El domicilio y el número telefónico del celular del empresario Martín Belaunde Lossio están plenamente identificados por el gobierno de Bolivia, dijo el embajador de ese país en el Perú, Gustavo Rodríguez Ostria, tras precisar que no se divulga esa información por el derecho de confidencialidad que asiste a los peticionantes de refugio.

“En efecto, se sabe específicamente en qué lugar está, tiene una dirección específica, un celular de contacto. He visto especulaciones de que está viviendo en un palacio en la zona sur de Bolivia, yo le puedo asegurar que no está ahí”, afirmó.

Asimismo, dijo que el empresario Martín Belaunde no se presentó ante la Comisión Nacional del Refugiado (Conare), en la ciudad de La Paz, el lunes último, porque no había sido citado ese día.

Refirió que Belaunde Lossio solicitó refugio a la Conare el pasado 16 de diciembre y, por lo tanto, “está plenamente identificado y con un procedimiento de contacto”.

Por esa razón, además, este proceso se desarrolla en un marco de confidencialidad porque los solicitantes de refugio “no pueden ser expuestos”.

Indicó, asimismo, que si bien Belaunde Lossio ingresó de manera irregular a su país, de acuerdo a la normativa boliviana, no se puede imponer sanciones penales ni administrativas por esa razón a la persona que solicita la condición de refugiado.

Por otra parte, descartó que haya “una solución negociada o conversada” entre Perú y Bolivia, sobre el caso de Martín Belaúnde, porque supondría que el gobierno boliviano no actuará en el marco del Derecho. 

“Lo que va a suceder con el señor Belaúnde Lossio, independientemente de quién es, tiene que ver con nuestra normativa jurídica. Nosotros no lo trataremos de un modo diferente al que hemos tratado al resto de refugiados que hay en Bolivia, tenemos cerca de 700 de distintas nacionalidades”, afirmó en Radio Programas.

Explicó que tras solicitar refugio en Bolivia, la Conare tiene 120 días para resolver su pedido, y emitir una resolución en primera instancia. De ser negativa para el empresario, tiene 15 días hábiles, o unas tres semanas, para apelar.

“Si nosotros volvemos a denegar su solicitud de refugio, él tiene 30 días para abandonar Bolivia, en ese momento cesa la protección del Estado boliviano. Nosotros no estamos obligados a negociar ni llevarlo a un tercer o cuarto país”, subrayó.

/B.B.V./