Después de un extenso debate, el Pleno del Congreso de la República aprobó el dictamen de la Comisión de Energía y Minas que plantea autorizar a Petroperú suscribir el contrato de explotación del Lote 192 previa evaluación.

El dictamen fue sustentado por el presidente del citado grupo de trabajo, Hernán de la Torre, y luego aprobado por 71 a favor diez en contra y doce abstenciones.

También, el Pleno del Congreso decidió por mayoría exonerar el dictamen del requisito de segunda votación.

Según el texto del dispositivo legal, se autoriza a Perúpetro suscribir el contrato de explotación de hidrocarburos del lote 192 a la empresa Petroperú, previa evaluación y mediante negociación directa.

Asimismo, según el texto de la norma, una vez celebrado el contrato respectivo, la empresa Petroperú está facultada a convocar socios estratégicos, conforme a ley, y a realizar las gestiones necesarias para concretar la explotación.

El contenido de este dictamen había sido rechazado por el Ministerio de Energía y Minas, cuya titular, Rosa María Ortiz, advirtió hoy que sería inconstitucional dado que ya existe un contrato de concesión con la empresa canadiense Pacific Stratus Energy para la explotación del mencionado lote.

Según Ortiz, la aprobación de la ley traería “graves consecuencias” y sería un “pésimo mensaje” para los inversionistas en el Perú, pues pondría en tela de juicio la estabilidad jurídica y la seriedad del país para respetar los contratos suscritos.

Además, indicó que el dictamen planteado por el Parlamento no toma en cuenta la real situación de la empresa Petroperú, la cual no estaría en capacidad de explotar hidrocarburos.

No obstante, durante el debate, la mayoría de bancadas del Parlamento desecharon esta advertencia y ratificaron su respaldo a que Petroperú explote el recurso natural.

Incluso, no tuvo acogida la propuesta de la bancada de Gana Perú para que Petroperú participe en la explotación de los hidrocarburos recién cuando concluya el contrato con Pacific Stratus Energy dentro de dos años.

Tras la aprobación de este polémico dictamen, la decisión final de promulgarla u observarla queda en manos del Presidente de la República, según lo estipulado por la Constitución.

El plazo del Jefe del Estado para pronunciarse sobre este tema es de quince días.

En caso la norma sea observada, el Parlamento tiene la opción de debatir los cuestionamientos del Ejecutivo e incorporarlos al texto de la ley, o, en su defecto, promulgar la norma tal como fue aprobada.

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