Despliegue fiscal en elecciones: 47 detenidos y más de 14 000 actuaciones durante la jornada
El Ministerio Público reportó incidentes críticos por la falta de organización de la ONPE, mientras que la Fiscalía Anticorrupción inicia investigaciones por presunta colusión ante el retraso de material.
El despliegue estratégico del Ministerio Público en todo el territorio nacional dejó un saldo de 14 721 actuaciones preventivas y la detención de 47 personas implicadas en delitos electorales. Así lo informó Alfonso Barrenechea Cabrera, coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito, quien destacó el compromiso institucional de salvaguardar la legalidad antes, durante y después del proceso.
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Balance de detenciones
Pese al carácter preventivo del operativo, las autoridades procedieron con la captura de ciudadanos por diversas infracciones a la ley:
- 24 detenciones por suplantación de identidad.
- 8 personas por incumplir la «ley seca» (venta de bebidas alcohólicas).
- 3 ciudadanos por destrucción de material electoral.
- 3 personas por realizar propaganda ilegal.
- Un exfuncionario de la ONPE bajo investigación.
Deficiencias en la ONPE bajo la lupa fiscal
Barrenechea fue enfático al señalar graves fallas logísticas durante la jornada. «En una serie de locales hubo demoras y el material nunca llegó. Se evidenció una falta de organización de la ONPE», afirmó. Los fiscales presentes en los centros de votación debieron intervenir para calmar a la población ante la incertidumbre generada por el retraso de los kits electorales.
A raíz de estas irregularidades, se han levantado actas oficiales y existen investigaciones penales en curso. Destaca la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, que indaga presuntos actos de colusión relacionados con las empresas encargadas de la distribución del material.
El «caso Corvetto» y el control de manifestaciones
En cuanto a las denuncias contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, se confirmó que el expediente ha sido derivado al despacho del fiscal Juan Carlos Villena para esclarecer los hechos.
Asimismo, el Ministerio Público mantiene activo un centro de monitoreo en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) para vigilar las movilizaciones sociales. La vigilancia es constante con el fin de garantizar que el derecho a la protesta se ejerza sin disturbios que afecten el orden público.
