El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) se sumó hoy públicamente a las instituciones del sistema de justicia que se oponen a la iniciativa legislativa que plantea modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio.

En vista que dicho proyecto de ley sería debatido esta semana en el pleno del Parlamento, el MINJUSDH advirtió que la aprobación de esta propuesta representaría un retroceso en la lucha contra la corrupción, la delincuencia y el crimen organizado en el país.

La extinción de dominio es una consecuencia jurídico-patrimonial que traslada a la esfera del Estado la titularidad de los bienes que constituyen objeto, instrumento o efectos o ganancias de actividades ilícitas, como el sicariato, la extorsión, el tráfico de drogas, lavado de activos, entre otros.

El MINJUSDH consideró que el Proyecto de Ley aprobado en la Comisión de Justicia del Congreso, al introducir las palabras “delictivo” y “penal” en la definición de las actividades ilícitas pasibles de aplicación de la extinción de dominio, limita el ámbito de esta figura legal a la acreditación previa del delito mediante sentencia condenatoria, figura establecida con la anterior Ley de Pérdida de Dominio, la misma que no fue eficaz ni dio los resultados esperados en materia de recuperación de activos ilícitos, al ser norma subsidiaria al proceso penal.

La norma vigente, en cambio, regula que el proceso de extinción de dominio es completamente autónomo y no restringe su aplicación a la acreditación de culpabilidad en el proceso penal. Por el contrario, permite iniciar el proceso sin que necesariamente exista un proceso penal iniciado o concluido.

Es esa autonomía lo que ha generado que la Ley actual tenga éxito y resultados favorables, habiéndose logrado que gran cantidad de bienes de origen ilícito e instrumentalizados para la comisión de actividades ilícitas pasen a poder del Estado. De aprobarse la modificatoria propuesta, el proceso de Extinción de Dominio dejaría de ser la herramienta principal para la lucha contra el crimen organizado.

Haciendo un comparativo con la anterior Ley de Pérdida de Dominio, vigente durante 7 años, solo se obtuvieron 33 sentencias fundadas, por cerca de 24 millones de soles recuperados. Con la Ley actual de Extinción de Dominio, vigente hace 4 años, se han obtenido 816 sentencias fundadas que equivalen a cerca de 271 millones de soles recuperados a favor del Estado.

De otro lado, el MINJUSDH expresó su preocupación por una segunda propuesta del proyecto de ley, que busca establecer que los recursos recaudados por la subasta de bienes incautados producto de la extinción de dominio, sean considerados como recursos directamente recaudados por el Ministerio Público.

Esta medida afectaría directamente a las entidades beneficiarias como el Poder Judicial, Policía Nacional del Perú y Procuradurías Públicas, quienes son parte del Subsistema de Extinción de Dominio, así como la operatividad del Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI), adscrito al MINJUSDH.

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