Ante la aprobación del dictamen de la Comisión de Constitución que anula el pago de IGV y selectivo al consumo a tragamonedas y casinos, el docente en derecho Tributario, Fernando Loayza, consideró que debería construirse un argumento constitucional en contra de permitir que el Ejecutivo pueda regular esto directamente.

“El problema es que se usa ese argumento para terminar con la discusión. Debería existir una conversación amplia y transparente con la sociedad civil incorporando la opinión de las empresas con la que se pueda llegar a la conclusión de cuál es la carga tributaria que queremos con esta clase de empresas”, señaló.

“Imaginemos que este proyecto se modifica, se levantan los temas formales sobre reserva de ley, que es el punto constitucional en conflicto, y se presenta otro proyecto que afecta la utilidad de esta clase de empresas, aquí lo que va a pasar es que,  se va a encontrar otro mecanismo para bloquear la propuesta”, añadió.

Para el especialista,  si bien hay que respetar la Constitución, en este caso,  “No es amor a la formalidad, sino que el Legislativo siempre buscará argumentos para bloquear cualquier iniciativa”.
“Cuando nos encontramos con tributos incomodos, somos súper estrictos con la constitución, pero cuando establecemos beneficios tributarios para sectores económicos poderosos entonces, somos muy flexibles”, refirió en el Informativo por Nacional.

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