La Defensoría del Pueblo registró este año en total 258 conflictos sociales en todo el país, 14 casos menos que el 2014. Si bien se registró menos procesos de discrepancias, estos fueron más violentos, pues aumentó la cifra de muertos: 19 personas perdieron la vida este año en enfrentamientos, tres más que el año pasado.

Asimismo, la cifra de heridos se cuadruplicó en estos doce meses y se pasó de 203 a 872, la mayoría de ellos policías (450).

Las regiones del sur y centro continúan encabezando la lista de conflictos socioambientales vinculados a la minería, entre ellas Áncash, Apurímac, Puno, Cusco, Ayacucho y Junín.

Desde julio del 2011 hasta diciembre del 2015 se precisa que han muerto 90 personas y 2.367 resultaron heridas.

La reacción del gobierno durante casos con fuertes repercusiones políticas, sociales y con pérdida de vidas   –como Tía María (Arequipa), Las Bambas (Apurímac) y La Oroya (Junín)- ha sido calificada de deficiente por los analistas, y como una evidencia de que el país carece de una organización eficiente para canalizar la protesta social que se va radicalizando.

Si bien las cifras mantienen el promedio en las regiones con mayor cantidad de casos, este año la intensidad de las protestas y la violencia fue mayor, explicó el representante de la Defensoría del Pueblo, Porfirio Barrenechea, a El Comercio.

“Lo ocurrido en Apurímac con Las Bambas o en Arequipa con Tía María nos da un ejemplo de ello. El conflicto desencadenó en violencia que tuvo costo de muertos y heridos”, dijo Barrenechea. Asimismo, comentó que la alta cifra de policías heridos debería instar a un replanteamiento de la intervención y el uso de la fuerza policial.

“Falta articular mejor esfuerzos entre todas las instancias del Estado para identificar los casos desde la etapa inicial y darles solución”, aseveró Barrenechea.

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