La Ley de Acceso Universal al Agua Potable (LAU) promovida por el Ministerio de Vivienda y aprobada por el Congreso no es la solución definitiva, pero sí histórica, aseguró la ministra del sector, Hania Pérez de Cuéllar.

“Esta no es la solución definitiva porque van a venir los proyectos grandes de infraestructura de agua, pero mientras esa brecha de acceso al servicio universal se acorta, esta es una solución intermedia”, dijo en el programa “La Entrevista” de Radio Nacional.

Pérez de Cuéllar, comentó que, actualmente, 3.15 millones de peruanos no cuentan con agua potable en sus hogares. Tras la aprobación de la LAU, se aplicarán soluciones alternativas e inmediatas que permitirán abastecerlos a través de tanques comunales, sistemas cisternas, plantas potabilizadoras portátiles, pilones, filtros intradomiciliarios, entre otros métodos no convencionales.

“Las familias que se abastecen de agua a través de camiones cisterna pagan, en promedio, 80 soles ó 100 soles. Hay comunidades de la selva que pagan hasta 500 soles; en cambio, nosotros que tenemos un caño en casa pagamos entre 35 y 50 soles. Existe un problema de inequidad”, indicó.

Pérez de Cuéllar dijo, a través de nuestra emisora, que se está planteando subsidiar el servicio de agua para los más vulnerables, mediante el denominado “subsidio cruzado”.

"Gran parte del financiamiento de estas intervenciones no convencionales se darán a través de un subsidio cruzado, es decir, que la mayor incidencia económica del costo del servicio será asumida por quienes ya tenemos el acceso a agua potable, beneficiando a nuestros compatriotas que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad”, explicó la titular de Vivienda.

Detalló que el incremento del 3% de la tarifa del servicio de agua -en términos monetarios- representa solo entre 0.50 céntimos y S/1.50 al mes; es decir, “este subsidio cruzado que beneficia a más de 3.5 millones de personas nos representará el costo de una botella de agua", señaló.

DEBATE 

Durante el debate, diversos parlamentarios expresaron su respaldo al Proyecto de Ley 5636, dado que representa una solución inmediata a las necesidades de las familias más pobres y vulnerables que no tienen acceso a este servicio básico.

Alejandro Cavero, presidente de la Comisión de Descentralización, señaló ante el Pleno que con la aprobación de la norma se asegura que, en 4 años, el 100% de la población que hoy no cuenta con agua potable, pueda acceder al servicio a precios más justos. 

DESCARTAN PRIVATIZACIÓN

En ese sentido, descartó la privatización del servicio de agua potable y saneamiento: “El único interés que tiene este gobierno es de mejorar el servicio y que las empresas públicas funcionen sin intereses políticos, con éxito y honradez”, indicó.

Pérez de Cuéllar pidió a la población “no hacer caso a las narrativas falsas” respecto a una supuesta privatización del agua, lo que “queremos es que la empresa (Sedapal) funcione bien, finalizó.

/KCA/