicitó el FPD durante el 2023.

Los informes recibidos están publicados en el portal digital de financiamiento (Claridad), salvo los correspondientes a Fuerza Popular, Partido Político Nacional Perú Libre y Renovación Popular, que se encuentran en proceso de subsanación.

Cada informe de rendición de cuentas es objeto de verificación y control, a través del equipo de auditores, así como de visitas de verificación programadas e inopinadas a los locales de los respectivos partidos políticos, acciones que son difundidas en nuestras redes sociales. 

Esto con el propósito de validar la información presentada en los plazos establecidos, sobre la documentación registrada en sus libros contables, que culmina con la emisión de un acta, mediante la cual se podrían advertir incumplimientos y presuntas infracciones a la norma.

Culminada las acciones de verificación y control, la ONPE emite el informe técnico respectivo, pronunciándose sobre el cumplimiento de las obligaciones financieras y contables dispuestas en la Ley de Organizaciones Políticas y el reglamento, y de encontrar infracciones, se inicia el Procedimiento Administrativo Sancionador correspondiente.

Supervisión

La rendición de cuentas se realiza de forma semestral desde el 2020, habiéndose generado casuística sobre la utilización de los fondos por parte de las organizaciones políticas. 

En tal sentido, con la finalidad de supervisar el uso correcto de los importes otorgados, la ONPE inició procesos de actualización sobre el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, dotando de instrumentos y herramientas para una mejor verificación y control, dentro del marco legal vigente. 

Como parte de nuestra política institucional, las actualizaciones del reglamento se realizaron con la participación de la sociedad civil, partidos políticos y ciudadanía para recibir sus aportes. La ONPE ha enviado, al Congreso de la República, opiniones técnicas sobre proyectos de ley dirigidos a mejorar la Ley de Organizaciones Políticas.

Sanciones 

En los últimos dos años, la ONPE abrió procesos administrativos sancionadores a 85 organizaciones políticas y sancionó a 4,970 candidatos, ejerciendo su labor de verificación y control externos de la actividad económico-financiera de las organizaciones políticas.

Mientras que en el caso de las organizaciones políticas, los procesos administrativos sancionadores fueron abiertos por no presentar información financiera de campaña electoral en las elecciones regionales y municipales 2022, ni información financiera anual del periodo 2021-2022, no tener cuenta bancaria en el sistema financiero, no tener libros contables, presentar fuera del plazo y recibir aportes de fuentes prohibidas.

A su vez, las sanciones a los candidatos se produjeron por no presentar información financiera de campaña de las elecciones congresales extraordinarias 2020, elecciones generales 2021 y elecciones regionales y municipales 2022; así como por recibir aportes de fuentes prohibidas durante las elecciones generales 2021.

En caso se identifique posibles ilícitos penales, la ONPE inicia acciones legales, a través de la Procuraduría Pública.

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La presidenta de la República, Dina Boluarte, dijo que la inauguración del puente Chamorro, realizada hoy en Ica, es una muestra del compromiso de su gobierno con el objetivo de impulsar el desarrollo de la población.

“Mi gobierno está comprometido con Ica y con todo el Perú, y la inauguración del puente Chamorro es muestra de nuestros esfuerzos para unir al país, cerrar brechas históricas y fortalecer la economía”, manifestó la mandataria.

Dina Boluarte inauguró en el distrito de El Carmen, de la provincia iqueña de Chincha, la referida infraestructura, que había colapsado en 2017 debido a los efectos del fenómeno El Niño. Estos elevaron el caudal del río Matagente, deteriorando el puente, cuya reconstrucción recién se dio a partir de 2022.

“Esto representa el testimonio tangible del compromiso de mi gobierno que impulsa la economía de nuestras hermanas y hermanas”, manifestó la presidenta. En ese sentido, señaló que esta vía permitirá impulsar actividades como el intercambio comercial y el turismo.

Así, señaló que ahora “tenemos un puente de 160 metros que conecta a comunidades que estaban hace bastante tiempos apartadas, no comunicadas y que tenían que pasar el río llevado sus productos y poniendo en riesgo sus vidas”.

En todo el país

Refirió, asimismo, que los miembros del gabinete ministerial recorren las localidades del norte del país fiscalizando las obras que se realizan para enfrentar los embates del fenómeno El Niño.

Por otro lado, Boluarte destacó que en Ica se va a instalar una central de operaciones contra la inseguridad ciudadana. Se trata de un complejo de 1200 metros cuadrados, hecho bajo la modalidad de obras por impuestos, desde el cual se monitorearán las calles y el accionar de los grupos delictivos.

La mandataria tiene previsto seguir desarrollando actividades en Ica, entre ellas entregar títulos de propiedad.

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Según informa la cuenta oficial del ministerio en la plataforma X (antes Twitter), el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, lideró un operativo para desinstalar antenas ubicadas en los alrededores de los penales de Lurigancho y Castro Castro.

Esta medida se desarrolla siguiendo las directivas de la presidenta de la república, Dina Boluarte, para luchar contra la inseguridad ciudadana.

"Las casas aledañas son usadas con el propósito de vulnerar la seguridad. Lo que estamos haciendo en este momento, con presencia del Ministerio Público, es desinstalar las antenas para tranquilidad de la población", señaló el ministro en declaraciones que recoge una publicación.

Asimismo, explicó que las acciones realizadas se sustentan en el trabajo de inteligencia "que nos ha revelado más de una docena de antenas que han estado ilegalmente construidas".

Dichos aparatos, agregó, brindaban servicio de internet y telefonía que apuntaban hacia los penales.

"Con esto estamos haciendo un trabajo de prevención para evitar que en los penales ingresen ilegítima e ilegalmente cualquier señal de Wifi. Queremos decirle a la población que en los establecimientos penitenciarios existe autoridad", puntualizó.

En este operativo conjunto participaron el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho.

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La bancada de Renovación Popular presentó un proyecto de reforma constitucional para la creación de una entidad abocada a la selección y nombramiento de jueces y fiscales, en reemplazo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

De acuerdo a la iniciativa que promueve la congresista Gladys Echaiz, el nombre de la nueva entidad sería Escuela Nacional de la Magistratura. Esta se constituiría como el “único medio y forma de acceso a la carrera judicial y fiscal”, de acuerdo con la propuesta legislativa.

Además de la selección y nombramiento, dicha entidad se ocuparía también de la formación y capacitación de los magistrados. Cabe señalar que, en tal sentido, se propone en el proyecto eliminar el proceso de ratificación de jueces y fiscales.

El proyecto plantea también darle rango constitucional la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público, como entidad autónoma pero integrante de la estructura orgánica de cada una de estas instituciones. Se señala que sus jefes serán nombrados por la Escuela Nacional de la Magistratura.

De igual modo, propone crear el Consejo de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia, a fin de que todas las instituciones que integran este último funcionen administrativamente de manera coordinada y articulada, pero respetando sus propias autonomías.

En total, la iniciativa de Echaíz plantea modificar 15 artículos de la Constitución Política del Perú. Estos son el 142, 144, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 178, 182 y 183.

Entre otros cambios, establece además que para el cargo de juez supremo es requisito ser mayor de 50 y menor de 75 años de edad. Actualmente la norma solo señala que se debe ser mayor de 45 años.

En cuanto a la Escuela Nacional de la Magistratura, se señala que su órgano de gobierno es el Consejo Directivo y estará conformado por un juez y un fiscal supremo titular, en actividad o cesante, elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema y la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente.

Además, lo integrará un exdirector de las escuelas de postgrado en Derecho de las universidades nacionales con más de 50 años de antigüedad, elegido por sus directores en ejercicio.

Los tres miembros del Consejo Directivo serán elegidos por 5 años, no serán reelegibles y ejercerán el cargo a dedicación exclusiva. Junto con ellos se elegirá también a sus miembros suplentes.

Se precisa además que los tres integrantes pueden ser removidos del cargo por causa grave por el Congreso de la República con el voto conforme de dos tercios del número legal de sus miembros.

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La presidenta de la República, Dina Boluarte, recalcó la voluntad de su gobierno de seguir proveyendo a las Fuerzas Armadas de los medios necesarios para que puedan atender las necesidades de la población.

“Seguiremos avanzando para poder dar toda la logística necesaria, no solo en la Fuerza Aérea (FAP), sino en las otras dos instituciones de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, para que estén al servicio de los peruanos”, expresó la mandataria.

Dina Boluarte participó en la ceremonia realizada en la base aérea Las Palmas en la que se reincorporó a la operatividad una aeronave de transporte Twin Otter repotenciada por la FAP.

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La presidenta de la República, Dina Boluarte participa esta mañana en la puesta en servicio de una nave aérea de transporte.

Se trata de la aeronave Twin Otter, informó el despacho Presidencial vía sus redes sociales.

El acto se desarrolla en la Base Aérea de las Palmas, en el distrito limeño de Surco.

En la ceremonia lo acompaña el ministro de Defensa, Jorge Chávez, así como altos mandos de la Fuerza Aérea del Perú.

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La Comisión Permanente del Congreso se reúne hoy miércoles 17 desde las 16:00 horas y el jueves 18 desde las 10:00 horas, según la citación dispuesta por el presidente de ese poder del Estado, Alejandro Soto Reyes.

La sesión del miércoles, de acuerdo con la agenda publicada, es para abordar los informes de calificación de 16 denuncias constitucionales, de las cuales 14 son improcedentes y se recomienda su archivo; mientras que las dos restantes son procedentes en un extremo.

Una de ellas es la Denuncia Constitucional 375, que interpuso la entonces fiscal de la Nación Patricia Benavides contra los congresistas Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Elvis Hernán Vergara Mendoza, Jorge Luis Flores Ancachi y Jhaec Darwin Espinoza Vargas, integrantes de la bancada Acción Popular, en su calidad de presuntos autores del delito de tráfico de influencias agravado.

La segunda es la denuncia constitucional 387, interpuesta por Benavides Vargas contra Tomás Aladino Gálvez Villegas, en su actuación como fiscal supremo titular del Ministerio Público, por ser presunto autor de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado.

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La Presidenta de la República, Dina Boluarte, destacó hoy la promulgación de la Ley 31980 que crea el régimen especial del Centro Histórico de Lima, a fin de proteger el patrimonio cultural y fomentar el desarrollo integral y sostenible de la Ciudad de los Reyes.

Dicha norma es publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano de este miércoles.

"La jefa de Estado destacó que con dicha normativa se busca proteger, conservar, restaurar, revitalizar y promover la inversión en el Centro Histórico de Lima, declarado Patrimonio Cultural de la Nación y sitio Patrimonio Mundial de la Unesco", indica en una publicación en la plataforma X (antes Twitter).

Asimismo, la mandataria explicó que esta nueva normativa repercutirá en los flujos turísticos en la capital.

"Para ello, se darán impulsos fiscales que permitan ejecutar una serie de acciones como la promoción de proyectos de viviendas de interés social, la revocatoria de licencias de inmuebles inhabitables, protección de bienes públicos, entre otros", señala en la publicación.

"Mi gobierno respalda toda iniciativa que traiga bienestar a las peruanas y peruanos", precisó la presidenta Dina Boluarte.

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El ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea, reafirmó el compromiso del Perú con el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en una reunión con su secretario general, Mathias Cormann.

Así lo informó la Cancillería a través de la plataforma X, antes Twitter, donde detalló que el secretario general de la OCDE indicó que el Gobierno del Perú viene avanzando en la ejecución de la hoja de ruta presentada en 2023, "a pesar de la difícil coyuntura internacional".

Informó también que a mediados del año próximo se habrán completado todas las revisiones, quedando pendiente evaluar el cumplimiento de las recomendaciones que haga esta organización a nuestro país.

Igualmente, agradeció al Perú por la decisión de enviar al SOM APEC a la OCDE y alentó a una sustantiva participación en la próxima reunión Ministerial de la organización en mayo próximo, en París.

Por su parte, el Canciller reiteró el compromiso político del Perú con el proceso de adhesión a la OCDE y la prioridad que le otorga el Gobierno de la presidente Boluarte. En ese sentido, Cormann alentó a nuestro país a "mantener ese impulso".

Además, el ministro González-Olaechea destacó que el Perú comparte los mismos valores de la OCDE, tales como la defensa de la libertad, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos.

Asimismo, que este proceso resulta beneficioso como catalizador de reformas sustantivas para el desarrollo inclusivo, equitativo y sustentable en favor de todos los peruanos. Finalmente, resaltó que el Perú cuenta con diversas fortalezas como su estabilidad macroeconómica y la legalidad.

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El ministro de Defensa, Jorge Luis Chavez Cresta, aseguró enfáticamente que no existe evidencia de que el armamento empleado por organizaciones criminales en los recientes hechos de violencia registrados en Ecuador proceda o pertenezca a las Fuerzas Armadas del Perú.   

“He tomado contacto con el ministro de Defensa del Ecuador y nos ha manifestado que no existe evidencia de ello”, señaló Chávez Cresta, al tiempo de referir que la misma información la brindó el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del vecino país y el Jefe de la Policía de Guayaquil. 

“Todas estas autoridades han señalado que no se puede comprobar que el material de guerra incautado en Ecuador sea procedente del Perú. Esa es la información oficial. Acá no estamos hablando de versiones periodísticas, sino de lo que señalan los organismos oficiales de Ecuador”, subrayó. 

Agregó que las autoridades del Ecuador sí han confirmado la presencia de dinamita de procedencia peruana. Sin embargo, ese material explosivo no pertenece a las Fuerzas Armadas ni es de uso militar, sino que es utilizado por empresas privadas principalmente para actividades del sector minero.

Auditoria

Asimismo, respecto a la auditoría que se está culminando en los arsenales de las FF.AA., aclaró que la misma se inició hace tres meses cuando se encontró una presunta granada militar en San Juan de Lurigancho y no como consecuencia de las versiones sobre supuesto material de guerra peruano en Ecuador. 

“Este trabajo lo hemos iniciado hace tres meses y no ha sido fácil. Estamos hablando de un inventario en 430 polvorines y 31 almacenes de armas, munición y explosivos que están destinados a las actividades, entrenamiento y reserva de nuestras Fuerzas Armadas”, explicó. 

Para tener una noción de la magnitud de la tarea, Chavez Cresta indicó que solo en lo correspondiente a munición, las Fuerzas Armadas cuentan con 50 millones de cartuchos de diferente calibre, y en el caso de las granadas su número supera las 100 mil. 

Agregó que los resultados de la auditoria deben estar listos en la presente semana y sobre esa base se adoptarán las acciones que correspondan para determinar las responsabilidades a las que hubiera lugar. 

“Lo que quisiera dejar absolutamente claro es que desde que se tuvo conocimiento de esa supuesta granada militar en San Juan de Lurigancho, extremamos las medidas de seguridad en todas las instalaciones que guardan material de guerra para evitar cualquier tipo de sustracción”, puntualizó.

/NDP/MPG/