Política

La presidenta de la República, Dina Boluarte, participa hoy en la ceremonia de presentación de cartas credenciales de los embajadores concurrentes de Armenia, Dinamarca, Jordania, Suecia e Irán.

Según informa la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa, esta actividad se desarrollará desde las 12:00 horas en Palacio de Gobierno.

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La Contraloría General de la República realizará un megaoperativo en el que verificará los perfiles de los servidores públicos a fin de constatar si estos son idóneos o no para los cargos que ocupen.

"El trabajo que estamos haciendo con Servir va a permitir que despleguemos este gran megaoperativo y poder verificar el cumplimiento y pueden estar seguros de que aquellas personas que han sido designadas en puestos que no les corresponde pues van a ser sancionadas no solamente ellas sino también aquellos funcionarios y autoridades que hicieron posible su designación", dijo Shack en declaraciones a los medios desde la sede de la Autoridad Nacional del Servicio Civil.

Durante el taller de capacitación realizado por Servir para jefes de órganos de control interno (OCI) de la Contraloría, el contralor sostuvo que el país necesita un servicio civil que funcione bien con el trabajo idóneo de las personas y funcionarios honestos y capacitados.

"Son nuevos los funcionarios que han entrado, eso es parte del problema. Como no hay un servicio civil calificado, meritocrático, bien remunerado y bien capacitado en los gobiernos regionales y locales, cada 4 años inventamos todos la pólvora. Lo que sucede es que muchas autoridades y sus funcionarios de confianza no conocen [sobre gestión pública]", indicó.

"Todavía no podemos decir que no son los [perfiles] idóneos, para esto se va a hacer este megaoperativo pero claramente ha habido una no celeridad [en la atención de desastre]", añadió.

Por último, Nelson Shack recalcó que actualmente en la zona norte del país lo más importante es atender la emergencia tras el paso del ciclón Yaku y próximo fenómeno de El Niño, por lo que se deben adoptar las medidas urgentes y flexibilizar normas que no obstaculicen la atención a los damnificados.

"La Contraloría ya recuperó su capacidad sancionadora, ya hay una infracción tipificada precisamente para las responsabilidades producto de no hacer, de la inacción, de la no acción diligente y si gracias a eso, como en situaciones de emergencia y así lo tipifica la propia ley, los funcionarios no hacen, van a ser procesados", puntualizó.

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La Fiscalía de Lavado de Activos en acción conjunta con la Policía Nacional del Perú (PNP) continuó hoy con el allanamiento de inmuebles y sedes de la Universidad Alas Peruanas vinculados con el investigado Joaquín Ramírez.

En esta oportunidad, las diligencias se desarrollaron en las regiones de Lambayeque y en Tacna, donde el accionar del Ministerio Público estuvo acompañado en todo momento de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Para el caso de Lambayeque, las autoridades arribaron a un terreno de 4 mil metros cuadrados ubicado cerca de una zona en los exteriores de la ciudad, donde funcionan varios molinos, el mismo que pertenece a Joaquín Ramírez.

En dicho lugar, el Ministerio Público no pudo ingresar debido a que no había nadie en lugar. Además, en Chiclayo también se intervendrá la sede de la Universidad Alas Peruanas, además de otros ocho predios, según informó la prensa local.

Mientras en la región Tacna, se intervino la sede de la Universidad Alas Peruanas, ubicada en Jesús María, en el Centro Poblado La Natividad, a donde llegaron funcionarios del Ministerio Público y la PNP.

Se pudo conocer que tras el operativo se logró incautar los bienes vinculados con Joaquín Ramírez, así como un bus y varios terrenos colindantes a la sede universitaria.

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Según informa la cuenta oficial de Twitter de la Cancillería, el vicecanciller Ignacio Higueras Hare copresidió hoy en Seúl (Corea), junto a su par coreano Lee Dohoon, la VII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas de Alto Nivel Perú-Corea.

En este encuentro se revisaron los principales temas de la relación bilateral en ámbitos político, económico y de cooperación.

Asimismo, precisa que ambas autoridades coincidieron en la voluntad de fortalecer la asociación estratégica integral y continuar ampliando la cooperación en campos como el gobierno digital, ciencia, tecnología e innovación.

Se suscribió, además, el Acuerdo de Servicios Aéreos entre Perú y Corea, que coadyuvará al posicionamiento peruano como "hub" de transporte aéreo internacional, y al aumento sustantivo de los flujos turísticos y comerciales hacia y desde el Perú.

Como se recuerda, el vicecanciller Ignacio Higueras se encuentra en Corea en el marco de las conmemoraciones por el 60° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Perú y la nación asiática.

Las relaciones de amistad entre Perú y Corea se basan en un esquema de vinculación signado esencialmente por una agenda positiva y de cooperación, sustentada en valores comunes como la promoción y defensa de la democracia, de los derechos humanos y del multilateralismo y el derecho internacional.

Corea es el cuarto principal destino de las exportaciones peruanas, un importante inversionista en proyectos de infraestructura y un socio estratégico en el campo del desarrollo digital.

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El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobó la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional al 2030.

A través del Decreto Supremo 008-2023-RE, publicado en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se indica que esta política es de cumplimiento obligatorio para las entidades de la administración pública, señaladas en la Ley del Procedimiento Administrativo General, así como para las personas jurídicas de derecho privado y la sociedad civil, en cuanto les sea aplicable.

Asimismo, las entidades de la administración pública en todos los niveles de gobierno y en el marco de sus competencias asumen las obligaciones y responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 del Reglamento que regula las Políticas Nacionales, aprobado por Decreto Supremo 029-2018-PCM.

Además, establece que la rectoría de la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional (PNCTI) al 2030 está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

De igual modo precisa que las entidades de la administración pública involucradas en esta política implementan, en el marco de sus funciones y competencias, los elementos de la Política Nacional a través de los diferentes planes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (Sinaplan).

Para tal efecto, dichas entidades correspondientes coordinan con el Ministerio de Relaciones Exteriores la implementación de los servicios, actividades operativas identificadas, así como otras intervenciones que contribuyan al cumplimiento de los objetivos prioritarios de la referida política.

También señala que Relaciones Exteriores tendrá a su cargo el seguimiento y la evaluación de la política siguiendo las pautas metodológicas que establece el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan).

La publicación del decreto supremo y su anexo se publican en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano y en la sede digital del Ministerio de Relaciones Exteriores, el mismo día de la publicación de la presente norma.

Refrendan el presente dispositivo la Presidenta de la República, Dina Boluarte; así como la titular de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi.

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El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, designó a subprefectos provinciales y distritales en diversas regiones del país.

Por medio de sendas resoluciones directorales, publicadas en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se designa a cinco subprefectos provinciales en las regiones de Huánuco, Tumbes, Ayacucho y Puno (2).

Asimismo, 47 subprefectos provinciales en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Junín, Lima, Moquegua, Puno, Áncash, Ica, y Piura.

En tal sentido dispone que las autoridades políticas deberán formular y presentar las declaraciones juradas de bienes y rentas; así como las declaraciones juradas de intereses, a fin de dar cumplimiento al marco normativo vigente.

De igual modo, notifica la resolución a la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, al igual que a la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos y a la Oficina General de Administración y Finanzas, ambas del Ministerio del Interior.

Además, las designaciones son conformes con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior y modificatorias, así como su reglamento; y el Decreto Supremo 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

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La Comisión Especial encargada de la Selección de Candidatos aptos para la elección del Defensor del Pueblo (CEDP) sesionará esta tarde para determinar por votación el orden de prelación (de mayor a menor votado), de los cinco candidatos aptos y acordar el número de propuestas que presentará al pleno del Congreso.

La sesión ordinaria de la comisión especial ha sido convocada para las 17:00 horas de manera presencial, en la Sala Miguel Grau del Palacio Legislativo, y virtual, a través de la Plataforma Microsoft Teams.

El grupo de trabajo especial procederá a determinar el orden de prelación de los candidatos tras concluir el pasado 13 de abril con la etapa de entrevistas a los postulantes a Defensor del Pueblo.

Josué Manuel Gutiérrez Condor, Pedro Cartolín Pastor, Delia Muñoz Muñoz, Gastón Soto Vallenas, Jorge Luis Rioja Vallejos y Miguel Ángel Soria Fuerte son los candidatos propuestos por las diferentes bancadas del Parlamento que pasaron por la etapa de entrevistas.

De conformidad con lo establecido en el cronograma del procedimiento de selección de candidatos aptos para la elección del Defensor del Pueblo, la comisión especial se abocará a la elaboración del informe final del 19 al 20 de abril del presente.

El 25 de abril de 2023, el grupo de trabajo realizará la presentación de propuesta de candidato apto y la publicación en la página web de la Comisión Especial y del Congreso de la República.

El 9 de mayo de 2023 es la fecha de inicio de habilitación para la elección del Defensor del Pueblo por el pleno del Congreso para lo cual se requiere el voto mayoritario de los dos tercios de su número legal.

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La presidenta de la República, Dina Boluarte, se reunió hoy con representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con quienes dialogó sobre el proyecto para el fortalecimiento institucional descentralizado para la prevención de la conflictividad y la protección de los derechos humanos en el país.

Dicha iniciativa tiene por objetivo contribuir con una cultura de paz y estabilidad política y social, sobre la base de la protección de los derechos humanos y la promoción de procesos de diálogo político de alto nivel y amplia base.

Participaron de la cita, Igor Garafulic, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas - Perú; Bettina Woll, representante residente del el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Perú; y Maia Sophia Campbell, coordinadora de la Misión Técnica en el Perú del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. 

De igual forma, el jefe de la Presidencia del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y los titulares de Cancillería, Ana Cecilia Gervasi; y del Ministerio de Justicia y Derechos Humano, José Tello.

La reunión se desarrolló en la sede de Palacio de Gobierno.

/AC/Andina/

La develación de más casos de congresistas que habrían exigido el recorte de sueldos de forma irregular a sus trabajadores se ha convertido en noticia común durante las últimas semanas.

A los ya conocidos casos de las parlamentarias Magaly Ruiz, Rosío Torres y Heidy Juárez, se suma ahora el de la representante de Fuerza Popular, María Cordero Jon Tay, quien, según un reportaje difundido por un medio televisivo, habría exigido a los trabajadores de sus despachos cubrir todos los gastos durante la semana de representación.

Si bien la Comisión de Ética del Congreso debe realizar una investigación, lo cierto es que esto no solo podría terminar en el desaforo de la parlamentaria, sino también en la pena privativa de la libertad de Jon Tay. Por lo pronto, el Ministerio Público anunció que abrió investigación contra la congresista como presunta autora del delito de concusión.

Para la abogada de Abogatech, Leslie Makiya Francia, en el presente caso para que se configure el delito objeto de acusación se deben cumplir ciertos supuestos objetivos y subjetivos del tipo penal, contenido en el artículo 382 del Código Penal, donde eminentemente el delito es doloso y donde el agente busca un ánimo de lucro.

“Los modos de ejecución tanto de obligar o inducir deben ser probados debidamente tanto en la coacción e inducción. La Ley es muy clara en señalar que un funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente un beneficio patrimonial, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 años ni mayor de 8 años e inhabilitación de la función pública” señala Leslie Makiya.

Para la letrada de Abogatech, incluso si no se llegará a comprobar en tribunales la exigencia por parte de la congresista, podría reconfigurarse el delito de corrupción en sus modalidades Cohecho activo genérico (artículo 397); Cohecho Pasivo Propio (artículo 393); o Cohecho Pasivo Impropio (artículo 394), tal como lo señala el Código Penal, pues el funcionario público “acepta” o en todo caso “recibe” lo que sería la oferta corruptora: El proporcional del sueldo recortado al colaborador.

Finalmente, Leslie Makiya Francia, señala que en el ‘’presente caso se puede apreciar un tipo de violencia moral que puede ser verbal, escrita, directa, indirecta, explicita, clara, condicionada o incondicionada; de un funcionario frente a una persona que está bajo su dependencia’’.

/AC/NDP/

La bancada de Alianza para el Progreso (APP) aclaró que ninguno de los congresistas que pertenece al referido grupo parlamentario tiene la condición de denunciado por el caso "Los Niños".

"Ningún congresista de Alianza para el Progreso tiene la condición de denunciado en la investigación que se lleva a cabo de los congresistas llamado 'Los Niños'", señaló la agrupación mediante un comunicado difundido en Twitter.

El pronunciamiento se da luego de que se publicara información de la Carpeta Fiscal N° 283-2022, donde se hace mención a varios congresistas de distintos grupos parlamentarios, incluido APP.

"La Fiscalía ha solicitado información objetiva a los entes correspondientes para identificar a congresistas que habrían favorecido con sus votos al ex presidente Pedro Castillo y al ex ministro Juan Francisco Silva", añadió la bancada.

Alianza para el Progreso mencionó también que el vocero titular, Alejandro Soto, ha reiterado que ningún congresista ha recibido beneficio alguno del gobierno de Castillo, por lo que rechazó cualquier información que no sea oficial y que involucre a la bancada de forma indebida.

El Ministerio Público ha señalado que al menos 40 congresistas serían incluidos en el caso "Los Niños" por haber recibido presuntos sobornos para evitar la censura del ex ministro Silva.

/DBD/