Política

El juicio oral sobre el caso Ecoteva, en el que están procesados diversos allegados al expresidente Alejandro Toledo, incluida su esposa Eliane Karp, continúa hoy.

La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima desarrollará la audiencia correspondiente desde las 14:15 horas, se informó.

Karp, de nacionalidad belga, emprendió viaje ayer desde Estados Unidos –donde residió junto a Toledo- hacia Israel, país en el que también tiene ciudadanía.

Además de la expareja presidencial, en este caso son procesados la madre de Karp, Eva Fernenbug; el empresario David Eskenasi, así como los hermanos Avraham y Shai Dan On.

En este tema el proceso a Toledo se encuentra en condición reservada, pues primero tiene que resolverse el pedido de extradición que se hizo a Estados Unidos respecto a este caso.

Debe recordarse que el exmandatario fue entregado por las autoridades estadounidenses a Perú a partir de la aprobación del pedido de extradición sobre el caso de los sobornos pagados para la implementación de la Carretera Interoceánica.

El caso Ecoteva toma en cuenta la presunta comisión del delito de lavado de activos por parte de Toledo y su entorno, detectada a partir de la compra de inmuebles de alto valor y de la existencia de depósitos millonarios a favor de la empresa del mismo nombre, constituida en Costa Rica a nombre de Fernenbug.

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La Procuraduría General de la República solicitó al Poder Ejecutivo observar la ley aprobada en el Congreso que le da la potestad de designar a sus propios procuradores a esa institución, al Poder Judicial y a los organismos autónomos del Estado.

El titular del referido organismo, Daniel Soria, señaló en declaraciones a RPP que ha remitido un oficio a la Presidencia de la República para que esta, “en ejercicio de sus facultades constitucionales observe esta ley”.

Esto se suma a un pedido formal hecho al Ministerio de Justicia para que sea ese sector el que impulse la observación correspondiente al mencionado texto, aprobado en la víspera en el pleno del Congreso, en segunda votación.

Soria recordó que, anteriormente, su despacho presentó un informe de índole técnica y jurídica a los presidentes del Congreso y de las comisiones parlamentarias de Justicia y Constitución, así como al Ministerio de Justicia y a Servir, argumentando sobre los riesgos que conllevaría la aprobación del referido proyecto de ley.

Recalcó que el contenido de la iniciativa aprobada ayer, “quiebra para mal el Sistema de Defensa Jurídica del Estado”.

“Si entra en vigencia, el procurador del Congreso, del Poder Judicial y los procuradores de los organismos autónomos no serán elegidos por un concurso público que dirige la Procuraduría General y serán excluidos de manera absoluta del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, siendo elegidos por los titulares de las respectivas entidades”, precisó.

Esto impedirá que puedan ser sometidos a medidas disciplinarias o supervisiones, dijo. Asimismo, al no formar parte del sistema administrado por la Procuraduría General, no recibirán el apoyo técnico que esta brinda para la realización de peritajes o valoraciones de obras, entre otras acciones, ni las capacitaciones que desde su despacho se promueven, indicó.

En tal sentido, Soria recalcó que el sistema vigente “garantiza meritocracia y sanciones”, pero que “nada de eso podrá realizarse en esas procuradurías si la ley entra en vigencia”, advirtió.

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La presidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra, anunció que, por primera vez, y de manera gratuita, más de 38,500 miembros de tropa de las Fuerzas Armadas accederán a los servicios y atenciones que brinda el Seguro Integral de Salud (SIS).

Dicha disposición será posible en virtud al convenio firmado hoy entre los ministerios de Salud y Defensa y el SIS, ceremonia en la cual participó la jefa de Estado.

Del total de beneficiarios, cerca de 34,000 pertenecen al Ejército Peruano, más de 3,000 a la Marina de Guerra y cerca de 1,500 a la Fuerza Aérea, quienes podrán recibir tratamiento completo, medicinas y lo que requieran en salud para desarrollar sus labores.

En adelante, resaltó la mandataria, los soldados podrán atenderse en todos los establecimientos de salud pública del país; entre ellos, los más de 8,200 centros médicos y postas del primer nivel de atención, como lo hacen millones de afiliados al SIS.

“Lo mejor que tienen nuestras Fuerzas Armadas son sus hombres y mujeres. Y es nuestra responsabilidad no solo protegerlos, sino otorgarles beneficios y derechos para retribuir su servicio a la Nación, brindándoles posibilidades de desarrollo personal”, indicó.

Tras recordar que hoy los soldados reciben una asignación económica mensual, alimentación diaria y oportunidades de estudio a través del programa Beca 18, la jefa de Estado aseguró que el Gobierno continuará respaldando las inversiones y el desarrollo de tecnologías tanto en el Ejército como en la Marina y la Fuerza Aérea.

Asimismo, renovó su respaldo y confianza hacia las Fuerzas Armadas, a fin de continuar trabajando en unidad por el país.

“Los mayores retos de nuestra gestión son luchar contra la pobreza y la desigualdad, reactivar la economía, generar empleos dignos, garantizar la paz y la estabilidad y fortalecer nuestra democracia”, enfatizó la dignataria.

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El pleno del Congreso de la República debatirá la próxima semana el proyecto de ley que plantea incrementar la pena por difamación y que está pendiente de segunda votación.

El hecho se da luego de que miembros de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) sostuvieran este jueves una reunión con el presidente del Parlamento, José Williams.

"Le hemos hecho entrega de una carta donde le hemos expresado nuestra preocupación por este proyecto de ley. Nos comenta [el presidente Williams] que la segunda votación va a ser el próximo jueves", dijo María Mohme, presidenta del CPP, en conferencia de prensa desde el Palacio Legislativo.

Mohme adelantó que tienen previsto reunirse con las bancadas, con apoyo del titular de la Mesa Directiva, a partir de este viernes 12 de mayo hasta la próxima sesión del Pleno del 18 de mayo, donde finalmente se debatirá la propuesta.

"Queremos que nos acompañen abogados tanto de IPYS como para que puedan explicar con un mayor detalle todos los mecanismos que existen para los ciudadanos que consideran que un periodista los ha difamado", añadió.

En caso se apruebe en segunda votación la iniciativa legislativa, los miembros de los gremios periodísticos aseguraron que pedirán su observación y, de ser, promulgada por insistencia, acudirán a instancias internacionales.

"Le pediremos al Ejecutivo que lo observe y, sino, acudiremos a instancias internacionales, claro que sí", apuntó.

A su turno, la presidenta de la ANP, Zuliana Lainez, aseveró que las organizaciones se han mostrado de acuerdo con la iniciativa de Williams dado que requieren de tiempo para dar a conocer los peligros que podría representar el referido proyecto de ley.

"Valoramos la reunión como positiva porque [el presidente del Congreso] nos ha hecho saber su posición respecto al proyecto y es consciente de los riesgos que un proyecto así puede tener para el ejercicio de la actividad periodística. Se ha mostrado dispuesto a convocar a las reuniones con las bancadas del Congreso para poderles explicar cuál es el impacto de aprobarse una ley de esta naturaleza", dijo en declaraciones a Agencia Andina.

Asimismo, reveló que el titular del Poder Legislativo concuerda en que debe difundirse los aspectos negativos que acarrea la propuesta.

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Mediante tres resoluciones supremas, el Ministerio de Relaciones Exteriores designó a los embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de Perú ante las repúblicas de Costa Rica, El Salvador y Ghana.

Dichas resoluciones aparecen publicadas en la edición de hoy de la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Así, en la resolución suprema 074-2023-RE se nombró como embajador extraordinario y plenipotenciario peruano en la república de Costa Rica a Juan Jiménez Mayor.

Como se recuerda, Jiménez se desempeñó en un gobierno anterior como presidente del Consejo de Ministros y como ministro de Justicia. Asimismo, ofició como representante de Perú ante la Organización de Estados Americanos.

De igual manera, en la resolución suprema 073-2023-RE se nombra al diplomático Jorge Rosado La Torre como embajador extraordinario y plenipotenciario de Perú ante la república de El Salvador.

Asimismo, se nombró embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Perú en la república de Ghana a la diplomática Rosa Gómez Cárdenas de Weston. Ello consta en la resolución suprema 075-2023-RE

Las tres resoluciones mencionadas llevan las rúbricas de la presidenta Dina Boluarte Zegarra y de la canciller Ana Cecilia Gervasi Díaz.

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La presidenta de la República, Dina Boluarte, participa hoy en la firma del convenio entre los Ministerios de Salud y Defensa, para garantizar el incremento de la cobertura asistencial en el marco del aseguramiento universal en salud.

Según el Twitter oficial de la Presidencia de la República, esta actividad se desarrollará desde las 8:00 horas en la Primera Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército, en el distrito de Chorrillos.

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Mediante el decreto supremo 059-2023-PCM, publicado hoy en la separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo declaró en emergencia 192 distritos en cuatro departamentos, a raíz de las precipitaciones fluviales desatadas en dichas jurisdicciones.

Los 192 distritos comprendidos en esta medida se ubican en los departamentos de Áncash, Cajamarca, La Libertad y Lima.

La duración del estado de emergencia se ha fijado en 60 días calendario. En ese lapso se deberán desarrollar, desde los estamentos públicos correspondientes, las acciones de excepción necesarias para afrontar esta situación.

Se indica que los cuatro gobiernos regionales mencionados, así como los municipios involucrados, coordinarán dichas medidas con el Indeci y los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario, Vivienda, Transportes, Energía y Minas, de la Mujer, de Desarrollo e Inclusión Social, Interior y Defensa.

Para conocer cuáles son los distritos comprendidos en el estado de emergencia por las precipitaciones fluviales, siga el enlace : http://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremo-que-declara-el-estado-de-emergencia-en-vario-decreto-supremo-n-059-2023-pcm-2176747-3

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El pleno del Congreso de la República sesionará hoy desde las 09.30 horas para debatir y votar distintas iniciativas legislativas, entre ellas el texto sustitutorio que propone regular el proceso de ascensos del personal de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Diego Bazán Calderón (Avanza País), inició la sustentación del proyecto en la plenaria de ayer, pero a pedido de sus colegas aceptó que se postergue su debate y votación a fin que puedan estudiar el contenido del documento.

La iniciativa legislativa busca garantizar una línea de carrera profesional al personal de la PNP sustentada en un sistema de evaluación de manera meritocrática, en consideración a sus capacidades, conocimientos, habilidades, desempeño profesional y aptitudes, en estricta observancia del ordenamiento legal vigente

En la agenda parlamentaria también figura el dictamen que propone ampliar los usos para los recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalías.

Asimismo, se encuentra el proyecto de ley que propone modificar la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, para optimizar mecanismos de transparencia de resultados en procesos electorales.

De igual manera está en agenda el proyecto de reforma constitucional que propone modificar los artículos 179 y 180 de la Constitución Política, sobre la elección de uno de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones por parte de los colegios de abogados de todo el Perú.

Entre las iniciativas pendientes de segunda votación se encuentra la que propone modificar la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, a fin de ampliar la cobertura del SOAT y CAT a los animales domésticos en caso de accidente de tránsito y daños contra terceros.

Asimismo, el proyecto que plantea otorgar amnistía a los transportistas del servicio público terrestre y de pasajeros en vehículos menores por causa de infracciones cometidas durante el estado de emergencia nacional declarado por el covid-19.

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El titular del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, anunció que el Gobierno planteará al Congreso, con carácter de urgencia, un proyecto de ley de reforma constitucional para reformar el artículo 165 de la Constitución, para que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) apoyen a la Policía Nacional del Perú (PNP) en las zonas de frontera.

En conferencia de prensa, tras una nueva sesión del Consejo de Ministros, indicó que esta decisión guarda relación con la misión constitucional de las FF.AA. "y vertebra las decisiones que ha venido tomando el Gobierno en torno a la necesidad de aplicar las leyes en materia migratoria".

"El Consejo de Ministros aprobó enviar con carácter de urgencia un proyecto de ley reforma constitucional al Congreso para reformar el artículo 165 de la Constitución (...) y encargar conjuntamente con la Policía Nacional del Perú a las Fuerzas Armadas el cuidado y vigilancia de nuestras fronteras", manifestó.

En ese sentido, señaló que la iniciativa establece agregar un párrafo a dicho artículo, "para que las FF.AA. presten apoyo a la Policía en la vigilancia de las fronteras, de acuerdo a ley".

 Se está agregando una misión adicional y constitucional a las Fuerzas Armadas para que presenten un apoyo decidido y también vigilen las fronteras con la policía, es una decisión soberana del Estado Peruano, para ser consecuentes con las decisiones que hemos tomado en materia migratoria", aseguró.

Otros acuerdos

De otro lado, anunció que se aprobó un decreto supremo que declara el estado de emergencia en varias provincias de Áncash, Cajamarca, La Libertad y Lima por lluvias intensas.

"Son un total de 192 distritos, con esta decisión estamos contribuyendo y apoyando a las autoridades para la adecuada toma de decisiones en materia de ayuda", refirió.

Asimismo, aprobaron un decreto legislativo que implementa el Sistema Nacional de Archivos y Patrimonio Documental de la Nación, para digitalizar y dar apoyo al uso de las tecnología al Archivo General de la Nación.

Además, otro decreto legislativo que con relación a las políticas públicas y la modernización del Estado, con la finalidad de acelerar este proceso. Así como otro decreto legislativo que adecúa la conformación de los Tribunales Administrativos de los organismos reguladores de la inversión pública.

También, dos decretos supremos, uno que propone las modificaciones al Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad de Transporte Urbano; y otro que prorroga el estado de emergencia del Corredor Vial del Sur (Apuímac, Cusco y Arequipa) y en el Corredor Interoceánico Sur.

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El contralor general de la República, Nelson Shack, exhortó al Congreso a emitir mayores dispositivos legales que permitan agilizar la inversión pública y la ejecución de obras.

Durante su intervención en la sesión de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, Shack explicó que el marco normativo actual no exige a las autoridades a ejecutar parte de su presupuesto a favor de la población más vulnerable.

Lo que necesitamos es que se les ordene [...] A través de la ley se puede ordenar, imponer, no solo autorizar a que lo hagan", dijo el contralor.

En relación a la propuesta del Ejecutivo de crear una Autoridad Nacional de Infraestructura, el titular de la Contraloría aseveró que su institución está de acuerdo con la "esencia" de la iniciativa, pero mantienen desacuerdos en cuanto a su conformación y administración al replicar un modelo similar al de ProInversión.

"Estamos totalmente de acuerdo con la esencia de este proyecto de ley; sin embargo, sí tenemos, a partir de nuestras experiencias, reparos respecto de su conformación, su organización", señaló.

De acuerdo al contralor, esta nueva entidad no contaría con el peso necesario para poder tomar decisiones importantes respecto a la ejecución de obras.

Por último, sugirió que este nuevo ministerio deba estar sujeto al control político directo por parte del Congreso. "Tiene que tener un ministro que sea responsable al que puedan interpelar, censurar, al que puedan rendir cuentas".

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