El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, explicó los alcances del acuerdo plenario adoptado por la Corte Suprema sobre la prisión preventiva y dijo, que, la decisión apunta a resolver y consolidar la aplicación de la prisión preventiva.

“Hace un tiempo atrás las preventivas eran decididas en base a un argumento central, pero cuestionado, que era que si el delito se sanciona con más de cuatro años la gente iba a prisión preventiva y no había más precisión de cuáles eran los peligros de fuga o de perturbación probatoria”.

Explicó que esto ahora se ha ido superando paulatinamente, sobre todo a partir de los casos complejos como delitos de corrupción y lavado de activos, donde las exigencias de las defensas han planteado la necesidad de acreditar un peligro de fuga bastante objetiva y un peligro de la obstrucción de la actividad probatoria.

“En general la Corte Suprema ha entrado a resolver los casos que estaban pendientes en el plenario y ha decidido en materia de prisión preventiva”.

Informó también que viendo las estadísticas desde el 2006 se puede apreciar que la prisión preventiva ha ido disminuyendo porque hay un 70% de casos con condena y 30 % sin condena.

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