Se está generando una expectativa muy alta por el tema de la aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo - IGAC, como condición para que pueda operar el Complejo Metalúrgico de La Oroya y la culminación de la adecuación de estas instalaciones para cumplir con la normatividad ambiental, informaron.

“Las reglas de juego están claras, el marco legal vigente es uno y se tiene que respetar, la aprobación del IGAC no se puede hacer violando la ley y eso es algo que los postores saben”, manifestó Arturo Alfaro, presidente de la ONG VIDA.

De acuerdo al ambientalista, si a través del IGAC se permite al nuevo operador del Complejo Metalúrgico de La Oroya mayores ventajas ambientales que las que tenía Doe Run, el Perú podría perder 800 millones de dólares por el arbitraje al que ha sido sometido el Estado Peruano por Doe Run USA.

“Doe Run USA ha presentado como uno de sus argumentos para demandar al Perú que el Gobierno no le brindó las facilidades para operar y que ese fue uno de los motivos que los obligó a paralizar la empresa”, dijo.

“Si se modifica el ECA AIRE para SO2 o se le brinda mayores beneficios al nuevo operador a través del IGAC o alguna norma, el Perú pierde el arbitraje y con ello 800 millones de dólares, quedando la población de La Oroya sometida nuevamente a una contaminación que afecta su salud”, agregó.

Alfaro informó que, en las sesiones y talleres realizados a través del Grupo Técnico de Calidad del Aire de La Oroya, se llegó a un consenso sobre la necesidad de permitir a Doe Run Perú, o al nuevo operador del Complejo Metalúrgico de La Oroya, que gocen de un período de adecuación al nuevo Estándar de Calidad Ambiental del Aire.

“No se puede demandar al nuevo operador nuevas exigencias que las que ya tenía que cumplir Doe Run Perú cuando se le otorgó la ampliación del cumplimiento de los proyectos de su PAMA en dos ocasiones consecutivas, del 2,007 al 2,009 la primera vez y del 2,009 al 2,012 la segunda” añadió.

“El IGAC establecerá los plazos para la adecuación y la tecnología a utilizar pero todo en el marco de las normas ambientales vigentes. La aprobación se tiene que hacer respetando el marco legal vigente, el Ministerio de Energía y Minas no podría aprobar una propuesta de la empresa que pretenda incumplir los estándares de calidad ambiental vigentes: si ello sucediera los funcionarios caerían en responsabilidad administrativa y penal.

/M.R.M./