Expresidente del TC Ernesto Álvarez advierte riesgos institucionales tras crisis en el Ministerio Público

La reciente decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de restituir a Patricia Benavides como fiscal de la nación ha generado un intenso debate jurídico e institucional. Al respecto, el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez Miranda sostuvo para El informativo de Radio Nacional que el incumplimiento de esta resolución pone en riesgo el respeto al orden constitucional y al debido proceso en el país.
Álvarez Miranda recordó que, conforme a la Constitución, la JNJ es la única entidad competente para nombrar, ratificar o destituir a jueces y fiscales en el país, siempre respetando el debido proceso. Señaló que en el caso de Benavides no se habría garantizado plenamente este derecho, motivo por el cual su restitución busca restablecer su situación al estado anterior a la sanción.
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“El problema no es si la decisión es correcta o no. En un Estado de derecho, primero se cumple la resolución y luego se discute por las vías legales. Aquí lo preocupante es el desacato público y abierto a un órgano constitucional como la Junta”, advirtió Álvarez.
Según explicó, lo ocurrido constituye un grave quiebre de la institucionalidad, advirtiendo que, si un funcionario se niega a acatar una resolución de la JNJ, se abre la puerta a que otros poderes del Estado, como el Congreso o el Poder Judicial, tampoco respeten sentencias del Tribunal Constitucional, socavando así el orden democrático.
El constitucionalista también cuestionó la forma en que se manejó la restitución: “Lo civilizado hubiera sido que la fiscal acate la resolución y luego la impugne en sede judicial. No se puede atrincherar uno en su cargo e impedir el cumplimiento de una decisión legal”.
En ese contexto, Álvarez respaldó la posición de los fiscales superiores coordinadores nacionales, quienes han evitado pronunciarse públicamente para no comprometerse en un acto de desacato. “Algunos funcionarios han llegado al extremo de impedir el ingreso de Patricia Benavides a su despacho con la resolución en la mano. Eso no debió suceder”, subrayó.
Finalmente, consideró previsible una nueva sanción por parte de la JNJ, dado que el desacato ha sido contra su propia autoridad. “Nadie está por encima de la Constitución”, enfatizó.
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