Política

El expresidente Alejandro Toledo llegó al país, procedente de los EE.UU, desde donde fue extraditado para ser sometido a la justicia peruana por casos de corrupción que se le imputan por la concesión de la obra de la Carretera Interoceánica Sur.

Por el caso Interoceánica, la fiscalía pide 20 años y seis meses de prisión contra Toledo por los delitos de lavado de activos y colusión, cometidos presuntamente al recibir pagos ascendentes a 35 millones de dólares por parte de constructoras brasileñas para obtener la concesión de la carretera Interoceánica Sur.

La aeronave que trasladó a Toledo aterrizó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, al promediar las 7.00am, media hora antes de lo previsto (7.30 horas)

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La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, Lady Camones, informó que este lunes 24 de abril esta instancia verá las denuncias presentadas contra las legisladoras María Cordero (FP) y Heidy Juárez (PP), por el presunto recorte de sueldo a sus trabajadores.

La parlamentaria de Alianza para el Progreso refirió que, en ambos casos, se dará inicio al trámite correspondiente, a fin de marcar la partida de los procesos que –dijo– “debería terminar con una sanción, de acuerdo a la decisión del pleno, que es la instancia final”.

Camones consideró que ambos temas “deben atenderse con prioridad” por lo delicados que resultan. Estimó que los resultados finales deben vislumbrarse “en un mes y una semana”, aproximadamente.

La denuncia contra María Cordero es planteada por la parlamentaria de su bancada y vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano; mientras que la dirigida contra Heidy Juárez la interpone un ciudadano llamado José Alvarado.

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El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, afirmó que el exmandatario Alejandro Toledo Manrique tendrá un juicio justo y sujeto al debido proceso; e instó a que personas vinculadas a agrupaciones políticas y medios de comunicación dejen de dar opiniones sobre este caso, pues los jueces resolverán de manera independiente.

"En el caso del señor (Alejandro) Toledo deben dejar que lo juzguen los jueces, quienes darán un resultado que no sé cuál es, pero garantizo que es un resultado justo y sujeto al debido proceso", sostuvo en declaraciones a la prensa.

Durante su visita a la Corte Superior de Lima, donde supervisó una maratón judicial de descarga procesal, el titular del Poder Judicial indicó que el juzgamiento de Toledo Manrique en nuestro país, por el caso de la construcción de la Carretera Interoceánica, "no es un tema político sino jurídico", y que los jueces resolverán de acuerdo a ley.

Arévalo agregó que no puede dar una fecha de culminación del juicio contra el exmandatario, porque no se sabe cuánto duran estos tipos de procesos y que dependen de la actuación de la defensa legal y el papel del Ministerio Público.

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El Poder Ejecutivo aprobó medidas extraordinarias en materia económica y financiera para brindar atención a las personas en situación de vulnerabilidad, a consecuencia de desastres o peligros inminentes ante las intensas precipitaciones pluviales y a efectos de mitigar el impacto.

De acuerdo con el Decreto de Urgencia 010-2023, publicado en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se autoriza la transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, hasta por la suma de 127 millones 16 000 soles a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

En ese sentido, el citado dispositivo establece medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, que permitan financiar la adquisición, almacenamiento, traslado e instalación de Módulos Temporales de Vivienda (MTV) para la atención de población afectada o damnificada.

Asimismo, faculta al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a adquirir estos módulos mediante los núcleos ejecutores del Programa Nacional "Compras a MYPErú". Además, precisa que el decreto de urgencia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2023.

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El fiscal integrante del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, señaló que su despacho está a favor de que se cumpla la orden judicial para que el expresidente Alejandro Toledo sea recluido en un establecimiento penitenciario.

En tal sentido, adelantó que se opondrá a un eventual pedido de detención domiciliaria a aplicarse una vez que el exmandatario llegue a territorio peruano.

Indicó que, de concretarse esa solicitud, se confrontará y contradirán los argumentos al respecto.

 “Nos vamos a oponer porque se tiene que cumplir el mandato del juez, de internamiento en un establecimiento penitenciario”, recalcó el fiscal.

Asimismo, Pérez informó haber solicitado formalmente que el titular del equipo especial de fiscales para el caso Lava Jato, Rafael Vela, viaje a California, Estados Unidos, para “asegurar el debido traslado” de Toledo, luego de que este se entregó hoy a las autoridades.

“He considerado la necesidad de que vayan fiscales que puedan asegurar el debido traslado que van a realizar las autoridades peruanas que serán encomendadas, para una adecuada y correspondiente actuación”, expresó.

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Alejandro Toledo ya se encuentra bajo custodia de las autoridades estadounidenses, al entregarse esta mañana, en otra sede judicial, para iniciar el proceso de extradición hacia el Perú, donde es requerido por la justicia por delitos de corrupción

Precisamente, el exmandatario fue captado a la salida su vivienda en Menlo Park, junto a su esposa Eliane Karp y su abogada de oficio y abordaron una camioneta. Toledo llevaba unas pequeñas maletas y vestía pantalón jean, casaca verde y chompa roja.

Todo indicaba que el expresidente se dirigía a la sede del Palacio de Justicia de San José de California, donde debía apersonarse a las 9.am (11am hora de Lima), sin embargo, nunca llegó. Luego, se informó que se había entregado en otra sede judicial.

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Al conmemorar un aniversario más de la operación de rescate ‘Chavín de Huántar’, la presidenta de la República, Dina Boluarte ofreció al país mantener la paz y garantizar el orden constitucional, así como combatir a la delincuencia con más policías en las calles y más recursos para ellos.

En ese sentido, señaló que en su gobierno “enfrentamos a los enemigos de la democracia y del estado de derecho”. Esto se hace “con el apoyo de las instituciones y de nuestros compatriotas”, recalcó.

Durante la ceremonia realizada por el vigésimo sexto aniversario de la mencionada operación, dijo que, al igual que cuando esta se realizó, el país enfrenta momentos difíciles, que vienen siendo afrontados.

Consideró, en ese sentido, que, además de a las lluvias e inundaciones, “enfrentamos a los enemigos de la democracia y del estado de derecho, pero con el apoyo de las instituciones y de nuestros compatriotas seguiremos trabajando por la paz y garantizando el orden constitucional”, expresó.

Así, recalcó que “pondremos toda nuestra energía, toda nuestra fuerza para no entregar nuestra patria a aquellas ideas trasnochadas que quieren convertir al país en una anarquía”.

De igual modo, indicó que su gobierno enfrenta a la delincuencia pues “no estamos dispuestos a seguir tolerando a estos enemigos de la sociedad”.

Para ello se asignarán “más policías en las calles, y más recursos”, ofreció.

Respecto a la operación ‘Chávin de Huántar’ en la cual las fuerzas del orden recuperaron la residencia del embajador del Japón en Lima, tomada durante meses por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, Boluarte señaló que esta representa “un legado histórico” para el país.

A través de ella –dijo- se dejó un mensaje “firme y claro”, indicó la presidenta. “Que nadie se atreva a amenazar nuestra libertad, que nadie se atreva a menoscabar nuestra democracia y que nadie impida nuestro derecho a la paz, la vida y el desarrollo”, refirió.

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Las denuncias presentadas contra las legisladoras María Cordero (FP) y Heidy Juárez (PP), por el presunto recorte de sueldo a sus trabajadores, serán vistas este lunes 24 de abril por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso anunció la titular de dicha instancia, Lady Camones.

Refirió que, en ambos casos, se dará inicio al trámite correspondiente, a fin de marcar la partida de los procesos que –dijo- “debería terminar con una sanción, de acuerdo a la decisión del pleno, que es la instancia final”.

Camones consideró que ambos temas “deben atenderse con prioridad” por lo delicados que resultan. Estimó que los resultados finales deben vislumbrarse “en un mes y una semana”, aproximadamente.

La denuncia contra María Cordero es planteada por la parlamentaria de su bancada y vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano, mientras que la dirigida contra Heidy Juárez la interpone un ciudadano llamado José Alvarado.

En ambos casos se cuestiona a las legisladoras por las denuncias periodísticas en las que se revela que habrían exigido a personal de sus despachos parlamentarios a darles parte de sus sueldos.

El procedimiento a seguir respecto a ambas denuncias implica, primero, dar cuenta de su ingreso a la subcomisión, para luego proceder a calificarlas.

Concluido ello, se presentará el informe de calificación correspondiente a la Comisión Permanente. Esta, a su vez, le dará a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales 15 días para que en ellos realice las audiencias correspondientes.

En estas se deben de determinar los hechos materia de la denuncia y la pertinencia de las pruebas presentadas al respecto, indicó Camones.

En base a ello, se elaborará el informe final de cada caso, que será debatido y votado por los miembros de la subcomisión. Tras su aprobación, deberá de pasar a la Comisión Permanente donde –dijo la parlamentaria- debe dárseles especial prioridad.

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El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Javier Llaque consideró que “no hay ningún problema para recibir” al expresidente Alejandro Toledo en el penal del exfundo Barbadillo, si es que finalmente se determina que se le derive allí.

Se informó que una vez que llegue Toledo al Perú será puesto a disposición del Poder Judicial que realizará una audiencia de control de identidad, lo derivará al Inpe, cuya junta de calificación determinará el penal al que irá y bajo qué régimen de custodia.

Precisó que dicho grupo está integrado por un abogado, una asistenta social y un psicólogo.

La Policía se encargará del traslado del expresidente hasta el establecimiento designado para su internamiento, agregó.

Consideró, asimismo, “muy probable” que Toledo vaya al cetro de reclusión del exfundo Barbadillo, por albergar este a exmandatarios.

“Tenemos las condiciones para recibirlo; eso está fuera de dudas”, indicó, cuando se le recordó que allí también se encuentran los exmandatarios Alberto Fujimori y Pedro Castillo, y anteriormente estuvo allí Ollanta Humala, con detención preventiva.

Insistió en que allí “siempre habrá capacidad para uno más” y refirió que en los casos mencionados, estos personajes tienen condiciones adecuadas en sus dormitorios. Además tienen un televisor con canales de señal abierta, y un patio al aire libre.

Llaque precisó que si el régimen es de carácter especial, los internos no pueden salir al patio más que entre dos y cuatro horas.

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Durante la gestión gubernamental de Alejandro Toledo, se firmó en el año 2005 el contrato con Odebrecht para construir la Carretera Interoceánica, que une al Perú con Bolivia y Brasil. Pese a las observaciones presentadas por la Contraloría General de la República, la obra siguió su curso.

Para los tramos 2 y 3 logró la licitación en Consorcio Conirsa, que conformaban las empresas Norberto Odebrecht, Graña y Montero y JJ Camet e Ingenieros Civiles y Contratistas. Mientras que para el tramo 4 fue favorecido el Consorcio Intersur integrado por las empresas Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, Queiroz Galvão.

Según la propia confesión a la fiscalía, Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en el Perú, indicó que la empresa brasileña pagó al menos 20 millones de dólares en sobornos al exmandatario por la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur.

Asimismo, también habría recibido otro presunto pago de 6 millones de dólares a cambio que el consorcio Intersur ganara la licitación del tramo 4 de la misma obra.

Es por ello que hoy,  el expresidente Alejandro Toledo confirmó de su entrega  a la justicia estadounidense y que forma parte  del proceso de extradición en su contra por los cargos de corrupción que se le imputan en el caso Interoceánica.

El ex mandatario es acusado por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión al estar presuntamente involucrado en esta investigación por la adjudicación de los tramos 2, 3 y 4 de la Interoceánica.

Para el caso de la adjudicación de la licitación del tramo 4, el Ministerio Público solicitó 35 años de prisión contra el Alejandro Toledo.

Además de Alejandro Toledo, también están incluidos en las investigaciones Sergio Bravo, Fernando Camet, José Castillo, John Barclay, José Graña, Sabih Saylán, Avraham Dan On, Hernando Graña, Gideón Winstein, Alberto Pasco - Font, Gonzalo Ferraro.

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