Política

La presidenta de la república, Dina Boluarte, participa en la ceremonia de entrega de 200 vehículos a la Policía Nacional del Perú (PNP).

Esta información fue dada a conocer a través de la cuenta oficial de la Presidencia en las redes sociales.

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El general de división del Ejército David Ojeda Parra es el nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), de acuerdo con una resolución suprema publicada hoy en el Diario El Peruano.

Adicionalmente, se informó que el nombramiento tendrá efectividad a partir del 1 de enero de 2024, fecha en que también se da por concluida su designación en el cargo anterior.

De igual modo, se le dan las gracias por los servicios prestados como comandante general del Ejército.

Además, se publicó otra resolución suprema mediante la cual se dispone el cese del general de división del Ejército Manuel Gómez de la Torre Araníbar en el cargo de jefe del CCFFAA.

Asimismo, se dispone pasar al alto mando militar a la situación de retiro por cumplir 40 años de servicios reales y efectivos como oficial, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Ambos dispositivos llevan la firma de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y son refrendados por el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta.

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El Sexto Juzgado de Investigación Preparatorio Nacional ordenó el embargo en forma de inscripción del 100% de las participaciones de la exprimera dama, Nadine Heredia, en la Persona Jurídica BAKERY 180 E.I.R.L., equivalente a la suma de 7 mil 245 soles.

Ello luego de que el magistrado Leodan Cristóbal declarara fundado el requerimiento de la Procuraduría Pública Ad Hoc para el caso Odebrecht que solicitó el embardo en forma de inscripción y orden de inhibición como una medida cautelar contra Heredia Alarcón.

"Declarar fundado el requerimiento de medida cautelar de embargo en forma de inscripción y orden de inhibición formulada por la Procuraduría Pública Ad Hoc caso Odebrecht contra Nadine Heredia Alarcón por su presunta vinculación con el delito de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada en agravio del Estado", señala la resolución.

Así, se detalla que el embargo se da hasta por la suma total de 7 mil 245 soles, monto que representa el 100% de las participaciones de la exprimera dama en la Persona Jurídica BAKERY 180 E.I.R.L.

"Ordeno trabar la medida cautelar de orden de inhibición sobre el 100% de las participaciones que la imputada Nadine Heredia Alarcón posee (en sociedad conyugal) en la Persona Jurídica BAKERY 180 E.I.R.L.", agrega el documento.

Antecedentes

La esposa de Ollanta Humala, es procesada actualmente junto al exmandatario por lavado de activos a raíz de las presuntas coordinaciones con los exdirectivos de Odebrecht en Perú para otorgar la construcción del Gasoducto del Sur, a cambio de aportes ilegales, y del financiamiento irregular de su Partido Nacionalista en las campañas electorales del 2006 y 2011.

Tanto Heredia como Humala cumplieron nueve meses de prisión preventiva el 2017 y 2018, por las investigaciones en su contra del caso Odebrecht; pero el Tribunal Constitucional revocó esa medida al considerarla excesiva, mientras la denuncia era investigada por el Ministerio Público.

/AC/Andina/

La presidenta de la república, Dina Boluarte, reafirmó hoy que su gestión trabaja sin descanso para asegurar la seguridad de todos los ciudadanos del país, con la finalidad de que las familias puedan vivir "sin temores ni preocupaciones".

Estas declaraciones las ofreció durante la inauguración de la III sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), que se desarrolla en la ciudad de Pucallpa, Ucayali.

"Vivir en un país seguro, donde nuestras familias puedan caminar sin temores ni preocupaciones es un derecho de todos los ciudadanos y es el motivo porque el que mi Gobierno está trabajando sin descanso", manifestó.

La mandataria explicó que "esta tarea no es fácil", pero que se está apostando por conseguir que este derecho sea para todos, siendo que desde el primer día de su gestión "asumió la tarea de defender el orden público y fortalecer la seguridad de nuestra población".

"Porque solo así lograremos impulsar el crecimiento económico y sacar a adelante a nuestro país en temas tan importantes en el cual tenemos que enfrascarnos", aseguró.

Asimismo, sostuvo que se podrá avanzar en esta tarea "con la más amplia unidad y de manera concertada", para que las acciones multisectoriales "sean sostenibles en el tiempo".

Además, manifestó que para el próximo año el Conasec debería tener una mirada "más ejecutiva", con la finalidad que sea "más efectiva y pueda ejecutar acciones de manera más descentralizada en la tarea de la seguridad ciudadana".

"Las acciones sostenidas nos han permitido dar pasos importantes en la lucha contra el crimen, pero debemos aterrizarlas, los acuerdos son importantes, pero debe haber un equipo a cargo para que puedas ejecutadas y aquí es importante el trabajo articulado", agregó.

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El Cuarto Juzgado Civil de Tacna, confirmó la sentencia contra la congresista Nieves Limachi Quispe (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), ordenando el pago de más de 47,000 soles a la Beneficencia de la ciudad del sur del país.

El monto a pagar por la parlamentaria es de 47,268 soles a favor de la Beneficencia de Tacna por el concepto de penalidades, intereses y costos en demanda derivada de contrato de arrendamiento.

"Declarar infundado el recurso impugnatorio de apelación interpuesto por Nieves Esmeralda Limachi Quispe, en consecuencia, confirmo la Resolución Nª 11 - sentencia del 4 de setiembre de 2023 que declaró fundada en parte la demanda de obligación de dar suma de dinero y ordenó que la demandada pague a la demandante 47,268 soles por concepto de penalidades del periodo del 21/03/2013 al 07/11/2019, más intereses legales, con costas y costos del proceso", refiere la resolución.

Asimismo, dispone la devolución del expediente al juzgado de origen bajo responsabilidad del auxiliar jurisdiccional, una vez se firme la presente.

La conclusión a la que arribó el juzgado fue que "no se acreditaron los fundamentos de la apelación", siendo que, además, la resolución impugnada "ha sido emitida conforme a ley, con la debida motivación y sin vulnerar el derecho de las partes".

Como se recuerda, la congresista Limachi había apelado el fallo del Juzgado de Paz Mixto del distrito Gregorio Albarracín de Tacna que ordenaba el pago a la Beneficencia de Tacna, por una deuda de las penalidades en un contrato que sostuvieron con la demandada.

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La presidenta de la república, Dina Boluarte, lidera hoy la III y IV sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).

Esta actividad presidencial, que fue dada a conocer a través de sus redes sociales oficiales de la Presidencia, se desarrollará en esta oportunidad en la región Ucayali.

Según la agenda de la mandataria, la reunión se realizará desde las 10:00 horas en el Hotel Costa del Sol de la ciudad de Pucallpa.

Como se recuerda, el Conasec se encarga de formular, conducir y evaluar las políticas de seguridad ciudadana a nivel nacional con la participación activa de los organismos del Estado, Gobiernos Locales y la comunidad organizada.

Ello con la finalidad de garantizar el pleno ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución Política del Perú, así como la convivencia pacífica.

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"Aquí no hay privatización, lo que hay es el alquiler de una plataforma tecnológica que nos da predictibilidad y seguridad. El ministerio de Cultura sigue manteniendo su rol rector en la administración y gestión de sitios arqueológicos a nivel nacional", precisó.

El congresista Miguel Ángel Ciccia de Renovación Popular presentó un proyecto de ley que propone la pena de cadena perpetua para la trata de personas y explotación sexual en agravio de menores de 14 años y personas con discapacidad, así como la no caducidad de las requisitorias por este delito.

Recalca que su finalidad es propiciar herramientas para la implementación y desarrollo de políticas públicas, a fin de actuar con eficacia en la administración de justicia para perseguir y sancionar estos delitos.

Para ello, se plantea incorporar un inciso en el artículo 153 del Código Penal, en donde se establecerá que la pena será de cadena perpetua si el delito de trata de personas se comete contra un menor de 14 años mediante amenaza u otro medio, con la finalidad de obtener un aprovechamiento económico.

Para lo cual se aplicará dicha pena si el agente tiene a la víctima bajo su cuidado o vigilancia por cualquier motivo, o mantiene con ella un vínculo de superioridad, autoridad, poder o cualquier otra circunstancia que la impulse a depositar su confianza en él.

De igual manera, si quien comete el delito ejerce, gestiona la explotación sexual, la extracción, tráfico de órganos, tejidos somáticos o sus componentes humanos, así como cualquier otra forma análoga de explotación.

Finalmente, se penará el delito con cadena perpetua cuando el agente comete el delito de trata de personas en agravio de personas con discapacidad, según lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.

También, plantea modificar el numeral cuarto del artículo 261 del nuevo Código Procesal Penal, sobre la detención judicial preliminar, a fin de que las requisitorias cursadas a la autoridad policial por trata de personas no caduquen hasta la efectiva detención del requisitoriado.

Por último, en las disposiciones complementarias finales se plantea encarga al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reglamentar la norma en un plazo de 30 días hábiles posteriores a la publicación de la presente norma.

En la exposición de motivos, el proyecto indica que, solo en 2022, las 14 fiscalías especializadas del país reportaron 638 casos de trata de menores de edad, cifra que representa el 45% del total de casos por este delito.

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