Los servicios de inteligencia de la Policía Nacional tienen que identificar a los radicales infiltrados que avivaron los actos de violencia y alteraron el orden público en la provincia arequipeña de Islay, a raíz del proyecto minero Tía María, consideró la Defensoría del Pueblo.

Rolando Luque, defensor adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de esa entidad, señaló que la violencia en Islay ha tendido a agravarse por estos días y, como en todo conflicto social, se pueden ir filtrando actores que no creen en el sistema democrático.

“Buscan crear una grave alteración del orden público porque su objetivo no es defender los intereses de los campesinos, sino golpear al estado democrático. El servicio de inteligencia de la Policía y las instituciones tienen que operar para identificar quiénes son”, remarcó.

En diálogo con Radio Nacional, Luque aseveró que estos elementos tienen la intención de menoscabar a las instituciones y obtener algún beneficio político para sus agrupaciones, porque -según dijo- “es gente ultra radical que no cree en el diálogo y ejerce directamente la violencia”.

Según su opinión, la situación en Islay es “realmente insostenible”, no solo por las dos personas muertas y los heridos que ha dejado hasta el momento ese conflicto social, sino porque los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden son cada vez más continuos.

“Hemos podido observar en las imágenes los desplazamientos de personas con escudos, encapuchados que atacan a la población civil, sus casas. En Arequipa ya se han tenido que desplazar familias atemorizadas por lo que les podría ocurrir”, alertó.

No obstante, al ser consultado sobre la posibilidad de declarar el estado de emergencia en Islay, Luque refirió que el Gobierno debe meditar un poco más sobre la conveniencia de esa medida, porque, si bien es constitucional, podría complicar la situación si se saca a los militares a las calles.

Explicó que el Jefe del Estado tiene la facultad de formular dicha declaratoria cuando se produce una situación extrema, pues el objetivo es “poner un freno rápido a una situación desbordada” y así tener tranquilidad para tomar las decisiones que correspondan.

El representante de la Defensoría del Pueblo recordó que esta entidad hizo un gran esfuerzo por reunir a las partes e intentar el diálogo para así darle un curso de solución al problema, pero la discusión sobre el estudio de impacto ambiental de Tía María terminó frustrando ese intento.

“No era una reunión para empezar esa discusión, sino diseñar el mecanismo para tener más reuniones. Causó extrañeza que (los dirigentes opositores a Tía María) se negaran a continuar con el proceso de diálogo”, anotó.