perez guadalupe

El titular del Gabinete de Ministros, Pedro Cateriano Bellido, consideró como contraproducente impulsar en este momento la censura en el Congreso de los ministros de Energía y Minas, Interior y Ambiente, sectores relacionados con dar solución al conflicto minero Las Bambas.   

Ayer, los ministros Rosa María Ortiz, José Pérez Guadalupe y  Manuel Pulgar-Vidal estuvieron en el Congreso para explicar estos temas, pero se retiraron del pleno sin hacer uso de la palabra, debido a la suspensión de la sesión, indicó.

"En un momento como este la censura contra los ministros y las interpelaciones constantes generan un ambiente de inestabilidad política. Me parece paradójico que en plena crisis de Las Bambas se quiera censurar a los ministros que tienen que ayudar a solucionar este problema", sostuvo.

El presidente del Consejo de Ministros dijo que como parlamentario comprende y respeta el derecho de los legisladores a hacer uso de estos mecanismos constitucionales, pero los exhorto a considerar que en plena crisis, es contraproducente censurar a los ministros involucrados.

Además, refirió que una amenaza de censura o interpelación afecta la estabilidad política del Gabinete Ministerial, no solo de los ministros.

Cabe recordar que diversas bancadas de oposición presentaron ayer una moción de censura contra los ministros del Energía y Minas, Ambiente e Interior, por la situación de conflicto que se vive en Apurímac, en torno al proyecto Las Bambas.

/PAG/

El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, precisó que desde hace unos días su despacho dispuso el traslado de cerca de 1,500 policías para resguardar el proyecto minero Las Bambas, en la provincia de Cotabambas, región Apurímac, dónde el último lunes se registraron enfrentamientos entre fuerzas del orden y la población.

"De parte de mi sector que es la parte policíal es lo que puedo decir: hemos enviado los efectivos policiales para resguardar una inversión millonaria que va a beneficiar  a todos los peruanos", manifestó.  

Asimismo, añadió que "efectivos a la zona, tanto de Lima, como de Cusco y Arequipa, y de las zonas más cercanas a Apurímac, se han trasladado; es decir, casi 1,500 efectivos que se han trasladado a la zona ya en días anteriores, en previsión de esto".

En ese sentido, el titular del Interior lamentó los hechos de violencia ocurridos en la zona para luego invocar a la población a cesar estos actos de violencia, así como a apoyar las acciones de la Policía para controlar la situación.

Según dijo, estas protestas estarían siendo impulsadas por comunidades no beneficiarias del proyecto.

Sea cual sea el pedido de la población, recordó, "hay maneras civilizadas  y dialogantes" para formular las demandas.

"Las comunidades más cercanas a la mina han recibido todo lo que esta les podía dar y son mas bien de otras comunidades, en las que ya se acabaron las obras de infraestructura y que, lógicamente, al ver que ya no va a tener mayor vinculación laboral directa, están pidiendo algunas cosas más", refirió Pérez Guadalupe.

En otro momento, se refirió a los beneficios a los que coadyuva el desarrollo del proyecto minero en el país, el cual elevará 1.5 % el Producto Bruto Interno (PBI). 

/P.A.G./

El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, anunció que los teléfonos celulares reportados como robados, perdidos o clonados no podrán ser habilitados por las empresas de telefonía móvil y, por lo tanto, no podrán ser vendidos nuevamente.

El Pérez Guadalupe explicó que, el nuevo Decreto Legislativo, trata de una medida disuasiva para evitar el constante robo de celulares, dado que en el último año se reportaron 2`260,000 delitos de este tipo.  

"Normalmente cuando a uno le roban el celular, uno llama a la empresa y le cortan la línea, pero no inhabilitaban el equipo. Y uno puede ir a la 'Cachina' y lo compra. Ahora, con esta ley, el celular robado tendrá que ser inhabilitado y no se podrá vender. Y si no se puede vender, para qué se roba", se preguntó.

El titular del Interior manifestó que esta norma complementa la Ley de Geolocalización, que permite a la Policía Nacional acceder a información electrónica (no datos, no voz) para identificar el origen de la llamada y capturar al autor en caso de delito de secuestro o extorsión.

El Decreto señala que las empresas de telefonía celular tendrán la obligación de bloquear estos equipos (cuando sean robados o extraviados) para que no puedan ser activados o reactivados.  

También, indica que el reporte de recuperación del equipo -que implica el desbloqueo del mismo- se presenta únicamente en forma presencial por el abonado, cuya identidad se verifica mediante el sistema biométrico de huella dactilar. 

De acuerdo con cifras oficiales, en el primer semestre del 2,015 el 17 % de la población a nivel nacional, de 15 a más años de edad, fue víctima de hurto o robo de sus equipos de telefonía móvil. Asimismo, la percepción de inseguridad de este segmento de la población es de 77.5 % al creer que puede ser víctima del robo de dichos bienes.

La medida crea también el Registro Nacional de Terminales de Telefonía Celular, por parte del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Indica, asimismo, que en el marco de la investigación de un delito, la Policía Nacional podrá solicitar a Osiptel información relativa al Registro Nacional de Terminales, con excepción de los datos relativos al abonado. Esta entidad, en tanto, entregará la información de acuerdo a los medios tecnológicos convenidos.

SERIE ELECTRÓNICA IMEI

Las empresas concesionarias de telefonía móvil tienen la obligación de integrar a su Registro Privado de Abonados el número de serie electrónica (IMEI), que se obtiene directamente de la red de telecomunicaciones, el cual debe incluir el dígito de verificación, añade la disposición.

/P.A.G./

Con el fin de endurecer las penas para los menores de edad que cometan delitos graves, el Ejecutivo, a través de un decreto, modificó el Código de los Niños y Adolescentes.

En ese sentido, en caso de cometer delitos graves, los menores deberán ser internados en centros juveniles entre seis y diez años, es lo que dispone la medida que deberá ser reglamentada en un plazo de 90 días.

Entre las faltas graves figuran el sicariato, la extorsión, homicidio calificado, feminicidio, violación sexual, pandillaje pernicioso, robo agravado, entre otros.

Si un adolescente, de entre 16 y 18 años de edad, comete sicariato, entonces podrá ser internado en un centro juvenil hasta por 10 años y, previa evaluación, pasaría a un penal regular al cumplir los 18, explicó el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe.

Ahora bien: de ser adolescentes de entre 14 y 16 años, podrán estar internados por un plazo máximo de ocho años y, al cumplir la mayoría de edad, tendría un trato similar al anterior.

El titular del sector, detalló que deberán ser recluidos en una sección especial dentro del penal, que estará a cargo del personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Dicha medida se implanta para dar un castigo enérgico a sicarios y a otros delincuentes que, amparándose en su edad (18 a 21 años), acceden a beneficios carcelarios.

/P.A.G./

El Ministerio del Interior (MININTER), entre el 2014 y 2015, implementó un sistema policial de lucha contra la trata de personas con el fortalecimiento de la Dirección de Investigación del Delito de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú.

El ministro José Luis Pérez Guadalupe, explicó los avances logrados por su sector respecto al Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016.

En ese sentido, precisó que se han creado 23 departamentos policiales desconcentrados de investigación de este delito a nivel nacional y se cuenta con 110 instructores de la materia distribuidos en las distintas regiones policiales, y con 40 en capacitación que ejercerán labores en las escuelas de Policía.

Asimismo, en abril de este año se iniciaron las reuniones técnicas para establecer el proceso de interconexión del Sistema de Registro y Estadística del Delito de Trata de Personas y Afines (RETA PNP) con el Sistema de Información Estratégica sobre Trata de Personas (SISTRA) del Ministerio Público.

“Ello permitirá la interoperabilidad de estos sistemas, seguimiento de las denuncias y uniformización de la información sobre el delito de trata de personas, entre otros, mientras que en paralelo se fortalece el sistema RETA”, indicó el ministro.

Refirió que se ha fortalecido la Línea 1818 opción 1 contra la trata de personas y a través de la cual la población puede denunciar los casos de trata. Son llamadas reservadas y confidenciales que se pueden hacer desde cualquier tipo de teléfono público o particular.

Sobre esta línea dijo que tras su potenciación el número de llamadas recibidas con relación al año pasado se incrementaron en 400%.

Articulación sudamericana

El ministro Pérez Guadalupe, anunció que se está promoviendo la conformación de un cinturón jurídico en Sudamérica contra la trata de personas.

La articulación de instrumentos jurídicos ha empezado con los países limítrofes y se extenderá luego a las otras naciones.

En este marco, dijo, se han suscrito acuerdos de cooperación bilateral para prevención, investigación, persecución del delito, asistencia y protección de víctimas con los países de Colombia y Bolivia mientras están en proceso de suscripción de acuerdos con Argentina, Chile y Brasil.

El titular del Interior expuso hoy los avances de su sector en la lucha contra la trata de personas, durante el evento desarrollado en el local de la Defensoría del Pueblo, en el centro de Lima, donde  la ONG Capital Humano y Social Alternativo presentó su informe 2014 – 2015 sobre la situación de este delito en el Perú.

/MRM/

El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, descartó hoy que la captura de Gerald Oropeza responda a alguna "cortina de humo", y pidió a la población no restar méritos al trabajo de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Tres agentes peruanos ubicaron al investigado por narcotráfico hace cinco días, en el balneario de Salinas, Ecuador, y luego de ello se coordinó con las autoridades de ese país para concretar la captura, refirió.

"No lo teníamos ubicado hace tiempo, como algunos dicen, sino hace cinco días. (…) Si no me equivoco, el miércoles pasado", declaró en un canal de televisión local.

Además detalló que el director de Investigación Criminal de la Policía, José Luis Lavalle, en las próximas horas dará detalles del operativo, que demostrarán el arduo trabajo de la PNP en este caso. 

"Pedimos ayuda a la Policía de Ecuador, porque los agentes peruanos no pueden capturar en el extranjero, pero en el operativo participaron efectivos peruanos en cada grupo. Nadie se muere en la víspera, cuando deben caer, caen (...)", afirmó.

El titular del sector pidió a las personas que cuestionan el mencionado operativo, a "no ser mezquinos y restar méritos a la Policía Nacional". 

"Descarto una cortina de humo. No es que estamos montando algo", aseveró. 

Gerald Oropeza fue capturado en la víspera, en el balneario ecuatoriano de Salinas, como resultado de un arduo trabajo de inteligencia de la Policía Nacional del Perú y en coordinación con los agentes de Ecuador.  

Cabe resaltar que el investigado por narcotráfico, llevaba más de cuatro meses prófugo de la justicia peruana, dado que el 20 de abril de este año, poco después del ataque a la lujosa camioneta Porsche de Oropeza, un juez dispuso la detención preliminar en su contra por 15 días.

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El Ejecutivo designó a los generales de la Policía Nacional, Luis Alberto Fajardo Castillo y Miguel Alfredo Bacilio Grossman, como nuevos Jefe de Estado Mayor e Inspector General, respectivamente, de esa institución.

Mediante Resoluciones Supremas, se dispuso la reasignación de ambos oficiales por la causal de necesidad del servicio.

El general Fajardo Castillo se venía desempeñando como Inspector General, mientras que el general Bacilio Grossman desempeñaba el cargo de Director de Investigaciones de la Inspectoría General de la PNP.

Ambas normas llevan la rúbrica del presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, y están refrendadas por el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe.

/P.A.G./

Se deberán realizar modificaciones al Código Penal para que el uso de granadas por parte de la delincuencia, como ha ocurrido en las últimas horas, sea tipificado y sancionado como delito de terrorismo, manifestó el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde.

Sánchez reconoció que el uso de las granadas aparentemente por extorsionadores está generando alarma y zozobra en la sociedad; no obstante, añadió, ello no configura terrorismo porque este delito supone una finalidad política.

"Habría que modificar la norma para darle la gravedad que conlleva este tipo de situaciones y ciertamente una mayor penalidad. Técnicamente habría que hacer modificaciones a la ley penal", apuntó.

En la víspera, el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, planteó a los juristas someter a discusión legal si el uso de granadas en la delincuencia común debe ser tifipicado un acto terrorista.

Con respecto al hallazgo de dos granadas y propaganda terrorista en una zona de Jicamarca, al este de Lima, Sánchez indicó que ese caso da lugar a una calificación penal distinta y tendría que ser indagado por la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) y no por la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

"Por ello hay que hacer la precisión jurídica. Si es necesario modificar el Código Penal, se debe hacer", añadió en una conferencia que brindó junto a los titulares del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura y el Colegio de Abogados de Lima, donde expusieron los compromisos y medidas específicas a adoptar respecto al problema de la inseguridad ciudadana.

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El titular del Ministerio del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, dijo que la Policía Nacional se encuentra de duelo tras la muerte de un suboficial por el estallido de una granada dejada por delincuentes fuera de un colegio, e indicó que se ha propuesto someter a discusión legal si este tipo de actos debe ser tifipicado como terrorista.

Dejar una granada tal como se hizo ayer en Villa El Salvador y como ha ocurrido en otros puntos de la capital es un acto que provoca terror y zozobra, sostuvo Pérez Guadalupe al presentar los resultados de los operativos policiales realizados en Lima, Callao y en otras regiones policiales del país.

"Nosotros planteamos el tema, lo hemos puesto a discusión para ver si podemos hablar de hechos de terrorismo, porque (el uso de granadas por parte de la delincuencia) es un acto que provoca terror y zozobra. Por más que no sean organizaciones criminales ideologizadas, estamos hablando de organizaciones que causan el terror", refirió.

Además, manifestó que la posición de su despacho es sancionar estos hechos con lo máximo que puede contemplar la ley, pero, añadió, corresponde a un análisis jurídico concluir si actos como el ocurrido ayer con el policía fallecido, corresponde a la tipificación específica del delito de terrorismo.

El suboficial superior Adolfo Leonidas Castellano Carrillo, de 51 años de edad y con 29 de servicios, falleció en la víspera cuando intentaba desactivar una de las dos granadas que manos criminales arrojaron debajo de un vehículo en los exteriores del colegio Cristo Salvador, ubicado en el distrito de Villa El Salvador. Era integrante de la Unidad de Desactivación de Explosivos. Deja viuda y dos hijos.

Sobre el particular, Pérez Guadalupe indicó que se trata de un héroe y que la Policía Nacional se encuentra de duelo hoy a causa de su fallecimiento en el cumplimiento de su deber. Adelantó que será ascendido a grado inmediato superior por acción de servicio.

/P.A.G./

El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, presidirá la ceremonia del 28° Aniversario de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (Diroes), en su base, ubicada en el distrito limeño de Ate.

La actividad, que se iniciará a las 09:40 de la mañana, contará con la presencia del director general de la Policía Nacional, General de Policía Jorge Flores Goicochea, además de oficiales y suboficiales de la institución policial.

La base de la Diroes, antes ex Fundo Barbadillo, se ubica a la altura del kilómetro 6.5 de la Carretera Central.

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